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NACIONAL
VIOLENCIA
   Grupo de Trabajo documenta deficiencias de Procuraduría
Miguel Ángel Mancera deja malas cuentas en la capital por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2018

El Grupo de Trabajo para la Alerta de Género en la Ciudad de México, confirmó en su informe, lo que han sostenido las organizaciones peticionarias: la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) tiende a no clasificar e investigar con perspectiva de género los casos de feminicidio, falta de capacitación de funcionarios, desconocimiento del Protocolo y actuación tardía en caso de desapariciones y feminicidio.

De la información proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México al grupo de Trabajo para la elaboración de su informe, destaca que durante la administración de Miguel Ángel Mancera, de enero de 2012 a septiembre de 2017, se cometieron 292 casos de feminicidio y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres.

Sin embargo, menos de la mitad de estos asesinatos fueron tipificados como feminicidio pese a que la Ciudad cuenta, desde 2011 con la tipificación de este delito en el Código Penal así como con el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de Feminicidio, y la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres.

Y ello se explica, dice el Grupo de Trabajo, porque las normativas no se aplican en la práctica, hay un desconocimiento generalizado en las autoridades de la Procuraduría respecto al feminicidio y los protocolos que existen para atenderlo.

Este informe de trabajo que tanta polémica generó debido al atraso en su entrega, pese a que desde noviembre de 2017 estaba en manos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se hizo público ayer, posterior a la conferencia de prensa dada por las organizaciones peticionarias de la AVG para la CDMX, quienes acusaron a esta instancia de Gobernación de retrasar los informes y obstaculizar el avance de los DH de las mujeres.

Así, en este escenario, a seis meses de la solicitud de la AVG, la presión de las organizaciones civiles encima, y cuando Miguel Ángel Mancera está a un paso de dejar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Conavim anunció que tras las entrega del informe las autoridades de la Ciudad tienen 15 días para aceptar o rechazar las 20 recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.

PGJDF IGNORA FEMINICIDIO Y SUS PROTOCOLOS

El Grupo de Trabajo estuvo conformado por académicas. De la UNAM, Aleida Hernández Cervantes; de la UAM, Iris Rocío Santillán Ramírez; y de El Colegio de México, Marta Walkyria Torres Falcón y Carlos Javier Echarri Cánovas.

Del Instituto Nacional de las Mujeres, José Luis Peña Colín; de la Conavim, Claudia Isela Alvarado Covarrubias; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Maribel Becerril Velázquez; y del Instituto de las Mujeres de la Ciudad, Teresa Incháustegui Romero.

En la metodología el equipo de trabajo explicó que entrevistó a varios funcionarios ministeriales y policiales quienes tenían un conocimiento “superficial” del Protocolo de Investigación de Feminicidio, ya que al pedirles detalles de cómo lo aplican en las investigaciones, “se limitan a contestar generalidades y evasivas”.

El personal de la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres, manifestó que tiene dificultades para acreditar el feminicidio sobre todo cuando el cuerpo no presenta lesiones infamantes, mutilaciones o signos de violencia sexual.

Además de la falta de competencia del personal de la Agencia Especializada para indagar el feminicidio, éstos no intervienen de forma inmediata cuando se conoce el asesinato de una mujer, por lo que el Grupo reiteró “la necesidad de que siempre esté presente al inicio de la investigación, un representante de la Agencia Especializada a fin de coordinar la investigación y de garantizar la aplicación del Protocolo”.

REVICTIMIZACIÓN Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL, UNA CONSTANTE

El equipo de especialistas también documentó, a través de entrevistas a familiares de víctimas cómo se ha vuelto común que se pierdan indicios y pruebas en el lugar de los hechos y la venta de fotografías de las víctimas a medios, sin que haya consecuencias legales; no se investiga con perspectiva de género; las coordinaciones territoriales desconcentradas de la PGJDF inician las carpetas de investigación por suicidio u homicidio doloso, y no cuentan con personal especializado en feminicidio; además de la insensibilidad por parte del personal de la Procuraduría en el trato de las víctimas indirectas.

