Cristina Sánchez Hernández

ENTREVISTA
DERECHOS HUMANOS
   Recuperan su derecho a tomar la palabra, a nombrarse
“La verdad no se puede ocultar por siempre”: mujeres de Atenco ante CoIDH
Bárbara Italia, víctima de violencia sexual durante su declaración en la sala de juicios orales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Imagen retomada del twitter de la CoIDH
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .- 21/12/2018

Después de dos días en la sala de juicios orales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el balance de las once mexicanas que acudieron a denunciar la tortura sexual por parte de policías municipales, estatales y federales es positivo porque lograron evidenciar que la verdad no se puede ocultar por siempre.

Las heridas emocionales ocasionadas hace más de once años siguen presentes pero se han transformado en fuerza. Así lo demuestran sus voces contundentes, sus movimientos certeros y los ademanes que hacen las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

Finalizada la audiencia pública que se realizó los días 16 y 17 de noviembre en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica, las mujeres decidieron hacer un paréntesis para hablar con los medios mexicanos sobre sus primeras impresiones tras escuchar las preguntas e inquietudes de jueces y de los funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob).  

Cinco de las denunciantes, conocidas como las “mujeres de Atenco”, charlaron con Cimacnoticias. En una entrevista colectiva María Patricia Romero Hernández, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres, Cristina Sánchez Hernández y Yolanda Muñoz Diosdada hicieron una evaluación positiva y esperanzadora de lo ocurrido durante los dos días en la Corte Interamericana.  

Durante la primera jornada Angélica Patricia, Bárbara Italia, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo presentaron su testimonio. Fueron interrogadas por su defensa, por los representantes del Estado mexicano y por la juez y los jueces de la CoIDH, encargados de juzgar las presuntas violaciones a Derechos Humanos.

En el segundo día de trabajo la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, y la defensa de las mujeres, integrada por las abogadas de los Centros de Derechos Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron sus alegatos.  

RETÓRICA DE LA IMPUNIDAD

Las mujeres recuperaron su derecho a tomar la palabra. Así lo sienten y así lo dicen. Aunque sólo cinco estuvieron en el estrado de la Corte Interamericana todas se sintieron identificadas en cada testimonio porque prácticamente vivieron las mismas vejaciones e insultos por parte de los cuerpos policiacos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad del Estado de México.

- Anayeli García Martínez (AGM): “¿Cuál es el balance después de escuchar las preguntas y los argumentos del Estado mexicano?”. 

- María Cristina (MC): Los comentarios del Estado pues, sí, sabemos que quieren balconear, pero nunca ofrecieron, nunca nos dieron un apoyo y no sé de dónde sacan eso.

- Yolanda (Y): Yo creo que fue una estrategia del Estado porque ahorita quiere argumentar que ha hecho algo bien y eso es falso. En tiempo se pasaron años y hemos visto que no hubo justicia ni un seguimiento para crear un sistema de justicia bien que pudiese ser beneficioso para nosotras, realmente conforme a la ley.

- Patricia (P): Es una disculpa tardía porque ya han pasado once años. Ellos decían que teníamos derecho a una indemnización, a que nuestros hijos tuvieran becas, hablaron de derecho a tener casa habitación y a muchas facilidades. (Pero) A once años estamos esperando que pudieran resolver el castigo de todas esas personas que incurrieron en la desgracia.

- Angélica Patricia (AP): Para mí fue bueno llegar hasta esta instancia que es la Corte Interamericana. Vimos ahorita a los representantes del Estado mexicano como niños reprobados, no traían nada preparado. Las cifras estaban mal hechas. El representante del Estado decía que había 45 mil habitantes (que radicaban en la zona). No es lo mismo que decir cuántas personas había ese día, o sea, las cifras, todo mal.

“Todo mal como su posición ahorita. Querían seguir tapando el sol con un dedo, no estaban siquiera claros ni por dónde iban, no tenían conocimiento del caso, creo que muy mal por parte de ellos. La verdad no se puede esconder. Se vio claro como no pudieron esconder la verdad. A once años no han hecho absolutamente nada”.

- Bárbara Italia (BI): Voy a retomar la frase hermosa que encuadró muy bien la experiencia de hoy, de las declaraciones del Estado, que dijo Araceli Olivos, la representante de nosotras: Estamos escuchando y estamos de frente a la retórica de la impunidad. Y es precisamente eso que ha intentado el Estado mexicano, imponernos la impunidad.

