Justicia para Mireya

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Genera impacto negativo: Comisión de Derechos Humanos local
Alienación parental es incompatible con derechos de la infancia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/07/2017

El Síndrome de Alienación Parental (SAP), que se utiliza comúnmente en los juicios de divorcio, es incompatible con el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la igualdad, a ser escuchado y a la participación en los procesos judiciales de separación de los padres.
 
Así lo consideró la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en un oficio (CDHDF/OE/DEALE/293/2015) que en 2015 envió al Senado para exponer el impacto negativo de incorporar en el Código Civil Federal un concepto que afecta los derechos de la infancia y provoca discriminación hacia las mujeres.   
 
En abril de 2015 el senador Rabindranath Salazar Solorio, entonces militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso reformar el  Artículo 323 Ter y 444 del Código Civil Federal para reconocer que la Alienación Parental se da en todos los ámbitos de la vida familiar y sancionar esta conducta con la pérdida de la patria potestad de las hijas e hijos. 
 
Un día después de que se presentó esta iniciativa, la Comisión de Derechos Humanos de la capital envió un oficio con observaciones a la propuesta de modificar la ley donde expuso que el Estado tiene obligaciones específicas para garantizar los derechos de niñas y niños por lo que, aclaró, era insuficiente la simple declaración de reconocer los derechos de la infancia.
 
El organismo destacó que si bien la exposición de motivos de la iniciativa reconocía el principio de interés superior de la infancia, era importante que las autoridades del Estado se aseguraran de que la aplicación de las normas tuviera un efecto útil para los derechos de niñas, niños y adolescentes.
 
La institución, encabezada por Perla Gómez, también enfatizó que el SAP o la Alienación Parental es un concepto que no ha sido validado internacionalmente como científico, ni siquiera ha trascendido el umbral de toda duda razonable, por tanto aún existen cuestionamientos y debates importantes sobre su veracidad y las afectaciones que puede ocasionar a la salud e integridad física de niñas y niños.
 
Las dudas sobre el SAP son tales que la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología o la Asociación Americana Médica ha rechazado el supuesto síndrome por su falta de fundamentación médica y clínica e incluso Richard Gardner, psiquiatra creador de este concepto, promovió la idea de la “histeria natural en las mujeres y su capacidad de manipulación”.
 
En el documento enviado al Senado se expone que Gardner también promovió la idea de que 90 por ciento de la Alienación es ejercida por mujeres y que el comportamiento alienador es una característica propia de las mujeres y su incomprensión de la sexualidad masculina que puede incluir las relaciones incestuosas de padres e hijos.
 
Por otra parte, la Alienación implica la consideración de que la persona menor de edad que se encuentra en dicho supuesto tiene una “consciencia trasformada” en donde su pensamiento y opinión está manipulada, bajo este supuesto su dicho carece de validez y veracidad.
 
Un caso que sacó a la luz las implicaciones del SAP fue el de Mireya Agraz Cortés, quien por siete años denunció que dos de sus tres hijos fueron violados sexualmente por su padre. Al parecer el 7 de junio Mireya se suicidó, junto con sus padres (su madre sobrevivió) y sus tres hijos, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la capital determinó que no hubo abuso sino Alienación Parental y ordenó que los niños convivieran con su progenitor.
 
La incorporación del concepto, construido con base en prejuicios y estereotipos de género en el Código Civil Federal, hace que todo acto de autoridad que respalde su decisión en dichos conceptos carezca de perspectiva de género y sea causa y consecuencia de la violencia institucional de género en contra de la mujer, destacó el organismo.
 
Para la Comisión de Derechos Humanos incorporar este término en la ley exige “un mayor y más profundo escrutinio por parte de las autoridades” y por ello instó a las y los legisladores a realizar una revisión sobre la veracidad científica del concepto de Alienación Parental y sobre el impacto negativo que genera este tipo de  disposiciones normativas.
 
