Candelaria Ochoa

REPORTAJE
VIOLENCIA
   Estereotipos y omisión
Casos Daphne, Emma Gabriela… ¿dónde está la ley?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017

Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Olga Sánchez, homenajeada en San Lázaro
“Todo crimen contra una mujer debe analizarse con perspectiva de género”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/03/2017

El deber de las autoridades de investigar el asesinato de una mujer adquiere mayor relevancia cuando el delito se comete en medio de un contexto de violencia de género, afirmó la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
 
En un homenaje que recibió por parte de la Cámara de Diputados, Sánchez Cordero dijo que en los crímenes contra las mujeres las autoridades investigadoras “deben explorar todas las líneas de investigación posibles con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido”. 
 
La constitucionalista dijo que en casos como el de Daphne, víctima de violencia sexual en Veracruz por cuatro jóvenes, en enero de 2015, y en el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, amenazada por su ex pareja y asesinada el 27 de marzo pasado, la autoridad debe actuar con perspectiva de género.
 
Señaló que todos los casos de asesinatos de mujeres, desde los que parecieran crímenes, suicidios y hasta algunos accidentes deben analizarse con perspectiva de género para determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte. 
 
SIN MIEDO
 
La ministra en retiro también habló de cómo las mujeres han desterrado sus miedos; de la dignidad femenina; de la lucha por enaltecer el honor de las mujeres; y de la necesidad de tender redes de colaboración y ser solidarias con quienes son humilladas, maltratadas o violadas.  
 
“La contribución de toda mujer en el mundo debe ser la de ser puente, la de buscar por todos los medios a su alcance servir de enlace, servir de unión entre las orillas. A las mujeres mexicanas nos es urgente la complicidad entre nosotras”, señaló en el discurso que pronunció en el Salón Protocolo de San Lázaro.
 
Acompañada por su familia, por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, y por diputadas que integran la Comisión Especial de Delitos cometidos por Razones de Género, la notaria, constitucionalista y ex diputada constituyente de la Ciudad de México aseguró que las mujeres se han enfrentado al miedo a la igualdad, incapacidad y al fracaso.
 
Destacó que la dignificación de las mujeres ha sido una conquista de todas, “nos ha llevado a la erradicación de nuestros más ancestrales miedos, hemos demostrado valentía, entereza, carácter, determinación ante los cada vez mayores retos que se nos presentan en nuestro tiempo”. 
 
Sánchez Cordero agregó que las mujeres no quieren seguir siendo una minoría que sólo confronta paradigmas, “queremos ser la que lo trastoque, la que los rompe, porque somos una mayoría que acompaña y que construye, queremos incorporar lo femenino en los social”.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ¿De qué lado están, autoridades?
Periodistas del país exigen justicia ante el asesinato de Miroslava
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2017

Justicia: es la única cosa que exigimos para Miroslava Breach y para todos los otros compañeros y compañeras asesinados a lo largo de muchos años, se dijo durante la manifestación del sábado en la capital del país, tras el homicidio de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, a la que acudieron periodistas de diversos medios.
 
Frente a la Procuraduría General de la República (PGR), a donde llegó la marcha que inició en el Ángel, el periodista de La Jornada, Arturo Cano, exigió en nombre del gremio una respuesta a esa dependencia, al Gobierno federal y a los estatales, a los que llamó “inútiles”, ya que “no han podido resolver casi ninguno de los crímenes” de periodistas. Y les preguntó ¿de qué lado están?
 
Y mientras las investigaciones avanzan lentas –habrían participado tres individuos en el crimen, según La Jornada, y sería un acto del crimen organizado, según Gobernación-- a lo largo del país organizaciones de periodistas continuaron manifestándose en contra de este crimen y de la impunidad en que están decenas de casos más.  
 
UNA SOLA EXIGENCIA
 
Periodistas de Morelos afirmaron en un comunicado que el asesinato de Miroslava Breach responde a la revelación de “alianzas maliciosas que engendran un sistema político corrompido por la delincuencia organizada, porque hacía eco de la voz de los no escuchados, porque… el chayo no era lo suyo”. El mensaje es: incomodar con lo que publicamos apegados a principios éticos, tiene consecuencias mortales.
 
Recordaron que en cuatro años de administración de Enrique Peña Nieto, se da un ataque contra una o un periodista cada 22 horas y en los tres sexenios recientes se ha cometido 103 asesinatos de periodistas, 3 solo en marzo de este año. 
 