“Me parece muy positiva la audiencia de hoy. Ha sido realmente un espacio reparador en el que nosotras nos hemos podido encontrar, las once. Hablar en voz alta, nombrarnos, decir nuestro nombre, y en un ambiente de igualdad de condiciones con el Estado, y frente a jueces que estaban en la mejor disposición de escuchar la verdad, de escuchar a las mujeres”.

ONCE AÑOS DE “EMPUJAR LA VERDAD”

Las sobrevivientes han invertido once años “en empujar la verdad y la dignidad” frente a funcionarios que en un primer momento las calificaron de mentirosas y que hoy dicen no poner en duda lo que les sucedió.

Como muestra, en esta ocasión el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo recordó que en la audiencia que se realizó el 14 de marzo de 2013 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, el Estado reconoció su responsabilidad y pidió una disculpa pública.

En la comparecencia de hace cuatro años ante la CIDH, órgano que remitió el caso a la Corte Interamericana, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, y Juan Manuel Gómez-Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, ofrecieron una solución amistosa que fue rechazada por las víctimas.

Después de un largo proceso que comenzó en abril de 2008 cuando las once mujeres enviaron su caso al Sistema Interamericano, se les preguntó:

- AGM: ¿Esta audiencia, la última sesión oral, se acerca a la justicia?

- C: Hay algo cerca. Esperemos que los jueces nos escuchen y nos den prioridad. Creo que se ha luchado muchísimo. Entonces ¿qué se persigue? Ante todo que se haga justicia y que se diga la verdad, por eso estamos aquí. Creo que este es el mejor camino porque tenemos un gran grupo de abogados y una Corte de las mejores, es la mejor.

- AP: Es solamente como un pasito, todavía falta mucho.

- BI: Creo que es indispensable y se requiere una sentencia que vaya en el sentido de las peticiones que hemos hecho hoy a la Corte. Que la Corte determine que el Estado tiene que investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Creemos que si no tenemos ese elemento particular en la sentencia, estos hechos van a quedar impunes. Once años de impunidad en México nos dan la razón.

Bárbara Italia, una de las cinco mujeres que declararon, insiste en que es necesario que el alto tribunal se pronuncie por una investigación que abarque todos los niveles de responsabilidad y que no se quede solamente en la reparación del daño material. Contundente, afirmó que no aceptarán un monto económico a cambio de la justicia. 

En la jornada del día 17 de noviembre, el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo señaló que el Estado ya ha ofrecido medidas de reparación del daño pero pidió al pleno considerar que se requiere de la “cooperación de ambas partes” toda vez que las mujeres se han negado a participar en el diseño de las mismas. Por su parte, las sobrevivientes de tortura sexual y su defensa legal, argumentaron que la medida más sustantiva de la reparación del daño es una investigación seria. 

No obstante el Estado mexicano consideró que no podía sancionar a ningún mando. Su principal argumento es que la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009, determinó que no había elementos para señalar la responsabilidad de la cadena de mando y que de hacerlo se estarían violando los Derechos Humanos de los jefes policiacos.

- AGM: ¿Qué opinan de que el Estado ya tenga un paquete de reparaciones y diga que no es posible investigar a quienes ordenaron el operativo?

- BI: El Estado mexicano, desde un poco antes de que se emitiera el informe de fondo, ya tenía su paquete de reparaciones. La vía que estaba buscando era la solución amistosa (mecanismo en la CIDH para evitar que un caso llegue a la Corte). El Estado mexicano tiene años intentando meter un paquete reparatorio que no tiene absolutamente nada que ver con la verdad.

El Estado podrá, en su retórica, seguir insistiendo en que hay medidas de reparación pero no son las que nos reparan a nosotras, son las que para ellos se apegan a esta lógica de pretender no investigar e irse con otras medidas individuales que, por supuesto son importantes, pero que no son vitales para nosotras. En esa lógica, el Estado seguirá diciendo misa pero nosotras no quitamos el dedo del renglón.

- AP: Una cosa es que quieran y otra cosa que se dé. Lo han intentado desde hace mucho. ¿Una solución amistosa? ¿De cuántos muertos que ha habido en México, de cuántas personas por políticas impunes? No puede haber solución amistosa. Ahorita ya no. Ya estamos en la Corte, la sentencia de la Corte será lo que se tendrá que llevar, eso no es negociable ya.

ROMPIENDO EL SILENCIO

La mañana del 16 de noviembre, las mujeres presentaron sus testimonios. Señalaron los daños psicológicos y familiares de la tortura sexual. Por ello, y pensando en lo que viven otras mujeres, pidieron que la Corte Interamericana considere en su sentencia que una de las medidas de reparación del daño sea la creación de un Centro de documentación y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de tortura sexual.

