despenalización

INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Obtiene liberación pero no reconocen su inocencia
Liberan a Teodora Vásquez quien estuvo en prisión por parto fortuito
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/02/2018

Teodora Vásquez, mujer salvadoreña que cumplió más de diez años en prisión, condenada por homicidio agravado por la muerte de su hija recién nacida, hoy empezó su primer día en libertad.

Fue liberada ayer por las autoridades salvadoreñas de un reclusorio de mujeres en Ilopango, municipio ubicado en el departamento de San Salvador. Fue sentenciada en 2007 a 30 años de prisión por homicidio agravado en perjuicio de una recién nacida. En enero de este año, su pena fue conmutada a 10 años 7 meses, que cumplió ayer.

Al salir de la prisión, fue recibida por su familia, entre ella sus papás y su hijo de 14 años, defensoras de Derechos Humanos, y docenas de periodistas. “Estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia”, dijo Teodora al salir de las puertas del reclusorio.

Sin embargo, la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, que acompaña a Teodora desde el 2014, consideró la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) insuficiente, “porque no reconoce su inocencia”.

Las organizaciones sociales que apoyan a Teodora sustentan que la mujer que se desempeñaba como cocinera en una cafetería de una escuela y que en 2007 cuando tenía 24 años de edad, tuvo una emergencia obstétrica en el lugar de su trabajo, habría llamado al 911 de la Policía Nacional Civil en busca de auxilio pero éste nunca llegó. Fue así que tuvo un parto extrahospitalario en los baños de la instalación. El producto nació muerto.

La Agrupación Ciudadana argumentó que aún conociendo esta información, el Juzgado Segundo de Sentencia nunca presumió su inocencia, y que en el juicio “no se presentaron pruebas contundes de la existencia de un delito.”

El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto. En una treintena de casos, según las organizaciones, las Cortes han emitido condenas entre 30 y 40 años de prisión a las mujeres acusadas.

Las mujeres que han sido sentenciadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia, manifestó Amnistía Internacional. Es por eso que deben seguirse los casos de al menos 27 mujeres en la misma situación que continúan encarceladas.

“El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en el país”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional quien pidió a las autoridades salvadoreñas derogar urgentemente “esta indignante prohibición del aborto”.

De hecho, desde finales del 2016, la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió una propuesta para despenalizar el aborto terapéutico: cuando corra peligro la vida de la madre, no exista posibilidad de la vida extrauterina, y cuando el embarazo sea producto de la violación de menores de edad.

Hasta ahora no se han encontrado mayorías para esta propuesta, ni entre las filas del partido de izquierda, el Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Representantes de organizaciones sociales pidieron a la Asamblea Legislativa aprobar la medida antes de que concluya la actual legislatura el 30 de abril próximo.

Diversas personas funcionarias de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por esta legislación salvadoreña. La Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, al final de su visita el pasado 5 de febrero a este país centroamericano, pidió al Estado declarar una "moratoria", es decir, aplazar la aplicación de la prohibición del aborto.

En México, existen casos similares. El más reciente, el de Dafne McPherson Veloz, quien permanece desde 2015 en situación de reclusión en un penal de Querétaro, acusada de homicidio agravado, luego de haber sufrido un parto fortuito en los baños de la tienda departamental donde trabajaba. En noviembre del 2017, el Tribunal Colegiado Vigésimo Segundo Penal de este estado, rechazó reprogramar un juicio que la daría libertad.

18/SG/LGL








REPORTAJE
Aborto
   Logro del movimiento feminista
El derecho a no ser madres, una década de ILE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/04/2017

Hace una década, el aborto se convirtió en tema de importancia nacional, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras años de insistencia del movimiento feminista y amplio de mujeres por lograr la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, hoy vigente en nuestra ciudad.
 
Pese a los embates de grupos conservadores representados por la Iglesia Católica, legisladores y grupos Provida para impedir la Interrupción Legal del Embarazo, el aborto se colocó como un tema de salud pública, justicia social, y de Derechos Humanos de las mujeres, al reconocerles el derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.
 
El triunfo de las organizaciones de mujeres y feministas que hoy cumple 10 años, se inició en la década de los 70, cuando pugnaban por el aborto libre y gratuito, educación sexual desde la primaria y acceso a anticonceptivos.
 
Pero fue hasta el año 2000 que los primeros frutos de este trabajo feminista lograron que la Asamblea Legislativa del DF, bajo el gobierno de Rosario Robles, despenalizara el aborto por motivos eugenésicos o malformaciones congénitas.
 
