Paro Feminista

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¿Y después del 8 de marzo, qué sigue?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/03/2018

Tras la manifestación de fuerza del movimiento feminista el pasado 8 de marzo en el Primer Paro Internacional Feminista, nos preguntamos qué sigue. Y al volver a la realidad cotidiana en México y otros países de Latinoamérica, las cosas no han cambiado, siguen desapareciendo mujeres y niñas, siguen las cifras sostenidas y en aumento del feminicidio, sigue el acoso sexual en las calles, el desplazamiento forzado interno, el secuestro, el peligro para las periodistas, para las defensoras y siguen los altos grados de impunidad.

El manifiesto consensuado por cientos de mujeres y respaldado por miles en las marchas del pasado jueves 8 de marzo, incluye medidas concretas que suponen una enmienda a la totalidad de políticas públicas y de justicia para poner la vida de las mujeres en el centro.

Sin embargo, lo más urgentes son las violencias. Es, de hecho, el grito de “ni una menos, vivas nos queremos” que lanzaron las feministas argentinas en 2017, el que ha prendido la mecha de la huelga feminista que las organizadoras consideran un éxito.

Y son las violencias machistas uno de los ejes que recoge una serie de propuestas. Muchas de éstas podrían entrar en vigor este año si se da cumplimiento a las medidas que recoge el “Pacto de Estado Contra la Violencia de Género” aprobado a finales del año pasado en España, lo que no ocurrirá en los países donde tendremos elecciones en 2018.

Estas son algunas de las propuestas concretas que plantea el movimiento feminista, y las medidas concretas que podrían ponerse en marcha si hubiera voluntad política y se destinara un presupuesto para ello.

  • Recoger todas las violencias machistas, y no solo la que se produce en pareja.
  • Que se considere la violencia machista como una cuestión que atañe a toda la sociedad, que tiene su raíz en un sistema patriarcal que organiza nuestras relaciones sociales, lo que implica “que se tengan en cuenta las diferentes causas y se visibilicen los distintos niveles y dimensiones de las violencias”.
  • Ampliar la definición de violencia machista para abarcar a todas aquellas violencias que sufrimos por el hecho de ser mujeres, un planteamiento que ha salido a debate repetidamente desde la aprobación y ratificación de la Convención para la Prevención Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem do Pará, que ciñe su objeto de actuación a “la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.
  • Educar contra las masculinidades violentas. Promover una educación afectivo- sexual que eduque a los niños contra unas masculinidades violentas, posesivas, dominantes, y a las niñas para desarrollar su individualidad y salir del marco del amor romántico.
  • La obligación legal de obtener y presentar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres.
  • Reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de forma integral.
  • Diseñar programas de prevención, detección y protocolos especializados o actualizar los existentes en atención y actuación, adaptándolos a las especificidades de las diferentes violencias sexuales.
  • Mejorar la protección a mujeres migrantes. El manifiesto también pide que a las mujeres migrantes en situación irregular se les garantice la seguridad jurídica y protección cuando se denuncia una violencia sexual, lo que requiere modificar las leyes de migración sobre derechos y libertades de los extranjeros en nuestro país y su integración social, para mejorar la protección a las víctimas de todas las formas de violencia de género evitando los procedimientos sancionadores por estancia irregular.
  • Atender la diversidad de las víctimas de violencia de género. Una de las motivaciones de la huelga feminista es “que todas las mujeres, sin discriminación de ningún tipo, tengamos derechos y justicia social”. La huelga feminista se convocó, para que en todas las acciones contra las violencias machistas se tenga en cuenta la diversidad de circunstancias y condiciones de las mujeres y la intersección de opresiones que vivimos.
  • Ampliar y profundizar la formación especializada que reciben los y las profesionales de la Administración de Justicia, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, llevando estos contenidos también a los jueces y juezas de familia y de menores, además la conformación de juzgados especializados en violencia de género”.
  • Sensibilizar a los profesionales de los medios, para que se hagan cargo del impacto que tienen en la opinión pública “para que los medios de comunicación traten los temas de violencias machistas con rigurosidad, tratando a las mujeres y sus derechos como sujetos, no victimizando ni empatizando con el agresor”.
  • Impulsar medidas contra la trata y la explotación sexual, logrando que se persiga de forma eficaz la trata con fines de explotación sexual, pero, sobre todo, se otorgue la protección que nuestra regulación en teoría contempla a las mujeres que se encuentran en esa situación, dejando de poner por delante la “lucha contra la inmigración irregular” en lugar de la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, promover la eliminación de publicidad de contenido sexual o servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas, entre otras.
  • Reconocer el fenómeno del desplazamiento interno forzado de mujeres por la presencia de la delincuencia organizada y diseñar e impulsar políticas públicas que reduzcan su victimización y les facilite su reincorporación a la sociedad, su reubicación nacional e internacional.
  • Garantizar a las mujeres y las niñas indígenas y a las que viven en el campo y la ciudad en condiciones de exclusión social, oportunidades de vida digna, educación, vivienda, salud, vivienda, derecho a la propiedad y trabajar para poder remontar sus condiciones de exclusión social.