17/AGM








ESTADOS
INFANCIA
   Alienación Parental desacredita testimonios de abuso sexual infantil
   
Tribunales diagnostican “síndrome” en vez de sancionar delitos
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Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017

El mayor riesgo del Síndrome de Alienación Parental (SAP), teoría que niega la veracidad de los testimonios de las niñas y niños que dicen ser maltratados o abusados sexualmente por uno de sus progenitores, es utilizarlo como una prueba pericial definitiva para desechar las denuncias de los menores de edad.
 
En opinión de Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora de Ririki Intervención Social, organización dedicada a la defensa de los derechos de la infancia, el mayor peligro de reconocer la Alienación Parental es que los jueces piden que se aplique un “check list” para detectar un “síndrome” en vez de investigar y sancionar un delito de violencia o violación sexual.
 
Actualmente 17 estados de la República mexicana reconocen el SAP en su legislación civil; sin embargo, Ramírez Hernández asegura en entrevista que la Alienación Parental no es un síndrome reconocido por ninguna institución médica, psicológica o psiquiátrica de prestigio y pese a ello las y los jueces lo valoran a partir de indicadores.
 
La experta en infancia explica que la niñez queda en medio de las  demandas familiares por divorcio o custodia de las hijas e hijos. "En esas circunstancias, en diferentes niveles, suceden cuestiones de manipuleo, chantajes, donde los niños quedan atrapados. Hay un acuerdo de todo mundo de que eso existe y no debería existir y es importante, en esa lógica, que el Estado tenga los elementos suficientes para que estos niños no queden atrapados en eso”. 
 
El problema, asegura, no es reconocer estos hechos sino intervenir con base en un “mal llamado síndrome” que además de ser rechazado por todos los grandes colectivos de psicólogos a nivel mundial y de no contar con sustento científico dice que cuando las niñas y niños son manipulados para mentir hay que obligarlos a convivir con el supuesto agresor para que restablezcan su relación con él o ella.  
 
En la Ciudad de México la Alienación Parental está vigente en el Código Civil local desde mayo de 2014 pero desde meses antes el Tribunal Superior de Justicia capitalino era una de las principales instituciones promotoras del uso de este concepto en los juicios familiares.

Uno de los personajes que se convirtió en portavoz de esta teoría fue Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura de la capital durante nueve años, y quien en 2012 declaró que a pesar de que era un tema poco estudiado en México, los juzgadores harían vanguardia al respecto.

El resultado más extremo de la aplicación del SAP fue el caso de Mireya Agraz Cortés, mujer que el pasado 7 de junio al parecer se quitó la vida junto con sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió). El hecho ocurrió después de que juezas del Tribunal Superior de Justicia determinaron que mintió cuando denunció a su ex pareja por violar sexualmente a dos de sus tres hijos.
 
En el caso de Mireya las juezas aseguraron que se “diagnosticó” que los menores de edad y la madre tenían el SAP y por tanto mintieron durante siete años porque el padre no cometió ningún delito.
 
Ramírez Hernández destaca que utilizar la Alienación Parental como una prueba pericial definitiva puede provocar que en algunas ocasiones las niñas y niños sean devueltos, sean puestos en custodia o tengan contacto con su abusador o sus abusadores porque uno de los argumentos de esta teoría es que, en general, las madres  “programan” a sus hijas e hijos para acusar a sus padres.
 
Con el SAP, continua, se desacredita la escucha, la palabra de las niñas y niños, “estas acreditante la pruebas que no es científica que no es de diagnóstico judicial, lo que puedes estar provocando es que en muchos casos los niños sean obligados a estar con el progenitor que les ha violentado, no nada más sexualmente sino en términos de violencia física o psicológica”.
 
A pesar de ello, de acuerdo con el libro “Alienación Parental”, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2011, hay ocho indicadores para diagnosticar el SAP aunque reconoce que para determinar si existe o no sería necesario incluir evidencia científica –no manipulable– que demuestre el daño.
 