Otra constante es la filtración de información sesgada para desacreditar a las víctimas y justificar la violencia ejercida en su contra; se obstaculiza a las familias el acceso a la carpeta de investigación; los peritajes se elaboran “a modo” a fin de que cuadren en las hipótesis de suicidio u homicidio; los probables feminicidas son tratados como víctimas indirectas.

NO SE SABE QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS

A estos problemas se suma la sistematización de los casos de feminicidio. El Grupo de Trabajo reveló en su informe que la PGJDF no cuenta con información detallada de las víctimas.

Apenas se sabe que de estas 292 mujeres asesinadas por razón de género de 2012 a septiembre de 2017, 44 por ciento tenía entre 18 a 30 años de edad; 40 por ciento entre 31 a 60 años. 8.6 por ciento eran menores de 17 años y 6.2 por ciento tenía más de 60 años. Del uno por ciento restante se desconoce su edad.

La Procuraduría fue incapaz de aportar mayores datos sobre el estado civil de las víctimas, su ocupación, lugar origen, nivel de estudios, condición socioeconómica, lugar y causa de muerte de la víctima y por si fuera poco dijo que “carece de información sistematizada respecto de si existía alguna relación entre la víctima y el victimario”, una de las características que definen al feminicidio.

Destaca que 21 por ciento de los casos de feminicidio se concentraron en la delegación Iztapalapa (62 casos) y descienden casi a la mitad en las delegaciones Gustavo A. Madero con 32 casos, Cuauhtémoc son 27 casos, Tlalpan 25 y Coyoacán 22 casos.

La situación no es menor en el resto de las delegaciones, en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco, suman 124 casos de feminicidio.

CAPEA: “LA DESAPARICIÓN DE MUJERES NO ES UN DELITO”

Las deficiencias en la Procuraduría para feminicidio, son similares en los casos de desapariciones, constató el Grupo de Trabajo. El personal del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) contestó al Grupo de Trabajo que no consideran “la desaparición de una mujer como un delito”, por lo que no tiene registro de los casos, ni tampoco de cuántas mujeres reportadas como desaparecidas han sido localizadas.

Capea reportó que solo inician “carpetas de investigación especiales” e informaron que abren entre 12 a 15 investigaciones diarias, la mayoría se trata de desapariciones de menores de 17 años. No obstante, el personal de este Centro no relaciona estas desapariciones con algún ilícito (feminicidio o trata) solo refirieron a las expertas que es parte de la “violencia familiar”.

Los familiares de víctimas de mujeres desaparecidas también expresaron ante el Grupo de Trabajo los malos tratos a los que se enfrentan con el personal en Capea (dependencias de la PGJDF) quien califica la desaparición de mujeres como “extravíos” o “ausencias voluntarias”; minimiza la información que proporcionan los familiares; dejan pasar más de 24 horas para iniciar la investigación de los casos; además de que la instancia no cuenta con mecanismos de búsqueda claros.

Sin ahondar más en esta información, el Grupo de Trabajo refirió que en promedio, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas recibe mensualmente entre cinco a 10 denuncias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cuyas víctimas oscilan entre los ocho a 30 años de edad.

A este tipo de violencias extremas se agrega la que viven las capitalinas cotidianamente. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016, destacó en la Ciudad de México 61.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad han sido agredidas en espacios comunitarios a lo largo de su vida (calles, parques, entre otros) y 37 por ciento lo fue en los últimos 12 meses.

En tanto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) muestran una tendencia creciente de los egresos hospitalarios de mujeres relacionados directamente con la violencia: mientras en 2004 se registraron 14 mil 303 casos, para 2014 la cifra subió a 20 mil 669.

LAS RECOMENDACIONES

Ante este contexto de violencia generalizada contra las capitalinas el Grupo de Trabajo presentó 20 conclusiones y recomendaciones al Gobierno de la Ciudad de México.

