pederastia

ESTADOS
VIOLENCIA
   Decisión grave en un estado bajo AVG
Orden de liberar a pederasta de Veracruz revela corrupción e impunidad
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2017

La decisión del juez Anuar González Hemadi de ordenar la liberación de Diego Gabriel Cruz, acusado de pederastia tumultuaria en contra de la menor de edad Daphne, en Veracruz, fue calificado como un “absurdo jurídico”, que muestra el nivel de corrupción e impunidad en contra de las adolescentes en México, así como la complicidad del Estado con los agresores, a quienes se premia y ampara.      
 
En eso coincidieron la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz (Remufever), la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, el Colectivo Akelarre AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que emitieron sendos comunicados en rechazo a la decisión del juez, dada a conocer el martes pasado. 
 
El Inmujeres solicitó al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la revisión inmediata del fallo del Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz y, en coincidencia, en la sección Trascendió del diario Milenio se asegura hoy que la decisión del juez “encendió los focos rojos del Poder Judicial de la Federación,” por lo que ese órgano judicial “sesionará hoy mismo para revisar el fallo”. 
 
Redim explicó en su comunicado que los argumentos presentados por el Juez son “insostenibles” por lo que es urgente realizar un análisis exhaustivo con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables: Diego Cruz, Jorge Cotaita, Enrique Capitaine y Gerardo Rodríguez.
 
¿Y LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO?
 
Remufever y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, consideraron que ordenar la liberación de Diego Cruz es de suma gravedad, ya que en el estado está vigente la Alerta de Violencia de Género, lo que envía un mensaje de impunidad y vulneración de los derechos y la vida de las mujeres: “Se puede violar, matar y agredir a las mujeres con el apoyo y respaldo de la autoridad competente”. Aquellas que aún son menores de edad han perdido absoluta garantía de sus derechos, señalan.
 
En el mismo sentido, una petición en change org, dirigida al Ejecutivo federal, al gobernador Miguel Ángel Yunes y al ministro Luis María Aguilar, señala que una decisión así revela que el estado de Veracruz es cómplice de pederastia.
  
TIPO PENAL
 
Redim consideró que el juez desvirtuó el tipo penal de abuso sexual por un “frotamiento incidental” donde no se observa intención “lasciva” ni la intención de “copular”, lo que representa “un grave retroceso en el reconocimiento y acceso a la justicia de las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual y sienta un precedente que da lugar a la impunidad”.
 
Sobre el tipo penal, Remufever y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, detallaron que este debe valorarse dentro de un contexto, no solo sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino a la luz de la perspectiva de género, tal y como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del  15 de abril de 2016. 
 
Critican que el juez dio prevalencia a la presunción de inocencia por encima del principio de igualdad, enfoque previsto en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas y los Derechos Humanos de las víctimas a nivel internacional.
 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
 
Recordó Redim que el Estado está obligado a proteger los derechos de niñas y niños víctimas, y que esta justicia no solo se basa en las Leyes nacionales, sino que debe ser ejercida a partir de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
 
Las organizaciones veracruzanas señalaron también que en la decisión del liberar al agresor de Daphne no se consideraron criterios internacionales y nacionales respecto a la violencia sexual. La decisión, dicen, se justificó en una tesis jurisprudencial del año 2006, antes de que se diera “reconocimiento de la violencia hacia las mujeres a partir de Tratados Internacionales vinculantes para México”.
 
EXIGENCIAS
 
Redim, Remufever, la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, el Colectivo Akelarre AC, y el  Inmujeres, exigieron a la Fiscalía veracruzana interponer un recurso de revisión de la decisión del juez Anuar González Hemadi, investigar su capacidad jurídica e independencia, que quedan en duda ante este tipo de sentencias.
 
También, que el Tribunal Colegiado haga un análisis exhaustivo con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género del expediente de la adolescente víctima de violencia sexual tumultuaria, que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables.
 
Y al gobierno de Veracruz que desarrolle inmediatamente acciones concretas de prevención y detección de casos de abuso sexual que han recibido la protección de autoridades y jueces corruptos, así como dar acceso inmediato ​a la justicia, apoyo psicológico y protección a víctima y sus familiares, tomando medidas cautelares que eviten su revictimización o afectaciones a su integridad.
 