Incluso en 2015 el Pleno del Consejo de la Judicatura de la capital emitió el acuerdo 33-36/2015 para formalizar la creación del  Departamento de Alienación Parental que contaría con una jefatura, una secretaría y cuatro psicólogos para diagnosticar este “síndrome”. 
 
El Código Civil local dice que en caso de que el SAP sea “moderado” se suspenderá la patria potestad de quien cometa esta conducta pero si es “severo” se suspenderá todo contacto con el progenitor y su respectiva familia y además las niñas y niños serán sometidos a un “tratamiento”. Esta norma fue impugnada por la Comisión de Derechos Humanos de la capital ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está en espera de resolverse.
 
17/AGM/








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Experta señala falta de análisis jurídico
   
Alienación Parental no se declaró inconstitucional
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Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/08/2017

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México derogó el concepto Alienación Parental del Código Civil capitalino y con ello se perdió la oportunidad de tener un análisis jurídico que declarara su inconstitucionalidad y su carácter violatorio de los Derechos Humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.  

La abogada del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba a unos días de discutir la pertinencia o no de esta figura pero con la derogación de la norma las y los ministros se quedaron sin materia de análisis.
 
Este 1 de agosto la Asamblea Legislativa derogó el Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino pero si bien aún no se publica en la Gaceta Oficial, cuando la modificación se formalice la Suprema Corte se quedará sin materia para resolver la Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) al respecto.
 
En junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) interpuso el recurso pero fue tres años después, este 1 de agosto –horas antes de la derogación– cuando el alto tribunal informó que entre los temas que resolvería en próximos días estaba el de Alienación Parental.
 
En esa ocasión el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, dijo que revisarían las consecuencias jurídicas del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) a la luz del derecho de autonomía de los menores de edad y del interés superior de la infancia.
 
A decir de la abogada Karla Micheel Salas, resulta preocupante que el tema no se revisara desde la perspectiva jurídica, en particular cuando la CDHDF se allegó de observaciones de organizaciones de la sociedad civil para exponer argumentos muy sólidos sobre la inconstitucionalidad de esta norma.
 
Con la Acción de Inconstitucionalidad, dijo la abogada, se pretendía que las y los ministros establecieran que la Alienación es violatoria de los Derechos Humanos y por tanto debía derogarse pero también se buscaba que fijaran un precedente para el resto de las entidades que contemplan este concepto en su legislación civil.
 
“Considerábamos que la discusión que se diera podría ser un debate a nivel nacional que permitiera, eventualmente, ir eliminando de las Legislaturas una figura dañina para niñas, niños, adolescentes y para las mujeres”, expuso Salas.
 
Hasta ahora el SAP no tiene sustento en la comunidad científica y ha sido señalado por ser un concepto sin bases médicas y sustentado en estereotipos de género ya que en denuncias de abuso o violencia sexual infantil considera a las mujeres como manipuladoras y a las niñas y niños como mentirosos.
 
Agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la infancia han cuestionado esta figura que ganó notoriedad con el caso de Mireya Agraz Cortés, la mujer que el 7 de junio se quitó la vida junto con sus tres hijos luego de que una jueza acredito SAP y obligó a dos de los menores de edad a convivir con su padre, quien al parecer los violaba sexualmente.
 
Con la derogación de Alienación Parental, un supuesto síndrome creado en 1985 para defender a hombres acusados de violencia o violación sexual, se eliminó la posibilidad de sentar un precedente jurídico a nivel nacional.
 
No obstante, las y los ministros tienen otra Acción de Inconstitucionalidad relacionada con el SAP. En diciembre de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un recurso en contra del Artículo 178 del Código Penal de Michoacán, que dice que “se considerara como violencia familiar la alienación parental demostrada, respecto de sus hijos o adoptados”.
 