Criticaron también que la Secretaría de Gobernación mantenga un “elefante blanco” llamado Mecanismo de Protección y exigieron que dé cuentas claras y efectividad la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, ya que “en 6 años hay un acumulado de 900 averiguaciones previas abiertas por delitos contra periodistas, solo 2 han culminado en condenas; el 99.5 por ciento de los casos no han recibido justicia”
 
En Guerrero, frente a la delegación de la PGR en Chilpancingo, las y los periodistas recordaron en un comunicado que Miroslava ya había denunciado el hostigamiento en el marco de una reunión con el Mecanismo federal para defensores de derechos humanos y periodistas, celebradas en el mes de octubre del año pasado, donde señaló que a raíz de su trabajo periodístico habían iniciado intimidaciones hacia su persona y familia.
 
Pese a la denuncia, el caso de la periodista de Chihuahua responde a lo descrito en el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, en donde señala que  “para algunas periodistas que han accedido al Mecanismo, ha sido la mayor pérdida de tiempo, ante la lógica burocrática que le gana ante la urgente necesidad de protección”.
 
Exigieron justicia no solo para Breach, sino también por  los asesinatos de Cecilio Pineda Pineda y Francisco Pacheco, cometidos en Guerrero y que siguen en la impunidad. “Tres periodistas críticos que hicieron énfasis en los temas de corrupción en el gobierno y sus vínculos con grupos criminales que actúan bajo su amparo”, dice el comunicado. 
 
Señalaron también las y los periodistas de Guerrero que marzo será recordado como mes trágico para el periodismo, ya que el día 2 de marzo, en Tierra Caliente de Guerrero fue asesinado Cecilio Pineda Birto; el 19 de marzo en el municipio de Yanga, en Veracruz asesinaron a Ricardo Monlui Cabrera, y a la fecha no hay resultados de alguna investigación.  
 
En los últimos siete años, señalan en su texto, tres periodistas han sido asesinados a balazos en el estado de Guerrero y 16 más han sufrido algún tipo de agresión física por parte de sujetos desconocidos o escoltas de  alcaldes, diputados o funcionarios del gobierno del estado de Guerrero.
 
En Guadalajara, Jalisco, ayer al menos 50 periodistas marcharon porque no ocurran más agresiones contra comunicadores y porque se esclarezca este crimen. En Ciudad Juárez, decenas de periodistas grabaron un video en el que exigen a las autoridades el esclarecimiento del homicidio y garantías para ejercer su labor informativa. 
 
En Querétaro el gremio periodístico también se sumó a la movilización nacional en contra de la violencia contra las y los periodistas, y demandaron salvaguarda de  sus derechos humanos y a esclarecer todos los casos, “más de 125 periodistas en los últimos años”.  
 
De igual manera, integrantes de la Iglesia católica expresaron su repudio contra el asesinato de Miroslava Breach, como el sacerdote Alejandro Solalinde, quien la recordó, en conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, como una gran heroína del periodismo, luchadora por los derechos humanos, valiente amiga. Lamentó que no sea un caso aislado. En San Cristóbal de las Casas, el obispo Felipe Arizendi pidió una investigación eficaz y castigo a los responsables.   
 
QUE INFORMEN

En la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Comunicadores, de la Cámara de Diputados, la diputada Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, y Virgilio Caballero, de Morena, pidieron que las fiscalías Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y la de Chihuahua, informen del seguimiento que dan a las agresiones contra periodistas, así como los avances en la investigación del asesinato de Breach Velducea, lo que sucederá el miércoles próximo. 

En declaraciones a La Jornada, Virgilio Caballero, afirmó que el caso no avanza porque “está mezclado probablemente con propósitos políticos”, ya que ella tenía amistad con el gobernador Javier Corral y este ha sido un político honesto, quien “se la está viendo duras y se las verá peor”.
Sin embargo, dijo el también comunicador, es oportunidad para que emprenda la contención de asesinatos y persecución contra periodistas. Insistió en que en los crímenes contra periodistas están involucrados funcionarios del gobierno y recordó que así lo ha dicho a las autoridades. 

Lo dicho por Caballero coincide también con el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, el cual señala que “las agresiones en contra de comunicadoras durante 2015 fueron responsabilidad -67 por ciento- de un servidor público, cuyas redes dentro del poder permitieron la impunidad.

Por otra parte, el comisionado nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales Heredia, afirmó al semanario Proceso que detrás del asesinato de Miroslava Breach está el crimen organizado, grupos que vienen operando desde hace tiempo y que disputan regiones, espacios. Reveló que hay una orden de aprehensión contra alguien apodado El 80, cuyo nombre aparece en la cartulina que dejaron los criminales junto al cuerpo de Miroslava.    

Mientras, en redes sociales continúa circulando hastags como #YaBastaDeBalas, #PeriodistasEncabronados, #JusticiaParaMiroslava, #NiUnPeriodistaMás,
#NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas,
#AlMatarUnPeriodistaSeAcuchillaLaDemocracia,
así como la pregunta ¿Dónde están los dueños de los medios de comunicación cuando asesinan a un periodista mexicano?  

17/RED/RED








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