DIF

NACIONAL
INFANCIA
   Organizaciones civiles esperan compromisos reales
Niñas, niños y adolescentes ausentes en plataformas de presidenciales
CIMACFoto: Sonia Gerth
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/04/2018

Los programas electorales de la candidata y los candidatos a la Presidencia de México carecen de propuestas para garantizar una vida libre de violencia, buenos servicios de salud y educación para 40 millones de niñas, niños y adolescentes en este país.  

Así lo confirmaron organizaciones que trabajan a favor de la niñez,  quienes lanzaron “MxporlaNiñez”, una iniciativa con propuestas para implementar en el siguiente gobierno federal. El proyecto lo conforman Save the Children, la Red por los derechos de la Infancia (Redim), World Vision Mexico, Aldeas Infantiles SOS México, Fundación Juconi México y ChildFund México, entre otras.

Esta iniciativa plantea una agenda integral dirigida a todas las niñas, niños y adolescentes entre 0 y 18 años de edad, aseguraron las y los representantes de las organizaciones.

“Este movimiento está para quedarse”, afirmó Isabel María Crowley, directora ejecutiva de Fundación Juconi México, quien aseveró que van a seguir la agenda pública del próximo gobierno y velar por que se cumplan medidas efectivas para mejorar la situación de la niñez.

Para ello, el próximo 30 de abril, Día del Niño, invitaron a la candidata y los candidatos y presidenciales a participar en un diálogo sobre esta temática y pidieron que cada quien se comprometa a cumplir esa agenda.

Las organizaciones sugieren nueve compromisos: fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), aumentar el presupuesto para la niñez y adolescencia, promover la salud infantil, proteger a las y los menores de la violencia, garantizar educación de calidad, promover la participación de las y los menores, acciones afirmativas para niñas y niños altamente excluidos y estimular el rol de la sociedad civil en estos temas.

En cuanto a la violencia contra niñas, “la clave es que se fortalezca el sistema de protección integral”, consideró Silvia Novoa, directora nacional  de World Vision México. “Y que además la Procuraduría sea un órgano autónomo que pueda lograr que los casos que se presenten sean procesados, y sean procesados con las condiciones adecuadas. Mientras esto no se logre, ninguno de los demás esfuerzos va tener frutos.”

Ante las críticas sobre el por qué confían justamente en el trabajo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuando en muchos casos se habría comprobado que no funcionaba bien, las organizaciones admitieron que “no tienen presupuesto, carecen de personal capacitado, y dependen de la maquinaria del DIF que sobra decir es una maquinaria de clientela políticamente usada y asistencial”, según dijo el director ejecutivo de la REDIM, Juan Martín Pérez García.

Sin embargo, advirtió, habría que seguir demandando el funcionamiento de esas instancias ya que “la garantía de derechos no puede reducirse a una lógica asistencial, sino en una lógica de Estado”.

Los puntos claves para garantizar una vida libre de violencia, en resumen, serían un presupuesto más grande y autonomía de las instituciones. Si los candidatos y la candidata se comprometen a tomar en cuenta estas propuestas, se verá el 30 de abril cuando se reúnen en diálogo público con “MxporlaNiñez” en el Museo de Memoria y Tolerancia.

Hasta ahora, confirmaron su presencia el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya; el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade y la candidata independiente,  Margarita Zavala. El candidato de Juntos haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que iría pero debía revisar su agenda de trabajo, dijo Pérez García.

18/SG








NACIONAL
INFANCIA
   SIPINNA Y DIF ausentes ante emergencia: Redim
   
Urgen medidas y protocolos de protección a infancia y adolescencia tras sismo
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/10/2017

El sismo del pasado 19 de septiembre quebrantó los “espacios de protección” de cientos de niñas y adolescentes en el país, como sus escuelas y hogares, por lo que el gobierno mexicano debe elaborar medidas integrales de actuación que garanticen la seguridad, la salud emocional, y el cumplimiento del proyecto de vida de las afectadas, urgió el director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.

En entrevista con Cimacnoticias Pérez García explicó que si bien tras el sismo de 7.1 grados los daños en inmuebles habitacionales y escuelas causó “la ruptura” de la vida cotidiana de la niñez mexicana, las niñas y adolescentes quedaron en mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, las menores de edad que junto con sus familias tienen que ocupar albergues ahora dependen de personas ajenas a su círculo cercano para obtener alimentos, servicios de higiene y seguridad, lo que las pone en riesgo.