En este caso, señala la abogada, la CNDH no cuestiona la existencia de la Alienación, sólo señala que el derecho penal debe ser la última consecuencia en los casos de protección de la familia, por lo que prevé que esta discusión no tenga los efectos que se buscaban con el recurso presentado por la legislación de la Ciudad de México.
 
17/AGM/








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Suprema Corte debe analizar legislación de los estados
CDHDF pide que se derogue Alienación Parental en todo el país
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/08/2017

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) afirmó que a pesar de que la Asamblea Legislativa derogó el concepto de la Alienación Parental del Código Civil es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice las normas de los estados de la República que aún contemplan esta figura jurídica.
 
Ayer la Asamblea aprobó por unanimidad derogar el Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino al argumentar que es violatorio de los Derechos Humanos ya que en casos de violencia o abuso sexual infantil considera a las mujeres como manipuladoras que “alienan” a las niñas y niños para hacer denuncias falsas.  
 
Sin embargo en junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos interpuso una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) ante la Suprema Corte para pedir que se analizara el término publicado por decreto del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el 9 de mayo de 2014.
 
Luego de que este martes las y los asambleístas aprobaron derogar la norma por una iniciativa presentada por Mancera, el organismo defensor de los Derechos Humanos capitalino expresó a través de un comunicado, que esta modificación legislativa es un avance importante y muestra la necesaria revisión de todas las legislaciones del país que aún consideran esta figura.
 
A decir de la Comisión de Derechos Humanos, la Alienación Parental o Síndrome de Alienación Parental (SAP), legislado en 17 entidades, formaliza una discriminación indirecta y reproduce estereotipos de género. Este concepto causa y genera violencia institucional  contra las mujeres y no reconoce la autonomía progresiva de las niñas y niños.
 
Para el organismo, encabezado por Perla Gómez Gallardo, la Alienación no es un síndrome ya que carece de sustento y reconocimiento científico pero destacó que aun cuando esta norma local dejó de tener efectos en la Ciudad de México es importante que la SCJN continúe el análisis sobre las normas de los estados que lo contemplan.
 
“Para esta Comisión es importante señalar que se reconoce la existencia de las situaciones de niñas o niños en conflicto entre padres y madres, y señala que dicha situación debe ser atendida de conformidad con los estándares más altos de protección de los Derechos Humanos de la infancia”, destacó el organismo.
 
Para derogar el Artículo 323 séptimus la Asamblea consideró que los indicadores del SAP son los mismos que usan para detectar abuso y violencia sexual; es una norma que viola el Principio de Precaución, toda vez que carece de consenso en la comunidad psiquiátrica; afecta la patria potestad por lo que se vulneran los derechos de las partes involucradas.
 
Cabe recordar que la SCJN podría pronunciarse al respecto toda vez que en 2016 la Comisión de Derechos Humanos presentó una Acción de Inconstitucionalidad por el Artículo 178 del Código Penal de Michoacán, que dice que “se considerará como violencia familiar la alienación parental demostrada, respecto de sus hijos o adoptados”.
 
Un claro ejemplo de los daños que genera el SAP fue el caso de Mireya Agraz Cortés, mujer que por siete años denunció que dos de sus tres hijos fueron abusados sexualmente por su expareja. El 7 de junio Mireya se quitó la vida junto con los tres menores de edad después de que una jueza dijo que mentían y eran víctimas de Alienación Parental.
 
17/AGM/








NACIONAL
INFANCIA
   Se elimina Artículo 323 séptimus del Código Civil
Asamblea Legislativa deroga Alienación Parental
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/08/2017

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México derogó el concepto de Alienación Parental del Código Civil capitalino por ser una figura jurídica que usan los juzgadores para calificar a las mujeres como manipuladoras y a las niñas y niños que denuncian violencia o abuso sexual como mentirosos.
 
Por unanimidad las y los diputados locales aprobaron derogar el Artículo 323 séptimus de la ley por no ser razonable, estar redactado con términos y teorías psicológicas de difícil acuerdo o consenso entre los especialistas y porque el Síndrome de Alienación Parental (SAP) es considerado misógino y prejuicioso.
 
