Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE)

REPORTAJE
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Medidas y leyes al vapor no acabarán crisis
Violencia contra periodistas, botín de gobiernos y legislaturas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ma. Guadalupe Gómez Quintana
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/05/2017

El mensaje de  Enrique Peña Nieto, tras el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y de Javier Valdez, fundador de Río Doce, en Sinaloa, desató un alud de anuncios en los Gobiernos estatales para “proteger” a periodistas, para hacer leyes que sí garanticen la libertad de expresión, así como foros y reuniones con el gremio, en un afán por acallar las protestas y los llamados que surgen de todo el mundo.  
 
Los anuncios, al igual que la respuesta de Peña Nieto, del 17 de mayo, ante la crisis desatada por el asesinato de los dos periodistas en menos de un mes, insisten en recrear o “mejorar” los mismos mecanismos que ya demostraron su ineficacia, inoperancia u omisión ante la violencia contra las y los periodistas.  
 
El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), creada hace 5 años, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de 2010, no han resuelto la crisis de Derechos Humanos en el gremio.
 
Durante el sexenio de Peña Nieto, 46 periodistas han sido asesinados. Del año 2000 a la fecha suman 127: en Veracruz 20, 15 en Oaxaca, 14 Tamaulipas, igual cifra en Guerrero y Chihuahua, y 7 en Sinaloa. Hay 645 quejas por agresiones ante la CNDH, de enero de 2010 al 30 de abril de 2017. Y de 2005 a la fecha CIMAC registró 19 comunicadoras asesinadas; una agredida cada 4 días, de 2014 a 2015.
 
Triste ejemplo de su ineficacia es el asesinato de Miroslava, el 23 de marzo pasado, pese a la “Alerta Temprana” decretada por el Mecanismo en agosto de 2016 para Chihuahua, segunda entidad con más periodistas ultimados.
La FEADLE tiene integradas 798 averiguaciones previas, sin un solo caso resuelto.
Sin embargo, Peña Nieto ordenó en Los Pinos “fortalecer” el Mecanismo y la FEADLE, y dar recursos a esta, porque en 2017 no se le asignaron presupuesto.
 
Igual sentido tienen las acciones anunciadas por gobiernos estatales, en vísperas de los comicios presidenciales de 2018, de inmediato cuestionadas por periodistas, quienes las califican de inadecuadas y oportunistas.
 
Oportunistas, porque antes, esas mismas administraciones se mostraron indolentes y omisas ante las reiteradas advertencias, peticiones de apoyo y  denuncias por actos de violencia contra periodistas.
 
También porque hay desconfianza en la justicia local, lo que provoca que 36 por ciento de las peticiones de apoyo ante el Mecanismo federal provengan de periodistas locales. Y porque los llamados a diálogos y foros se dan sólo en situaciones coyunturales o convenientes para las administraciones, o bien sólo con periodistas afines.
 
Periodistas de varios estados, consultados por esta agencia, reportan la inédita y coordinada acción gubernamental y su previsible fracaso, que puede redundar, desafortunadamente, en más agresiones.
 
PROBLEMA ESTRUCTURAL, ANUNCIOS AL VAPOR
  
En Tamaulipas, donde no existe fiscalía especializada ni mecanismo de atención, el 9 de mayo presentó el PRI un proyecto de ley para proteger al gremio. Una “iniciativa copy-paste de la ley federal pero mutilada”, dicen, que excluye a organizaciones y periodistas.
 
En Sonora, sin fiscalía especial, la gobernadora Claudia Pavlovich anunció, tras una reunión de emergencia, que activará los mecanismos de seguridad. El 24 de mayo se presentó una iniciativa ante el Congreso local.
 
En Quintana Roo, más de cien periodistas mantienen su oposición a que sea revivida la Ley de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de agosto de 2015, conocida como Ley Borge, cuyo fin era “entorpecer el ejercicio periodístico” y fue impugnada por la CNDH ante la SCJN. Anuncian que convocarán a foros para hacer otra propuesta.   
 
Periodistas de Querétaro acusan que el gobierno pretende crear una ley, “para censurarnos”. 
 
En Morelos, el 22 de mayo, el Foro de Periodistas solicitó una reunión urgente con el gobernador Graco Ramírez y respuesta oficial “ante la actuación de un servidor público señalado como agresor de reporteros”.
 
El gobierno de Tabasco, en donde un funcionario de la Fiscalía estatal considera que ahí no hay riesgo para periodistas porque no hay periodismo crítico ni de investigación, la administración promete “sensibilizar” a autoridades municipales, varias señaladas como agresoras de periodistas. Impulsarán también una ley.
 
Campeche no tiene Fiscalía ni “mecanismo alguno para su protección”. Lo mismos sucede en Puebla, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha rechazado solicitudes de apoyo.
 
En Veracruz, estado letal para periodistas y para la libertad de expresión, existe la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ineficaz y sin dientes. Incluso el Congreso habla de desaparecerla.   
 
En Guerrero, sin la presencia de periodistas ni víctimas, el gobernador Héctor Astudillo anunció 6 medidas, tras el asesinato de  Francisco Pacheco y Cecilio Pineda, y de la agresión a 6 reporteros en Acapetlahuaya.
 
En Tlaxcala el jueves anunciaron una instancia judicial para atender a periodistas. Y en Guanajuato, PRI y PAN intentaron aprobar una ley de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, congelada hace tres años. Fue rechazada en el Congreso. Más que ayudar, dicen periodistas, vulneraría más nuestro ejercicio. 
 
En Nuevo León, el Gobierno instaló un comité para evaluar y determinar las medidas de seguridad de 33 periodistas y activistas.
 
A las medidas gubernamentales se suman empresarios de medios, quienes en una acción inusual, emitieron condenas y parabienes, para que sus empleados no sean asesinados mientras les producen riqueza.  
 
EL FUTURO
Al anuncio de Peña le siguió, al día siguiente, la noticia de un periodista muerto en Jalisco y otro “levantado” en Michoacán, lo que reafirma la insuficiencia de los mecanismos actuales.
 
No son eficaces, dice el Consejo Consultivo del Mecanismo, en un comunicado del 26 de mayo, al igual que muchos periodistas, porque estamos ante un problema estructural. De ahí que un grupo de periodistas y organizaciones civiles llamen a foros para lograr un cambio, para que ser periodista en México no entrañe peligro de agresiones y muerte.
  
17/GG
 








ZONA DE REFLEXIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ZONA DE REFLEXIÓN
Sus voces nos hacen falta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/03/2017

El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
 
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
 
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
 
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas,  pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
 
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
 
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
 
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
 
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
 
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
 
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
 
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
 
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
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