Estamos, dice el comunicado de Inmujeres, “en un momento crucial en el que ya no hay marcha atrás para exigir una justicia ágil, imparcial y transparente. Las y los operadores de la procuración y administración de justicia cuentan hoy con normas,  herramientas y mecanismos suficientes, con estándares internacionales que deben aplicar en sus resoluciones, y que en este amparo fueron omitidos flagrantemente”.
 
 17/RED/RED








NACIONAL
INFANCIA
   Alrededor de 30 mil menores son víctimas de explotación y abuso sexual
México, sin jurisdicción en pederastia y turismo sexual infantil
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/12/2016

Aun cuando la mayoría de las entidades de la República mexicana reformaron sus legislaciones penales para eliminar el abuso sexual infantil, sólo en Colima y Tabasco contemplaron el delito de la pederastia y sólo en once estados se tipifica el delito de turismo sexual.
 
El país no cuenta con suficientes elementos jurídicos para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, según el estudio “Abuso sexual infantil” que en junio de 2016 publicó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados.
 
Esto a pesar de que estimaciones de UNICEF indican que en México, alrededor de 30 mil menores de edad son víctimas de explotación y abuso sexual.
 
El 4 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley General de los  Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA) que reconoce principios rectores como la igualdad, no discriminación y el derecho a una vida libre de violencia de la niñez; sin embargo a dos años de su publicación, las 32 entidades federativas aún no logran armonizar su legislación para la protección de la infancia, indicó el informe.
 
Entre los delitos de abuso a menores de edad que contempla la LGDNNA se encuentran: el abuso sexual, la corrupción, pornografía, turismo sexual, pederastia, incesto, violación y  estupro.
 
A través de la revisión de los marcos normativos de cada estado, el CEAMEG observó que a junio de 2016 sólo los estados de Colima y Tabasco tipifican la pederastia, mientras que las 32 entidades federativas contemplan los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil, estupro y violación.
 
La pederastia, de acuerdo con el artículo 209 bis del Código Penal Federal, es aprovecharse de la confianza, subordinación o superioridad que se tiene sobre un menor de 18 años para ejecutar, obligar, inducir o convencer a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.
 
En su informe el CEAMEG destacó que el delito de turismo sexual infantil está tipificado únicamente en once entidades: Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa.
 
El Código Penal Federal señala en su artículo 203 que comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de realizar cualquier acto sexual, real o simulado, con una o varias personas menores de 18 años de edad o que no comprenden el significado de ese hecho.
 
Otros delitos como el incesto está contemplado en 26 de los 32 estados; las entidades que faltan por legislarlo son: Baja California, Campeche, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí.
 
El estudio indica que únicamente el estado de Colima contempla los ocho delitos en su código penal, no obstante los estados que demuestran un mayor rezago en materia legislativa para castigar el abuso sexual infantil son Campeche, Morelos, Puebla y Tamaulipas, quienes contemplan sólo cinco de los ocho delitos.
 
Con base en los resultados del estudio, el CEAMEG exhortó a los estados a armonizar y actualizar los marcos legales vigentes tanto federales como locales. Asimismo pidió asignar recursos para la capacitación de las autoridades en contacto con las víctimas y generar mecanismos para la reparación de daños.
 
16/HZM/KVR
 








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Lydia Cacho Plan b*
La guerra santa contra la diversidad
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/09/2016

Durante veinte años he investigado, estudiado y documentado casos de violencia intrafamiliar, de abuso sexual contra niñas y niños (menores de 18 años) de pederastia y pornografía infantil.
 
Las cifras no mienten, 96 por ciento de los casos de abuso infantil es cometido por personas heterosexuales: madres, padres, tíos, abuelos, hermanos, profesores, sacerdotes, obispos, vicarios, políticos, pastores. No hay un sólo dato científico que demuestre que los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas sean abusadores; nadie ha podido demostrar que las personas que aman a otras de su mismo sexo vayan por allí promoviendo un cambio de preferencias sexuales.
 