La modificación a la ley fue consecuencia de la historia de Mireya Agraz Cortés, mujer que por siete años denunció que dos de sus tres hijos fueron abusados sexualmente por su expareja. El 7 de junio Mireya se quitó la vida junto con los tres menores de edad después de que una jueza dijo que mentían y eran víctimas de Alienación Parental.
 
A pesar de que la Asamblea Legislativa consideró que la derogación de esta norma es un avance en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aún queda pendiente el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podría general precedentes para guiar a los Congresos locales que están legislando al respecto.
 
En junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó ante el máximo tribunal mexicano una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) por el Artículo 323 séptimus, misma que no ha sido resuelta y que se preveía debatirse este mes.
 
VIEJO DEBATE
 
La discusión sobre el Síndrome de Alienación Parental (SAP), término creado en 1985, no es nueva. En 2004 los legisladores incluyeron la Alineación Parental en el Código Civil capitalino, lo que provocó críticas de la sociedad civil y la organización de mesas de análisis y la derogación de la norma en 2007.
 
El caso de Mireya hizo resurgir el debate sobre la pertinencia de tener en la ley un concepto que no es reconocido por la comunidad científica y que está rodeado de estereotipos de género; por ejemplo, de la idea de que, en general, las mujeres manipulan a sus hijos y de que los menores de edad mienten cuando dicen que fueron víctimas de abuso. 
 
Organizaciones de derechos de las mujeres y expertas en infancia identificaron la necesidad de derogar la figura de Alienación Parental, vigente desde el 9 de mayo de 2014 cuando el Gobierno capitalino promulgó la reforma al Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino, aprobada el 15 de diciembre de 2013 por la Asamblea Legislativa.
 
La historia de Mireya hizo que el pasado 29 de junio, el diputado perredista Mauricio Toledo Gutiérrez, presentara ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar el Código Civil y reforzar el Síndrome de Alienación Parental en la ley.
 
En contraparte, el día 7 de julio, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, mandó a la Comisión de Gobierno la iniciativa para derogar el Artículo 323 séptimus del Código Civil, para responder a las críticas de la sociedad civil y la opinión pública. 
 
Ambas propuestas fueron turnadas la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde las y los asambleístas acordaron derogar esta figura jurídica que en su momento fue apoyada y promovida por el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar.
 
De acuerdo con el dictamen aprobado, en apariencia el Artículo derogado planteaba la protección de niñas, niños y adolescentes, pero al analizar sus implicaciones se encontró que con el SAP los menores de edad quedaban en indefensión y en su mayoría las madres que buscan protegerlas y protegerlos, resultaban criminalizadas.
 
“Si bien es necesario prevenir desde la normatividad las conductas de los padres que puedan tener como resultado manipulación de los niños y las niñas en contra de uno de sus progenitores, la figura de alienación parental planteada, no resulta adecuada para estos fines”, expresó la diputada priista, Jany Robles Ortiz, al presentar el acuerdo de reforma.
 
DERECHOS DE LA INFANCIA
 
En la sesión de este martes 1 de agosto, el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez se pronunció a favor de derogar esta figura jurídica e incluso dijo que presentará un punto de acuerdo para que el Senado no pida que se legisle a favor de la Alienación y para que el Jefe de Gobierno, en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, aborde el tema en pleno de los gobernadores.
 
En presencia de defensoras de Derechos Humanos que acudieron a la sesión, el también diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Flores García, dijo que con esta modificación normativa se revierten los efectos nocivos de un “falso síndrome” que está presente en las disputas familiares, sobre todo cuando hay violencia hacia las y los menores de edad.
 
La diputada de Movimiento Reservación Nacional (Morena), Ana María Rodríguez, reconoció el trabajo de incidencia de organizaciones como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), el Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niñas y Niños y Adolescentes, el Colectivo de Investigación y Desarrollo entre Mujeres y Justicia Pro Persona.
 