Entre estas destacan establecer protocolos de supervisión estricta en hoteles o moteles de la Ciudad de México, ya que en estos lugares se ha tenido conocimiento de casos de violencia extrema, incluyendo casos de feminicidio y trata de personas.

Revisar los procedimientos de investigación en criminalística y forense en los casos de feminicidio, y la operatividad del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación del Feminicidio, además de revisar los expedientes de muertes violentas de mujeres para verificar si se aplicó este instrumento.

Que las Agencias de Delitos Sexuales de la PGJDF generen un protocolo de actuación y asegurar que los prestadores de los servicios de salud que tienen el primer contacto con mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, apliquen la Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación, y que se genere un Protocolo para que se dé aviso al Ministerio Público de estos casos.

Evaluar la instauración del Protocolo Alba, un mecanismo especializado para la búsqueda de mujeres; y entregar informes públicos sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas (con o sin vida) y no localizadas.

Fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de violencia familiar, sobre todo en el Centro de Apoyo a la Violencia Familiar (Cavi) y los Centros de Justicia para las Mujeres. Además de garantizar la protección de la infancia que viven en estos entornos de violencia y son víctimas indirectas.

El gobierno capitalino deberá responder en el plazo indicado a estas 20 recomendaciones. Es importa señalar que estas no sustituyen a las seis medidas provisionales emitidas por Conavim anteriormente y por las cuales el gobierno creó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para atenderlas.

18/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Jefaturas delegacionales, Salud, SSP, entre otras lo integrarán
Crean grupo de trabajo para atender medidas por AVG en CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2018

Luego de seis meses de que grupos de la sociedad civil solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México, el gobierno capitalino finalmente anunció la creación del “Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario” para atender las seis medidas provisionales que dictó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

El Gobierno de la Ciudad de México informó este 26 de marzo en un comunicado que este equipo lo conformarán las 16 jefaturas delegacionales, las secretarías locales de Gobierno, Salud (Sedesa), Seguridad Pública (SSP), Desarrollo Social, el DIF DF, la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), el Instituto de las Mujeres (Inmujeres DF) y la Oficialía Mayor.

Mientras el gobierno de la urbe señaló que la Conavim dictó a las autoridades las seis medidas provisionales –ante la falta del informe del Grupo de Trabajo- desde el 10 de octubre de 2017, las organizaciones peticionarias de la Alerta, Justicia Pro Personas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, dicen que apenas se emitieron el 2 de marzo.

En todo caso, el proceso de la Alerta de Género en la Ciudad de México va retrasado, ya que las autoridades capitalinas apenas dan respuesta a las medidas provisionales desprendidas de la solicitud de AVG, y la Conavim, sigue dando largas a la entrega del informe del Grupo de Trabajo que se tiene listo desde diciembre del año pasado.

Al anunciar este grupo multidisciplinario, el secretario de Gobierno local, José Ramón Amieva Gálvez, dijo que la “Ciudad de México se distingue” por ser la entidad con “mejores políticas de protección, acompañamiento, defensa e investigación en el tema de violencia hacia las mujeres”.

Sin embargo, en una entidad donde han sido asesinadas 260 mujeres por razón de género (según datos de la Procuraduría de 2012 a 2016), las medidas provisionales han sido fuertemente criticadas por las agrupaciones solicitantes porque no responden a las demandas plasmadas petición de Alerta hecha el 7 de septiembre de 2018: falta de acceso a la justicia y debida diligencia en casos de feminicidio.

Las medidas que dictó Conavim, incluyen la creación de un “mapa de instituciones que presten servicios a víctimas de violencia de género”, iniciar la Red de Información de Violencia contra las Mujeres.

Elaborar el protocolo de “Aviso al Ministerio Público” para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 que establece el derecho al aborto en caso de violación, y fortalecer la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia local.

