Wilfrido Robledo Madrid

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Víctimas esperan justicia en la CoIDH
A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017

Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
 
En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.
 
“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.
 
A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.
 
En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.
 
Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y  arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.
 
Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos,  la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.
 
Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.
 
Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.
 
Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.
 
MIENTRAS, EN MÉXICO
 
El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.
 
Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.
 
La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.
 
“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.
 
Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres de Atenco reafirman: sí hubo graves violaciones a DH
“Ni mentirosas ni cómplices”, fuimos víctimas del Estado
Conferencia de Prensa realizada en 2016 en el Centro Prodh | Cortesía: Centro Prodh
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/10/2016

Con todo y las tropelías, trampas y mentiras del Estado mexicano, en próximos meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) juzgará la responsabilidad de éste, en la tortura sexual de once mujeres detenidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México, lo que es un triunfo de la palabra y dignidad de las sobrevivientes. 
 
Así lo dijeron las sobrevivientes, al celebrar la decisión del organismo internacional, y es que luego de una década de declaraciones ante el Ministerio Público, peritajes médicos, psicológicos e indagaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que las denunciantes fueron víctimas de tortura sexual por lo que caso debe ser juzgado en la CoIDH.
 
Luego de que el 17 de septiembre la CIDH remitiera el expediente de las mujeres de Atenco –conocido como “Mariana Selvas y otras”– al máximo tribunal regional, las mujeres reunidas esta mañana ante los medios de comunicación, aseguraron que atrás de esta disposición estuvo su historia de lucha y dignidad, y su demanda de llegar hasta las últimas instancias. 
 
Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Norma Aidé Jiménez, Patricia Torres, Bárbara Italia Méndez y Claudia Hernández, hablaron en nombre de las once sobrevivientes, del proceso que han seguido para demostrar que en los operativos de Atenco, ordenados por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos. 
 
Hace 10 años cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas violadas sexualmente y recluidas en prisión por haber estado en el lugar donde la policía impidió la venta de un grupo de floricultores, el comisionado de Seguridad Pública del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid, las llamó “mentirosas y cómplices de una estrategia para desestabilizar el Estado”, así lo recordó Claudia Hernández.
 
Al rememorar aquel episodio, Claudia, quien vivió cinco años en proceso penal, respondió a las declaraciones del entonces funcionario estatal y a la posición que mantuvo el gobierno mexicano: “Nuestra dignidad en realidad está en alzar la voz , en caminar durante 10 años para demostrar que el Estado es el grande responsable de las grandes violaciones cometidas en Atenco”.
 
Este camino que para ellas ha sido largo y doloroso, estuvo lleno de estrategias para causar miedo; sin embargo para Claudia, las mujeres van a lograr que se nombre a los responsables de los operativos de Atenco, de un pueblo que desde 2001, cuando logró echar para atrás el proyecto para expropiar sus tierras y construir un aeropuerto, ha sido ejemplo de resistencia.
 

 
A pesar de la tortura, Patricia Torres, que en ese entonces tenía 23 años de edad, asegura que hoy nadie puede decir que fueron los agentes policiales quienes orquestaron la represión, y es que los responsables de las agresiones fueron los que dieron las órdenes. Con todo, dijo, ellas están vivas, han logrado decirlo y denunciar que fueron violentadas por apoyar a sus compañeros campesinos.
 
“Yo volvería a estar ahí, para defender mi tierra, para defender mi vida porque eso es lo que están robando al pueblo de San Salvador Atenco”, dijo la mujer que aseguró que a diferencia de los agentes del Estado sus manos están llenas de las marcas del trabajo y de la lucha por la justicia. 
 

 
En los operativos de Atenco participaron más de tres mil policías municipales, estatales y federales en un despliegue que dejó como saldo 207 personas detenidas; dos muertos: Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, estudiante que murió un mes después del operativo; y decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de violencia sexual.
 
De este episodio y demanda de largo aliento, Bárbara Italia Méndez, dijo que a todas luces el litigio será complicado porque estos años estuvieron marcados de tropelías, trampas y mentiras, “hoy de manera muy contundente, muy fuerte, salimos a decirle al Estado mexicano: Nosotras teníamos razón y tuvimos que acudir a la justicia internacional para que este momento llegara”.
 
Para Bárbara Italia, en Atenco se castigó la rebeldía, pero ello no impedirá que continúen en su exigencia de justicia; y en la libertad para sus pueblos y aunque advierten que el Estado continuará en su intento por detenerlas, ellas mantendrán la lucha para romper el círculo de impunidad. “Es para mandar un mensaje al Estado que tiene que detenerse, esto no va a poder continuar así”.

16/AGM/LGL








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