Hicieron esta propuesta porque en su travesía por las instituciones mexicanas, la cual han sobrellevado arropadas por la sociedad civil, han conocido a más mujeres víctimas de tortura sexual. De ahí que el Centro que proponen tiene dos objetivos: dar acompañamiento a mujeres y sus familias desde un enfoque psicosocial y con una perspectiva de Derechos Humanos; y, documentar para comprobar cómo las fuerzas de seguridad ejercen la tortura sexual en todo el país.

- AGM: Algunos jueces preguntaron por qué afirman que la tortura es una práctica generalizada en México ¿por qué hacen esta afirmación?

- P: En todos los movimientos que ha habido, como fue Oaxaca y algunos otros, casi siempre se ve el mismo abuso de la fuerza, el abuso de las mujeres. Casi siempre que veo las noticias veo el abuso y no nada más es en México, es en diferentes países. Lo vimos en España, en Barcelona. Esa parte es la muestra de que es general. 

- BI: Cuando nosotras salimos (en 2006) se hablaba de violación y nosotras intentamos hacer una distinción sobre el uso político de la violación, como estrategia de control social. A ti te pueden violar en el microbús, te pueden violar saliendo de una fiesta y, sí, hay elementos de dominación pero es distinto. Hay una vulnerabilidad contra las mujeres muy específica cuando estas en custodia de agentes del Estado, eso por supuesto se configura en tortura sexual.

“Nosotras quisimos enfocar ese elemento y esa dimensión de la violencia contra las mujeres y cómo se tortura a las mujeres de una manera diferenciada que a los hombres. A las mujeres nos violan casi sí o sí, bajo contexto de detención. En otros periodos de la historia nos violaban pero no se miraba ni se daban pistas que tenía un elemento fuertemente político, de dominación de la sociedad y hacia los movimientos”.

Para Patricia, Angélica Patricia, Bárbara Italia, Yolanda y Cristina junto con Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, es claro que la tortura sexual es una herramienta del Estado y por eso seguirán luchando para que se deje de usar. 

Ahora llegaron a la última instancia facultada para juzgar violaciones a Derechos Humanos en el continente, y por eso esperan que una vez concluida la audiencia, los jueces Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza, Elizabeth Odio Benito, emitan una sentencia a su favor aunque la tortura sea irreparable.

Con la próxima resolución, que se espera para 2018, México podría sumar tres condenas de la Corte Interamericana por casos de tortura sexual contra mujeres. Las dos sentencias previas fueron emitidas en 2010 cuando el organismo encontró responsable al Estado mexicano por la tortura sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, agredidas por militares en 2002, en el estado de Guerrero.

17/AGM/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sobrevivientes pidieron reconocer la tortura sexual de 2006
“Verdad a medias no es verdad”: Mujeres de Atenco
Imagen retomada del twitter de la CoIDH
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR .- 16/11/2017

Cuatro horas y media tardó la primera parte de la audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Angélica Patricia Torres Linares y Bárbara Italia Méndez Moreno dieron testimonio de lo ocurrido durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Atenco y Texcoco en el Estado de México.

Cerca de las ocho de la mañana las once mujeres denunciantes de tortura sexual entraron a la sala de la sede de la Corte Interamericana, lugar donde decenas de estudiantes de Derecho hicieron fila para escuchar los testimonios y ver el desarrollo de la audiencia donde minutos más tarde se daría cuenta de cómo once años y seis meses atrás, policías municipales, estatales y federales detuvieron, golpearon y toquetearon sexualmente a unas 31 mujeres.

Tras escuchar la presentación del caso por parte de las delegadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que envió el caso a la CoIDH, las denunciantes comenzaron a narrar testimonios que por momentos causaron sorpresa a los jueces y que hicieron que la comitiva de funcionarios mexicanos enfocara sus participaciones en enfatizar que ya se han tomado medidas para reparar el daño.

Los interrogatorios comenzaron con la formalidad propia del organismo internacional, primero con la gente participante de pie para recibir a los seis jueces, sin contar al mexicano Eduardo Ferrer MacGregor que por su nacionalidad no puede conocer el caso, y luego con un interrogatorio para cada una de las primeras cuatro, de cinco, víctimas que fueron llamadas a declarar.

El Juez Patricio Pazmiño Freire, interroga a la declarante, Sra. Norma Aidé Jiménez Osorio. Fotografía twitter @corteidh

--”¿Podría la declarante manifestar ante la Corte su nombre?

--Norma Aidé Jiménez Osorio

--¿Nacionalidad y lugar de residencia?

--Mexicana, Ciudad de México”.