Y como estas hay muchas necesidades y propuestas más, que ahora que está por concluir el sexenio, nos damos cuenta que ha sido un sexenio gris para las mujeres y sus necesidades.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Alumnas se organizan y exigen acciones no palabras
   
La violencia de género se instala en la UNAM
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2018

Alumnas  e integrantes de diversos colectivos feministas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) llevaron a cabo un “Paro Feminista” de 24 horas para exigir al abogado de la Oficina Jurídica de la dependencia, Jesús E. Juárez González la resolución y atención de las quejas de violencia de género interpuestas por alumnas de la Facultad, así como la modificación del “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género.

En entrevista con Cimacnoticias, una integrante del Tribunal Universitario de la FFyL -que pidió anonimato por cuestiones de seguridad- denunció que la directora de Secretaría General, Ana María Salmerón Castro y el abogado de la Oficina Jurídica desestiman las quejas presentadas por las alumnas argumentando que el Protocolo publicado en 2016 es limitado.

Agregó que una de las exigencias es la modificación de éste porque revictimiza y no está armonizado con la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y otros instrumentos internacionales en la materia que sí sancionan y consideran otras medidas para erradicar la violencia y que establecen plazos para interponer una queja.

El Protocolo establece en el punto 2.1 del capítulo 2 “Aspectos generales sobre el procedimiento de atención a casos de violencia de género” que “sólo se recibirán quejas relacionadas con violencia de género dentro de los doce meses posteriores a la comisión del acto reclamado. En el caso de actos continuados, el plazo se computará a partir de que se haya presentado el último hecho. Cuando se trate de actos cometidos en contra de la libertad y seguridad sexual de personas menores de edad, no habrá término para la presentación de la queja”.

“Hay tratados internacionales que dan a las víctimas un plazo de 3 años. Aquí tenemos casos de chicas que su agresión ya tiene más de un año”, agregó la alumna.

Criticó también el concepto de “confidencialidad” en los procedimientos de atención a casos de violencia de género ya que obliga a las mujeres a callar sobre la violencia ejercida en su contra y seguir conviviendo con su agresor, si es el caso, dentro de las instalaciones mientras se da resolución a la situación jurídica.

Aunado a lo anterior, resaltó que muchas veces se deja a la víctima en situación de vulnerabilidad, pues las “medidas urgentes de protección” (acompañamiento jurídico, atención psicológica) o las “medidas académicas” (cambio de horario o clase) no se brindan a las mujeres si su queja no llega al Tribunal Universitario. No obstante, el Protocolo formaliza que las medidas sean otorgadas desde la etapa 1: orientación para interponer una queja.

Debido a la figura de conciliación que propone el Protocolo aseguró que la UNAM sólo ha resuelto 6 casos de 200 aproximadamente registrados de 2016 a 2018. “La Facultad y la Universidad están permitiendo que se sigan violando los derechos de las mujeres, esto es lo más grave que tenemos, no se están resolviendo los casos de acoso, se están agravando”.

A pesar de la existencia de diversas instancias creadas para la atención y acompañamiento de los casos de violencia de género como la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD), la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y los “Lineamientos para la Igualdad de Género”, entre otros, impulsados por la Universidad, la activista explicó que no funcionan dado que su contenido es insuficiente en cuestiones de género y porque existe corrupción.

Del 2017 hasta la fecha, la integrante del Tribunal Universitario de FFyL, dijo que recibieron un caso de violación y de hostigamiento, sin embargo, recalcó que no todos llegan a este órgano colegiado, debido a que los abogados de las Oficinas Jurídicas así como las y los directores de cada Facultad consideran solucionado el problema con solo levantar la queja, pero los casos se archivan y no se registran en las estadísticas sobre violencia de género en la Universidad.