La legisladora aseguró que SAP impedía detectar los casos de violencia y abuso sexual porque estigmatiza a los progenitores que denuncian estos delitos, que en su mayoría son las madres, y desestiman la denuncia que hacen niñas y niños y adolescentes, aludiendo que sufren este síndrome.
 
El diputado Toledo Gutiérrez añadió que solicitará a las y los ministros de la Suprema Corte que resuelvan con celeridad y apego a derecho la Acción de Inconstitucionalidad que interpuso la Comisión de Derechos Humanos capitalina, que lleva dos años en espera de resolverse.
 
17/AGM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Alienación Parental, figura jurídica que perjudica a víctimas
   
Mireya denunció abuso sexual infantil pero no la escucharon
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/07/2017

Nadie atendió la denuncia de Mireya Agraz Cortés, ni los agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ni mucho menos las juezas del Tribunal Superior de Justicia capitalino y aunque por siete años confió en las autoridades, todos la ignoraron, nadie le creyó y quienes encontraron evidencia de su dicho prefirieron ocultarlo. 
 
Así una historia que comenzó con una denuncia por violación sexual infantil terminó cuando todas las instituciones encargadas de proteger a las víctimas se excusaron y decidieron hacer caso omiso, lo que al parecer llevó a Mireya a suicidarse junto a sus tres hijos, su madre y su padre antes de ver que su ex pareja siguiera abusando sexualmente de los tres menores de edad.
 
El 7 de junio pasado la policía encontró los cuerpos de seis personas –una aún con vida– en una casa ubicada en la colonia San Jerónimo Lídice de la delegación Magdalena Contreras de la capital del país. El primer diagnóstico fue muerte por envenenamiento pero lo que no termina de esclarecerse para la autoridad ni para la opinión pública es por qué la familia decidió quitarse la vida. 
 
Es por esta razón que un grupo de defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y de la infancia, que conocieron el caso desde hace cuatro años, expusieron este 4 de julio el recorrido que Mireya y sus hijos hicieron desde diciembre de 2010 antes de decidir que era mejor estar muertos que seguir enfrentando amenazas, abuso de poder y corrupción de quien L. Olvera, quien fuera padre y esposo.
 
LA DENUNCIA
 
En 2010 el niño E, de tres años de edad, dejó de controlar sus esfínteres, lloraba por cualquier cosa, tenía pesadillas y no quería alejarse de su madre.  Cuando Mireya notó los cambios en su comportamiento pensó que era un problema de salud y lo llevó al  proctólogo. El médico le dijo que se trataba de síntomas de una posible violación sexual.
 
Mireya, embarazada de unas gemelas, tenía que confirmar el diagnóstico así que llevó a su hijo con una psicóloga, quien, después de 10 sesiones de trabajado para el revisar el caso y escuchar el testimonio del niño, determinó que el menor de edad fue víctima de violencia sexual por parte de su padre.
 
Con las evidencias de su lado la madre quiso proteger a su hijo y el 16 de junio de 2011 denunció ante el Ministerio Público la violación sexual (Averiguación previa FDS-6/T2/5/6/11-06) pero lo que pareció el inició de una investigación para castigar al presunto culpable hizo que la familia se encontrara con un ineficiente sistema de Agencias en Delitos Sexuales que se supone deberían ser especializadas.
 
Ese mismo año (29 de junio de 2011) Mireya solicitó un peritaje al Hospital Psiquiátrico Infantil. Este fue el primer documento oficial que se presentó como prueba y donde se confirmó el diagnóstico de  abuso y violencia sexual pero, mientras continuaba la denuncia penal, en casa L. Olvera se defendió afirmando que era mentira y solicitando el divorcio y la patria potestad de su hijo.
 
En agosto de 2011 el esposo de Mireya solicitó el divorcio ante el Juzgado Décimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de la jueza Cristina Espinoza Rosello, quien como primera acción determinó un régimen de visitas y convivencia provisional entre el padre y las dos niñas que ya habían nacido.  
 