Así comenzaron y siguieron los testimonios, declaraciones que repitieron las mismas frases una y otra vez: “era estudiante, me golpearon, me taparon la cabeza, metieron sus dedos en mi vagina… mi vida no volvió a ser la misma…. alguien lo ordenó, queremos que se investigue la cadena de mando”.

Los primeros en romper el protocolo fueron los funcionarios del Estado mexicano, quienes no dieron su nombre al tomar la palabra e hicieron comentarios en vez de ceñirse a hacer preguntas a las víctimas. Así por ejemplo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, comenzó a dar un discurso hasta que fue interrumpido.

El también embajador dijo que el gobierno de México condenaba cualquier violación a Derechos Humanos y estaba a punto de continuar fijando su posición cuando una abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que defiende a las mujeres, objetó el discurso porque, dijo, la audiencia de este jueves era para escuchar a las víctimas y no para presentar alegatos, algo que está previsto para este 17 de noviembre.

Las mujeres de Atenco, como se conoce a las sobrevivientes, escucharon atentas, sentadas todas juntas de lado izquierdo de la sala, mientras la delegación mexicana hacía preguntas enfocadas en que las denunciantes reconocieran que las instituciones del país habían realizado acciones para reparar el daño, por ejemplo, que 55 policías fueron investigados, aunque la respuesta de Norma Aidé dejó claro que  “una verdad a medias no es la verdad”.

Al concluir el primer testimonio, las emociones explotaron y los recuerdos no pudieron esperar. Cuando Norma Aidé bajó del estrado, ellas, las que fueron acusadas de mentirosas, se abrazaron, deshicieron el nudo en sus gargantas y una vez más se juntaron para tomar aire y seguir en esta reunión que será la última antes de que la Corte Interamericana emita un fallo por este caso, en 2018.

Después del testimonio de Bárbara Italia Méndez Moreno, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Patricia Colchero Aragonés, dio un giro a las intervenciones de los representantes del gobierno al comenzar a preguntar a las víctimas cómo el Estado podía colaborar para resarcir las consecuencias que padecieron por la violencia sexual.

17/AGM

 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Dos días de alegatos para determinar responsabilidad del Estado mexicano
CoIDH escuchará testimonios de tortura sexual de mujeres de Atenco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/11/2017

Después de once años y seis meses de enfrentar cotidianamente a las instituciones del Estado de México para que las dejen de llamar mentirosas, once mujeres víctimas de tortura sexual se presentarán ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para narrar cómo las fuerzas de seguridad pública las violentaron durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006. 

Por primera vez este 16 y 17 de noviembre la palabra de Mariana, Georgina Edith, María Patricia, Norma Aidé, Claudia, Bárbara Italia, Ana María, Yolanda, Cristina, Ángela Patricia y Suhelen Gabriela se escuchará durante una audiencia pública que se realizará en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica. 

Para ellas, Las Mujeres de Atenco, el reloj se detiene con está audiencia que será la última parada de un recorrido en búsqueda de justicia que ya suma 138 meses y que podría culminar en una sentencia del máximo tribunal del continente en la que se reconozca que el Estado mexicano, por orden de mandos superiores y a través de policías locales, estatales y federales, ejerció tortura sexual.

Este episodio no pinta para ser una rendición de cuentas de parte de la comitiva de funcionarios mexicanos porque el organismo internacional no está facultado para juzgar los procesos penales que se desarrollan en México por estos casos pero servirá para mostrar las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante un operativo que duró dos días y dejó secuelas permanentes.

DE GARANTIZAR SEGURIDAD A LA REPRESIÓN

El 3 de mayo de 2006 el gobierno del Estado de México, encabezado por el entonces gobernador y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó el despliegue de un operativo en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco para impedir que los floricultores vendieran sus productos, operativo que se extendió hasta el 4 del mismo mes.

El despliegue de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales dejó como saldo 207 detenidos, al menos 26 mujeres víctimas de violencia sexual; dos personas asesinadas: Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benhumea Hernández y cinco personas extranjeras expulsadas del país.

Como resultado también se abrieron dos investigaciones, una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; un expediente penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y posteriormente otro en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, hoy conocida como Fevimtra. 

La versión de altos funcionarios, empezado por Peña Nieto, fue que se trató de reestablecer el orden y la paz social amenazada por unos manifestantes pero las imágenes de televisión y de los medios mostraron lo contrario, se vio cómo policías con equipos antimotín, toletes, escopetas lanza cartuchos de gas lacrimógeno y granadas del mismo gas, golpeaban y detenían gente al por mayor.