Las únicas medidas apegadas a la petición de AVG fueron la instalación de una Mesa de Trabajo para dar seguimiento a los casos de asesinatos de mujeres por razón de género y la creación de un Comité Técnico que formule el Protocolo Alba en la ciudad, un mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas.

De acuerdo con el secretario de Gobierno “pronto” darán a conocer los resultados sobre estas acciones y las tareas específicas que realizará cada área del gobierno capitalino.

Cabe recordar que el Grupo de Trabajo terminó el informe de la AVG en la primera semana de diciembre del año pasado y tras modificaciones se aprobó en enero de 2018 para entregarlo al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, con el cambio de titular de la Conavim, ahora prescindida por Ángela Quiroga Quiroga, el proceso se frenó porque la Comisionada solicitó ampliar la etapa de investigación de las académicas.

En este sentido, esta mañana organizaciones que han sido peticionarias de Alertas de Género, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas, y el Centro Fray Francisco Vitoria, convocaron a una conferencia de prensa y criticaron que desde la llegada de Ángela Quiroga los procesos de Alerta se han estancado injustificadamente.

Por lo que exigieron el “cese de la simulación y atención a los pendientes” de las solicitudes de Alerta de la Ciudad de México, Tlaxcala (negada dos veces en 2017), Puebla (negada y tramitada nuevamente en noviembre de 2017), el Estado de México (decretada en 2015) y Veracruz (con dos AVG una por Agravio Comparado y otra por feminicidio).

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NACIONAL
VIOLENCIA
   Conavim salta entrega de informe y pide “medidas provisionales”
   
OSC piden no “politizar” AVG para la CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2018

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) “se saltó” la entrega del informe de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México y sin consultar a las organizaciones peticionarias del mecanismo, emitió seis “medidas provisionales” al gobierno capitalino para atender de “manera urgente e inmediata” la violencia contra las mujeres.

En entrevista con Cimacnoticias, la integrante del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria (una de las peticionarias), Selene González Luján, calificó el hecho como preocupante ya que la entrega de este informe es muy importante pues son las personas expertas quienes dan o no, la razón a las peticionarias sobre la existencia de una violencia sistemática contra la población femenina en una entidad, en este caso la capital y del fracaso de las autoridades para garantizar una vida libre de violencia.

Es de destacar que este proceso está inmerso en la etapa del proceso electoral donde está en juego la permanencia del Partido de la Revolución  Democrática (PRD) al mando de la urbe y la carrera política del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Ante ello es importante subrayar que de los 29 procesos de AVG ocurridos a lo ancho del país, es la primera vez que Conavim se salta la entrega de un informe y adelanta medidas precautorias fuera del tiempo establecido en el reglamento del mecanismo.

Así lo explicó en entrevista con esta agencia la abogada de Justicia Pro Personas, Ana Yeli Pérez Garrido, quien agregó que el Artículo 36 Bis del reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) precisa que el Grupo de Trabajo de la AVG puede solicitar a la Secretaría de Gobernación -a través de la Conavim- que “analice la posibilidad de implementar las medidas provisionales de seguridad y justicia necesarias” en un plazo no mayor a tres días, una vez que se integró el equipo de trabajo.

Con apego a la normativa, explicó, en el caso de la Ciudad de México la petición de las medidas provisionales están fuera de tiempo ya que han pasado cinco meses desde que se conformó el grupo de académicas integrado por la doctora en derecho de la UNAM, Aleida Hernández Cervantes, el doctor en demografía del Colegio de México, Carlos Javier Echarri Cánovas, la criminóloga de la UAM, Iris Rocío Santillán Ramírez y de la misma Universidad, la doctora en ciencias sociales con especialidad en la mujer, Marta Walkyria Torres Falcón. 

“EN BANDEJA DE PLATA”

Para Pérez Garrido, el gobierno capitalino “puede salir bien librado” de una AVG toda vez que las medidas que propusieron las expertas y que avaló la Conavim, ya están cumplidas o están en proceso y destacó que es la primera vez también que se dan medidas “tan superfluas”.