Con todo y que había una denuncia por abuso sexual infantil, en abril de 2012 L. Olvera pidió a la jueza que le autorizara las visitas con su hijo.   
 
Para junio de 2012, por orden de la jueza Espinoza Rosello, el DIF de la Ciudad de México hizo un segundo peritaje al niño y uno al padre. Las pruebas indicaron que el padre pudo ser víctima del mismo delito cuando era menor de edad y se detectó además que era probable responsable del abuso contra E; mientras que el niño relató cómo su padre usaba una máscara mientras lo violaba.
 
Cuando las pruebas apuntaban a la culpabilidad de L. Olvera, en octubre de 2012 él solicitó a la titular del Juzgado Décimo de lo Familiar que se realizaran pruebas periciales sobre Alienación Parental, figura que –a pesar de no ser reconocida por ninguna institución de salud ni psiquiátrica de prestigió– en 2014 fue incorporada a la legislación capitalina, en el Artículo 323 séptimus del Código Civil.
 
La jueza autorizó el peritaje sin importar que el 9 de junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos capitalina impugnó esta figura jurídica a través de una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento del organismo fue que se trataba de un término que califica a las niñas y niños como mentirosos y a las madres como manipuladoras. El caso aún está por resolverse.
 
Mientras la denuncia ante la Fiscalía de la Procuraduría capitalina, en ese entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera, parecía no avanzar, en el Juzgado del Tribunal Superior de Justicia L. Olvera ganaba pruebas para que sus hijos se quedaran con él. Por ejemplo, la jueza autorizó que la institución encargada de hacer el estudio de Alienación Parental fuera el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) que depende del Tribunal.
 
MANIPULACIÓN
 
El Incifo realizó un peritaje a L. Olvera, a Mireya y otro más al niño. Según los resultados del tercer estudio que se hizo al menor de edad, no había evidencia de “victimización sexual”, entre otras cosas porque el niño usaba las mimas palabras que la madre para hacer referencia al presunto abuso. 
 
Los resultados de las valoraciones que hizo esta instancia del Tribunal sirvieron para que la jueza Espinoza Rosello ordenara una terapia entre el padre y el niño para “restablecer la relación paterno filial” y es que uno de los supuestos de la Alienación Parental es que este “síndrome” se “cura” haciendo que la presunta víctima y el victimario convivan.
 
En diciembre de 2012 la jueza pidió que el Incifo realizara estas terapias de acercamiento pero la institución informó que no hacía ese tipo de intervenciones por lo que ese pidió a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) atender el caso. Una vez que la organización recibió información y tomando en consideración el principio de “interés superior de la infancia”, en febrero de 2013 comenzó a realizar terapias con E para abordar el tema de violencia sexual.
 
Presionada por su ex pareja y la jueza, y viendo que la denuncia no llegaría a ningún lado, el 3 de noviembre del 2013 Mireya aceptó firmar un convenio de custodia compartida. Ya en febrero del siguiente año toda la familia, aunque todavía estaban separados los padres, viajaron a Disneylandia, pero pronto Mireya se dio cuenta del error cuando una de sus hijas gemelas le dice que padre abusó de ella.
 
Al enterarse, en febrero de 2014, la madre de inmediato presentó otra denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales (Averiguación Previa FDS/FDS/-6/T3/153/14-02) pero a la vez L. Olvera presenta un recursos ante el Juzgado Décimo para que se le otorgara la guarda y custodia.
 
De acuerdo con una entrevista que Mireya dio a un medio de comunicación televisado antes de quitarse la vida, los juzgados violentaron los derechos de sus hijos al obligarlos a convivir con su padre aun cuando ellos no querían y sin considerar que su ex pareja era acusado de violencia sexual. En esa misma entrevista la fiscal de Atención a Delitos Sexuales de la Procuraduría capitalina, Alicia Rosas Rubí, se excusó diciendo que “hasta cierto punto” era un tema en materia familiar.
 