En esa ocasión también se enfrentó una acción de  inconstitucionalidad promovida por los partidos Verde
Ecologista y Acción Nacional.
 
La SCJN declaró en el 2000 la reforma al Código Penal del entonces DF, como constitucional. El proyecto fue presentado por la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien desde un principio dejó en claro que lo que se discutía nada tenía que ver “con principios éticos, morales, religiosos o políticos sino que era un tema eminentemente jurídico".
 
7 AÑOS DESPUÉS LA MISMA HISTORIA
 
El 24 de abril de 2007, la ALDF aprobó modificar la Ley del Salud del Distrito Federal y, entre otros, el Artículo 144 del Código Penal del DF, con lo que estableció que la interrupción del embarazo es legal hasta las doce semanas de gestación y que los 14 hospitales de la Secretaría de Salud capitalina brindarían el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así como consejería.
 
La norma entró en vigor el 27 de abril, un día después de su publicación en la Gaceta Oficial del DF.
 
Sin embargo, el 24 de mayo de 2007, un mes después de la aprobación en la ALDF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encabezada por José Luis Soberanes y la Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por Eduardo Medina Mora (ahora ministro de la SCJN) presentaron ante la Corte dos acciones de inconstitucionalidad por considerar que la Asamblea Legislativa no tenía facultades para legislar en la materia y por la definición de embarazo y de aborto.
 
La Corte escuchó a partir del 2008, a lo largo de 6 audiencias públicas, a personas de la academia, organizaciones a favor y en contra del aborto, feministas, juristas, a la Consejera Jurídica del DF responsable de defender la norma, Leticia Bonifaz, y a la ciudadanía, que manifestaron sus posturas en torno al tema.
 
Cabe resaltar que sólo en dos ocasiones la Corte ha convocado a estas audiencias, la primera con la Ley Federal de Telecomunicaciones (también conocida como "ley Televisa").
 
Pese a que el proyecto de sentencia estuvo a cargo de uno de los ministros más conservadores, Salvador Aguirre Anguiano, quien en todo momento defendió “la vida desde el momento de la concepción”, lo que se colocó en el centro de la discusión de las y los ministros fueron los Derechos Humanos de las Mujeres y los tratados internacionales signados por México para proteger los Derechos Sexuales y Reproductivos.
 
El trabajo impulsado por las organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ipas México, Population Council, Elige y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y de agrupaciones como el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, entre otros, tuvo eco en las y los ministros.
 
LAS MUJERES EN EL CENTRO DEL DISCURSO
 
Hace 10 años, la SCJN determinó que las mujeres son sujetas de derechos, que las leyes las amparan y que tienen derecho a decidir sobre continuar un embarazo o no.
 
Lo que reconoció la Corte es que el aborto es un tema de justicia social pues las leyes deben beneficiar a las mujeres, sobre todo a las más pobres para asegurarles servicios de salud seguros, máxime, cuando el Estado Mexicano incumple con su obligación constitucional “de educar en materia sexual y reproductiva y de no hacer los esfuerzos suficientes para garantizar un acceso pleno a métodos anticonceptivos”.
 
Y aún más, señaló que la penalización del aborto ha resultado ineficaz, y lejos de impedir que las mujeres recurran a la ILE de manera segura, se les obliga a someterse a procedimientos insalubres que ponen en riesgo sus vidas.
 
Por lo que aseguraron las y los ministros que la despenalización del aborto en sus primeras 12 semanas salvaguarda los derechos de las mujeres tutelados por la Constitución.
 
Reconocieron que obligar a las mujeres y niñas a continuar con embarazos que no desean, es equiparable a formas de esclavitud, pues se les condena a “embarazos forzados” por lo que penalizar la ILE, “discrimina por razones de género” ya que se justifica que una mujer embarazada culmine su embarazo bajo amenazas penales.
 
Argumentos reiterados durante más de 30 años por el movimiento feminista y amplio de mujeres.
 
Por vez primera también reconoció la Corte “el derecho de las niñas a no ser madres”.
 
“Cuando el Estado impone condiciones de embarazo por la vía penal, coloca a las mujeres en desigualdad social”, sostuvo en su argumentación el máximo tribunal de justicia del país.
 
Las y los ministros sostuvieron que la ILE es un derecho a la salud y ha contribuido a educar e informar a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
 
A 10 años de este triunfo del movimiento feminista y pese a los intentos de los grupos conservadores para echarlo atrás, lo cierto es que 176 mil 355 mujeres de 18 entidades federativas, han ejercido su derecho a no ser madres.
 
17/LGL
 
 

 







Subscribe to RSS - despenalización