Durante la conferencia de prensa mencionaron los casos de acoso sexual en la preparatoria 5; el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, las denuncias contra el estudiante del posgrado de Geografía de la FFyL, Héctor Ignacio Martínez Álvarez acusado de violación y acoso, entre otros. Dijeron que el acoso sexual, hostigamiento y la violencia psicológica son las más comunes y que los principales agresores son los profesores, alumnos y personal administrativo de la dependencia.

De acuerdo con el “Informe sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia” -agosto 2016 a junio 2017- se presentaron 234 quejas por posibles hechos de violencia de género ante el  jurídico de la UNAM, de las cuales 203 fueron por alumnas de nivel de licenciatura.

Posterior a la rueda de prensa se desarrollaron actividades culturales dentro de las instalaciones de la FFyL, y se recolectaron más testimonios de alumnas. Con estos datos, las activistas feministas buscan hacer una relación de todos los casos y el apoyo jurídico para comenzar a realizar la propuesta de reforma al Protocolo.

Las alumnas exigieron que se les garantice su derecho a denunciar y el acceso a la justicia; la expulsión inmediata y definitiva de Héctor Ignacio Martínez Álvarez de la Universidad -principal caso que motivó el “Paro Feminista”-  y que se dejen de tolerar, encubrir y justificar las acciones de los agresores.

A las 20:00 horas de ayer terminó el “Paro Feminista” debido al apoyo y respuesta de diversas Facultades y universidades externas.

DORA ROMERO, UN TESTIMONIO

En agosto de 2014, Dora Romero Olivera inició su doctorado en geografía en el Instituto de Geografía de la UNAM, a cargo del tutor José Joel Carrillo Rivera. Desde el comienzo -reconoció ella- las actitudes de su tutor no le parecieron “alarmantes”: “el doble beso”, “Ay, suéltate el pelo”, “Ay, vienes muy tapada”, que posteriormente se convirtieron en violencia psicológica: gritos e insultos, hostigamiento y chantajes continuos.

En entrevista con Cimacnoticias, Dora Romero -recordó- que si quería ser acreedora de revisiones en su investigación o contar con la firma de José Carrillo para trámites escolares debía realizar trabajos extras y tener tiempo disponible siempre que él se lo pidiera, de no ser así, el ingeniero geólogo se molestaba con ella y la trataba peor. “Yo siempre le insistía, por favor profesor necesito asesoría, pero él siempre decía que no tenía tiempo”.

En su primera evaluación del doctorado, en 2015, José Carrillo le pidió hacer la reservación de una habitación en Roma, Italia, para darle ahí asesoría sobre su investigación y le hizo la propuesta sexual de dormir con él. Al rechazar su petición, el ingeniero la amenazó “Cuídate porque algo grave le va a pasar a tu evaluación”, le dijo.

En su segunda evaluación, en 2016, José Carrillo la reprobó con el argumento de que “había reconsiderado cambiar su calificación aprobatoria en su primera evaluación pues no desarrolló bien su investigación”.

Ante ello, Dora Romero pidió ayuda a los co-tutores del doctorado, solicitó la intervención del Comité Académico, convocó a una audiencia con el Comité y pidió cambio de tutor, pero no tuvo respuesta o justificación del porqué no era atendida ninguna de sus solicitudes.

Posteriormente optó por meter un recurso de revisión sobre su evaluación, al cual añadió pruebas de audio y textos que constataban la violencia ejercida por José Carrillo, sin embargo la repuesta que obtuvo fue que todo lo dicho y las pruebas adjuntadas eran mentira. Me escribieron en pocas palabras “Todo lo que dice la alumna es mentira”.  

“La costumbre aquí es aguantar, no pasa nada, pero me está amenazando. ¿Qué le hiciste? Nunca se cuestionan qué paso del otro lado, sino a ti”.

El día de ayer, junto con el grupo de alumnas de la FFyL, Dora Romero hizo pública su denuncia en la conferencia de prensa, la cual busca presentar ante la Defensoría de la UNAM por escrito, con el fin de que sean atendidas las injusticias ejercidas por José Carrillo y le den una solución sobre su situación en el doctorado con fecha de término en julio de 2018.

16/ AEG/LGL








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