Para evidenciar el acuerdo de custodia compartida, avalado por el Juzgado Décimo, Mireya pidió apoyó a Adivac para interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura y al mismo tiempo interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Ninguna de las dos quejas tuvo resultados pero la jueza Espinoza Rosello se excusó de seguir conociendo el caso.
 
Para septiembre de 2014, el Juzgado Undécimo de lo Familiar, a cargo de la jueza Silvia Araceli García Lara, retoma el caso. Un mes después del cambio de Juzgado se citó una audiencia en el despacho de la jueza para que las niñas y los niños declararan lo sucedido.  
 
El niño contó todo el abuso sexual, no obstante la jueza García Lara solicitó a la secretaria que hiciera pasar al padre de las niñas y el niño, quien llegó con juguetes. Al verlo, el niño tiró los juguetes a la basura y dijo que no quería nada de él. La jueza intentó obligar a los menores de edad a convivir con su padre pero ante la negativa del abuelo materno, ordenó que llegue la policía. 
 
En 2015 Mireya continuaba con el proceso familiar para proteger a sus hijos pero era obligada por la jueza a llevarlos a un Centro de Convivencia del Tribunal y cada vez que no lo hacía era multada; incluso tenía una orden de arresto; por su parte L. Olvera  no depositaba la pensión. Fue en 2016 cuando una de las gemelas dijo que su padre la tocaba en el baño del Centro, donde no hay cámaras ni vigilancia.
 
Al conocer esto, en septiembre de 2016, Mireya interpuso la tercera denuncia ante la Procuraduría capitalina, quien abrió una carpeta de investigación (CI-FDS/FDS2/VIFDS/2/01/1263/092016) por abuso sexual del padre contra una de sus hijas en el Centro de Convivencia del Tribunal Superior; pero un mes después, a la niña se le hizo la prueba de Bosty (creada para explicar enfermedades y operaciones a niñas y niños), la cual resultó negativa.
 
AMENAZAS
 
El 24 de octubre de 2016 L. Olvera denunció a Mireya ante la Procuraduría por violencia familiar contra sus hijas e hijo y como consecuencia el ex esposo se presentó con agentes judiciales de la Fiscalía para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para allanar la casa de Mireya y entrar a la casa de los abuelos maternos,  intimidando y amenazando a la familia para que entregarán a las niñas y al niño. No los entregaron.
 
Los testimonios recogidos por Adivac, cuando conoció el caso, indican que hubo amenazas e intimidación hacia Mireya y hacia sus padres, lo que podría estar relacionado con el suicidio del 7 de junio.
 
El presunto detonante, dicen las activistas, ocurrió en octubre del año pasado cuando la Jueza Undécima de lo familiar le informó a Mireya que perdió la guarda y custodia e impidió que los abuelos maternos se relacionaran con las gemelas. A pesare de todo la mujer seguía interponiendo recursos jurídicos para evitar que sus hijas e hijo se quedaran con su padre, quería que su caso llegara a la Suprema Corte en caso de ser necesario.
 
Casi siete años después de la primera denuncia Mireya, sus padres, y sus tres hijos optaron por quitarse la vida y hoy feministas, defensoras de los derechos de la infancia y activistas por los derechos de las mujeres exigen que se investigue el suicidio porque pudo ser provocado y además quieren que se evidencie que las instituciones fallaron y que detrás de la historia hay una serie de omisiones a indagar.
 
Agrupaciones como Adivac, Save the Children, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y el Centro hermanas Mirabal de Derechos Humanos, entre otras más, alertan que hay más casos como el de Mireya y más mujeres, niñas y niños víctimas de una figura jurídica que criminaliza a las madres por lo que llaman a la Suprema Corte a resolver el recursos sobre Alienación Parental y derogar este concepto de la legislación capitalina.
 
17/AGM/
 








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