Los mitos se basan en la fobia y el deseo de desacreditar moralmente a los otros por pensar y sentir de forma diferente a la tradicional cristiana. Contrario a lo que sucede con el mundo gay (que no pretende imponer su forma de vida a nadie, sino simplemente ser reconocidas como personas dignas), una corriente ultraconservadora ha salido a las calles a intentar someter a toda la población a su propia ideología: la guerra santa contra la diversidad.  
 
Cito la encíclica del Papa Benedicto XV “La experiencia ha mostrado muy bien que cuando se desvanece la religión, la autoridad humana se tambalea…Cuando los gobernantes del pueblo desdeñan la autoridad de Dios, la gente deprecia, a su vez, la autoridad de los hombres. Queda, es cierto, el recurso habitual de la supresión de la rebelión por la fuerza ¿pero con qué sentido? La fuerza somete a los cuerpos de hombres, pero no sus almas”.
 
Todo parece indicar que frente a los cambios sociales que amplían las libertades y reivindican los derechos con mayor pluralidad, cientos de miles de personas religiosas quieren, como lo propuso el Papa, someter el alma y la vida sentimental de toda la población a las creencias bíblicas.  Cuando Ernesto Campos, vocero del frente Nacional de la Familia dijo a la prensa de Sinaloa “Que ellos le llamen como ellos quieran, pero no familia, porque la familia para mi es un hombre, una mujer y sus hijos, porque es lo establecido en la Biblia y en la política también está establecido”.  Insultar y descalificar a quienes han salido a las calles a defender sus principios religiosos es una verdadera pérdida de tiempo y otra forma de intolerancia. Más interesante es comprender que hay millones de personas en México que aprovechan estos momentos históricos, como la legislación sobre la diversidad familiar y los matrimonios igualitarios civiles, para manifestar su resistencia y su miedo a perder la certeza que les da su visión del mundo sobre la heterosexualidad patriarcal.
 
Detrás de este movimiento subyacen muchos miedos, fobias y resistencias, las entrevistas con manifestantes pro-vida en todo el país tienen una constante: la misoginia patriarcal tradicional, el hombre, macho, masculino, proveedor como eje y líder de la familia, la mujer como fiel madre-esposa, educadora al servicio de los otros. Subyace un miedo ancestral frente al reconocimiento de que millones de personas han decidido no etiquetar su vida amorosa-familiar de forma convencional, son honestas consigo mismas y con sus parejas y familias; están cambiando el mapa original de las formas amorosas humanas y despiertan resistencias sociales que van desde la descalificación hasta la virulencia mortal.
 
Para muchos esta diferencia ideológica parece insalvable en términos de opinión personal, de allí que sea el Estado el verdadero responsable de establecer la protección de los Derechos Humanos y la diversidad. Este colectivo puede, ingenuamente, apropiarse de la palabra familia como sinónimo de heterosexualidad patriarcal, lo que no puede, aunque lo intente, es imponer su ideología religiosa a 122.3 millones de habitantes. A diferencia de este movimiento conservador, quienes nos pronunciamos por la diversidad familiar y la igualdad de derechos comprendemos que hay familias heterosexuales (la mía lo ha sido siempre) y que eso está bien, pero no todas deben serlo por decreto de terceros.
 
Si algo entendió Benito Juárez fue que la Iglesia había sido responsable durante siglos de facilitar legitimidad al Estado y mantener a la ciudadanía acotada a partir de la teología y una serie de rituales que propiciaban la subordinación, la docilidad y la lealtad para el Estado paternalista; por eso el Estado laico es la piedra angular de nuestra democracia que implica someternos a la ley y no a la obediencia mitológica selectiva.
 
Los colectivos Pro-Vida y otros conservadores tienen pleno derecho a jugar sus reglas dentro de su familia, a lo que no tienen derecho es a imponer sus creencias y mitos religiosos a la mayoría a partir de su miedo e ignorancia sobre la vida de las y los otros. Hay detrás de este movimiento un impulso autoritario, una obsesión por someter a los otros a los designios teológicos que ellos han asumido como verdaderos; para ellos la diversidad humana es el enemigo a vencer, por eso es una guerra perdida. 
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/LGL








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