Como ejemplo mencionó la activación de la Red de Información de Violencia Contra las Mujeres de la Ciudad de México, la cual fue anunciada por Mancera el pasado 8 de marzo como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 6 días después de haber recibido las medidas provisionales.

Otras más ya deben existir, dijo, como el “inventario” de las instituciones que prestan servicios de atención a víctimas de violencia de género en la urbe, para lo cual Conavim dio un plazo de tres meses al gobierno capitalino “para crear un mapa”.

Pérez Garrido recordó que el eje principal de la petición de AVG para la Ciudad de México fue la falta de acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio, las fallas en las indagaciones de este delito (pérdida de evidencias, clasificaciones como suicidio y homicidio) y la revictimización de las víctimas y sus familiares.

La única medida referente a esta temática, agregó la abogada, es la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que dará seguimiento a los casos de feminicidio en la Ciudad.

Esta mesa, informó Inmujeres en un comunicado de prensa, contará con la participación de la impulsora de las reformas en violencia sexual y familiar,  Patricia Olamendi, la perredista femenista, Beatriz Cosío y la fundadora del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación de Mujeres (CIDEM), Mayela García.

Las acciones restantes son: la instalación de un Comité Técnico para formular el Protocolo Alba en la Ciudad de México (mecanismo de búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas) integrado por la Secretaría de Seguridad Pública local, la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, la Comisión de Derechos Humanos local, con el apoyo técnico de la Conavim.

La elaboración de un “protocolo” para el “Aviso al Ministerio Público” de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, que establece el derecho al aborto en casos de violación, con el objetivo de establecer enlaces entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría local; y la última, fortalecer la Coordinación Interinstitucional de la LGAMVLV, quien deberá entregar anualmente las actividades y recursos gubernamentales enfocados en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

DEJAN FUERA A ORGANIZACIONES

El 14 de marzo las organizaciones peticionarias denunciaron en un comunicado que el gobierno capitalino no había dado respuesta si aceptaba o no estas medidas dictadas desde el pasado 2 de marzo.

De inmediato, ayer salieron en conferencia de prensa a nombre del jefe de Gobierno, la directora del Instituto de la Mujer local, Teresa Incháustegui Romero y el secretario de Gobierno de la ciudad, José Ramón Amieva Gálvez, para afirmar que pondrían “todo su esfuerzo y compromiso para atender las recomendaciones”.

Simultáneamente las organizaciones mantenían una reunión con Conavim –convocada por la institución- donde apenas se les informó que estas medidas fueron solicitadas por el Grupo de Trabajo, aceptadas por el Gobierno y que no había fecha para la entrega del informe, dijo a esta agencia Selene González quien además precisó que les dijeron que será hasta el 22 de marzo cuando el Grupo de expertas cierre el informe, “pero únicamente si no existen más observaciones”.

Desconfiadas de los dichos de Conavim –quien anteriormente afirmó que se tenía previsto la entrega del informe el 28 de febrero- la integrante Centro Fray Francisco afirmó que seguirán urgiendo a ésta acelere el proceso sin importar los tiempos electorales, y que esperan que este proceso no se “politice” como ocurrió con el Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto contenía por la presidencia de la República.

Según datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) en promedio mensual en 2012 ocurrían 4 casos de feminicidio en la urbe, dos años después la cifra incrementó a 5 casos. Es decir, entre 2012 a 2016 se registraron 260 asesinatos de mujeres por razón de género.

Bajo este contexto el 7 de septiembre de 2017 cuatro organizaciones civiles conformadas por el Centro Fray Francisco Vitoria, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos” y Justicia Pro Personas, se unieron para solicitar el mecanismo de la Alerta de Género en las 16 delegaciones de la entidad.

A estos casos de feminicidio se suman los 101 ocurridos de noviembre de 2016 a junio de 2017 –de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría local- y las 644 mujeres desaparecidas y pendientes de localizar tan solo de 2015 a 2016.

18/HZM/LGL








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