Esmeralda Lecxiur Ferreira

REPORTAJE
VIOLENCIA
   Estereotipos y omisión
Casos Daphne, Emma Gabriela… ¿dónde está la ley?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017

Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Esmeralda Lecxiur Ferreira
Caso Daphne: juez incumplió la obligación de aplicar perspectiva de género
Imagen Sandra Dueñas.
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/03/2017

El amparo concedido por el juez Anuar González Hemadi a Diego Gabriel Cruz, acusado de pederastia tumultuaria hacia la menor de Veracruz, Daphne Fernández, es “discutible” porque no se implementó la perspectiva de género al juzgar, criterio estipulado como obligatorio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
Así lo afirmó la abogada postulante, penalista y feminista, Esmeralda Lecxiur Ferreira, en entrevista para Cimacnoticias. Y explica: la tesis “Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género”, prevista con el número 22/16 y publicada el viernes 15 de abril de 2016, forma parte del "Protocolo para juzgar con perspectiva de género" de la SCJN y establece que “todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género”.
 
Para ello, según el protocolo, “debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten” esto para que se garantice el reconocimiento de los derechos de igualdad y no discriminación por razones de género. En el caso de Daphne “el juez tenía que construir un argumento con base en herramientas de género y Derechos Humanos para poderse pronunciar, por eso su actuación es criticable”, aseguró Lecxiur Ferreira.
 
La abogada denunció que el juez González Hemadi ignoró “un punto crucial para el análisis del caso”, el de “analizar los puntos uno por uno para identificar sesgos de género, determinar si había o no condiciones de desventaja hacia la víctima e, identificado esto, analizar con esta óptica el tipo penal”.
 
La experta en Derechos Humanos dijo que esa omisión y la negativa por implementar la metodología estipulada en el protocolo de carácter obligatorio se suma a la preferencia que hizo el juez sobre la inocencia del juzgado antes que el principio de igualdad, lo que se establece en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas.
 
“La declaración de la víctima en ningún momento debe servir para el efecto de justificar acciones de la otra parte”, mencionó.
 
Lecxiur Ferreira explicó que, así como el acusado tenía derecho a una presunta inocencia, la víctima también “tenía el derecho de que con la misma óptica fueran validados los instrumentos y estándares internacionales que existen para determinar: primero, si el tipo penal está sostenido desde una perspectiva que permita diferenciar cuestiones de vulnerabilidad de las mujeres en ciertos momentos”. Y añadió que por ello se exige “que los jueces consideren un método en el que se eviten los estereotipos y prejuicios, con eso se puede garantizar que se está a analizando con enfoque de género”.
 
Entre los puntos planteados por la metodología con perspectiva de género, establecida en el Protocolo emitido por la SCJN se encuentran: Identificar si existen situaciones de poder por cuestiones de género, es decir, si hay un desequilibrio entre las partes en controversia; la valoración de prueba “desechando cualquier tipo de estereotipo o prejuicio de género para visibilizar las cuestiones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género”.
 
Además, recalca que deben aplicarse los estándares de Derechos Humanos de las personas involucradas, particularmente de niñas y niños.
 
ELEMENTO LASCIVO
 
El juez Anuar González emitió el amparo bajo el argumento de que la agresión de Gabriel Cruz -tocamiento de senos, jaloneos de playera y burlas- efectuada contra Daphne a bordo de un carro junto con otros tres jóvenes, no puede ser considerada abuso sexual porque, con ello, el acusado no quiso obtener placer sexual ni llegar a la cópula.
 
Sin embargo, dicho argumento es insostenible porque, de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Veracruz se considera como violencia sexual a los actos que “expresan abuso de poder que implica la supremacía de sobre la mujer", y considera a "los tocamientos sin consentimiento". De acuerdo a la abogada Esmeralda Lecxiur “tendría que bastar con que la víctima diga ‘no quiero’ y no importa ninguna intención”.
 
 
“INSUFICIENCIA PROBATORIA”
 
De acuerdo con la sentencia, no se dictó como culpable al acusado por una supuesta contradicción de testimonios. “El juez argumentó que hay contradicciones porque una persona dijo que Daphne nunca le platicó lo que había pasado en el auto, pero la víctima está encargada de poderle referir a quien quiera, dependiendo el nivel de confianza, dependiendo de cómo se siente, lo que pasó”.
 
Dijo también que lo que debe cuestionarse es el contexto que orilló a Daphne a emitir su declaración tiempo después sin culpabilizarse por ello: “Tal vez no pudo identificar que había sufrido un abuso sexual porque los estereotipos son tan grandes, que las víctimas pueden pensar que si les agarran los senos sin su consentimiento, como no hubo una penetración, no pudo haber delito”.
 
PREPARACIÓN INSUFICIENTE
 
Respecto a la preparación en cursos de perspectiva de género con la que cuenta el juez del caso, de acuerdo a lo que se difundió en medios, la abogada Lecxiur Ferreira consideró que el fallo fue “una manera dolosa de salirse por una parte, (aunque) desconozco el motivo”
 
También dijo que la actuación del juez genera dudas: “No puedo creer que sea capaz de nombrar más de 10 instrumentos internacionales de presunción de inocencia y que al determinar los derechos de la víctima explica cómo usa o si aplica la metodología del protocolo de la Suprema Corte y solo hace referencia al interés superior de la niñez que no se observó dentro de la sentencia”.
 
La abogada recordó que aún se pueden interponer recursos para continuar con el caso, pero reconoció que este dictamen deja un mensaje a la sociedad: “Nos dice: abusa de una mujer porque el efecto lascivo es muy difícil de comprobar, se tiene que demostrar que buscas satisfacción sexual, si lo hiciste por odio, no pasa nada mientras no busques satisfacer deseos sexuales”.
 
17/MMAE/GG
 








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