En este contexto 47 mujeres fueron detenidas de forma arbitraria, de ellas al menos 26 fueron golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, en algunos casos por encima de la ropa y, en otros, en contacto directo con la piel. Una de las sobrevivientes fue obligada a practicar “sexo oral” a los policías y, según las denuncias, cada humillación fue acompañada de insultos, amenazas, golpes y jalones a la ropa. 

Con toda la carga física y psicológica que implica esta violencia, once mujeres mantuvieron sus denuncias por tortura pero ante la falta de respuesta en las instancias nacionales, en abril de 2008 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañadas por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Cejil) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Después de un largo proceso, en octubre de 2015 el organismo internacional emitió un informe sobre el caso, registrado como “Mariana Selvas y otras” y lo envió a la Corte Interamericana que finalmente escuchará la palabras de las denunciantes para analizar el fondo del asunto y eventualmente emitir una sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en las violaciones a Derechos Humanos cometidas en Texcoco y Atenco.  

LA MEMORIA DE ATENCO

San Salvador Atenco es el municipio mexiquense donde surgió la lucha de los ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), hombres y mujeres que se opusieron a la expropiación de sus tierras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un proyecto ensalzado por Peña Nieto y que en 2015, durante su administración como primer mandatario a nivel federal, finalmente comenzó su contracción. 

Cuando en mayo de 2006 el FPDT se solidarizó con los floricultores que eran reprimidos en un operativo que calificaron de desproporcionado, también hubo personas defensoras de Derechos Humanos y estudiantes que acudieron al lugar a ayudar, fue el caso de las mujeres de Atenco. Algunas eran estudiantes que querían documentar la violencia, otras comerciantes que estaban en el lugar y unas más ciudadanas que simplemente pasan por allí.

Como si la finalidad fuera decretar la falsedad de los dichos de las mujeres torturadas sexualmente, el 16 de junio de 2006 el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, declaró: “es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”.

Con una intención similar, el 27 de junio de 2006 el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, atribuyó lo que consideró eran “supuestos abusos” por parte de la policía a los “altos niveles de estrés” y declaró que “si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar por los doctores, fue porque les había hecho nada”.

A pesar de esos intentos por desestimar las denuncias y cerrar el caso, las Mujeres de Atenco es la sombra que acompaña a Enrique Peña Nieto. El episodio incluso hizo tambalear su campaña presidencial cuando en el 11 de mayo de 2012 fue increpado por estudiantes durante una presentación en la Universidad Iberoamericana, quienes le señalaron el uso excesivo de la fuerza en Atenco y Texcoco.

Ante la insistencia de los estudiantes el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió que en Atenco se reestableció el orden y afirmó: “Fue una acción determinada personalmente que asumo personalmente”. Este episodio más tarde dio vida al movimiento estudiantil YoSoy132.

ASUMIR REPARACIÓN DEL DAÑO

La CoIDH es la última instancia para Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Ángela Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Es la última instancia porque a pesar de que en México la PGJ del Estado de México mantiene un expediente abierto, la indagatoria lleva más de once años y actualmente 16 policías de la Agencia de Seguridad Estatal son acusados de la tortura pero todos llevan su proceso en libertad; además, de 21 médicos auxiliares de la autoridad ministerial que fueron acusados por no revisar a las víctimas y certificar las lesiones, 10 fueron absueltos por deficiencias en el proceso.

Tampoco hay responsables a nivel federal. Ningún alto mando fue investigado, ni quien fuera secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; tampoco el secretario General del Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; ni el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Héctor Jiménez Baca, mucho menos el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado. 

Al contrario, todos los funcionarios siguieron haciendo carrera política y los ejemplos más claros son los de Peña Nieto que fue electo como presidente de la República en 2012 y Eduardo Medina Mora que en 2015 fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta ahora la CIDH determinó que las once mujeres fueron detenidas ilegal y arbitrariamente, que no fueron informadas de las razones, vivieron graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, entre ellas la violación sexual, y que todo indica que estos actos fueron cometidos por agentes estatales.

Para el organismo internacional el Estado mexicano reconoció “la comisión de actos de violencia de género y tortura” por lo que los alegatos y testimonios que se presenten este 16 y 17 de noviembre ante la Corte Interamericana servirán para profundizar sobre la violencia contra la mujer y, particularmente, la violación sexual y tortura así como las formas de reparación del daño.

Así, en el último capítulo ante una instancia internacional, las mujeres de Atenco esperan que los jueces valoren su palabra y el próximo año emitan una sentencia donde se obligue al Estado mexicano a reparar los daños, reformar su visión de modelo de seguridad pública y evitar que actos similares se repitan.

17/AGM








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