Sin embargo, denunció el defensor de los derechos de la infancia, no existen protocolos ni medidas de prevención y auxilio para que en los albergues y espacios que actualmente habitan las menores de edad afectadas por el sismo se les garanticen sus derechos y condiciones de seguridad.

“Un tema básico como bañarse se convierte en una batalla cotidiana, la intimidad de las niñas y adolescentes queda anulada, están en una lógica de exposición y eso trastoca su dignidad y su seguridad emocional”, aseguró. Tan sólo en la Ciudad de México siguen operando 11 albergues para las personas afectadas por el sismo, de acuerdo al sitio web del gobierno capitalino.

Pero, al igual que en otras entidades con daños como Puebla y Morelos, expuso Pérez García, en materia de niñez y adolescencia los planes de restauración únicamente abordan la condición de escuelas –al menos 12 mil 900 resultaron dañadas y de ellas 577 tendrán deberán reconstruirse de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública- mas no en las afectaciones emocionales ni en las limitantes que enfrentará este sector para cumplir sus proyectos de vida. El Estado mexicano no tiene un programa integral.

“Las estrategias de reconstrucción carecen de la perspectiva de derechos de la infancia e invisibilizan a las niñas, niños y adolescentes”, denunció Pérez García, con lo que el gobierno federal y los de las entidades afectadas, han violado el artículo 4º  de la Constitución mexicana que los obliga a garantizar el interés superior de la niñez.

SIPINNA Y DIF, AUSENTES

Un reflejo del nulo interés de las autoridades mexicanas por atender a este grupo poblacional, es que pese a que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), conformado por el titular del Ejecutivo nacional y los de las entidades, deben sesionar cada seis meses llevan un año sin hacerlo, lo mismo sucede con el SIPINNA en la Ciudad de México.

Por ello la Redim a través de la campaña #NiñezPrimero, la cual inició a raíz del sismo, urgió Enrique Peña Nieto a convocar de manera urgente a una sesión ordinaria con el SIPINNA “para coordinar las acciones planeadas para responder a la emergencia con enfoque de derechos de la infancia y adolescencia”.

El titular de Redim enfatizó que la actuación del  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) también fue ineficiente tras el sismo, pues las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes que dependen del DIF "quedaron ausentes”. Al menos en la Ciudad de México, comentó, “se enfocaron principalmente en repartir despensas más que en trabajar desde el SIPINNA local y buscar la forma en la que el sismo impacte lo menos posible en el proyecto de vida de las y los menores de edad”, concluyó.

17/MMAE/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Atienden 66 niñas y niños en esta situación por año
   
Jalisco: apoyo a niñez en orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017

En septiembre de 2015 en Tlajomulco, Jalisco, los cinco hijos de Betsabé García, presenciaron cómo su padre asesinó a su madre. Hoy tienen 4, 7, 9 y 11 años de edad y sus abuelos se ocupan de su crianza. Son parte de las víctimas indirectas del feminicidio de las cuales no se tiene registro en México.
 
Desde entonces la madre y el padre de Betsabé, María Amparo y Mario García, ambos adultos mayores dedicados al campo, tuvieron que buscar algún apoyo social para mantener a los menores de edad y su hija con síndrome de down, asimismo fue ardua la lucha para mantener la custodia.
 
Tras las exigencias de las organizaciones civiles que acompañaron el caso, el DIF Guadalajara aceptó verlos como víctimas secundarias del feminicidio, los incorporó al programa “Acompañar la ausencia”, creado en septiembre de 2016 para dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas, pero des, después del caso de Betsabé, incluyó a las familias víctimas de feminicidio.
 
La necesidad de crear un programa especializado para resarcir los daños a la infancia en orfandad por feminicidio, hizo que en marzo de 2017 el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) lanzara el “Programa de apoyo económico para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), como es su responsabilidad.
 
El abogado del instituto y coordinador del programa, Jaime Javier Torres, explicó en entrevista con Cimacnoticias que su creación nació también en cumplimiento con la Alerta de Violencia de Género (AVG) que tiene la entidad desde febrero de 2016.
 
Con un presupuesto de 1.2 millones de pesos, el programa únicamente tiene la capacidad de atender durante este año a 66 menores de edad, indicó el abogado; hasta el momento 33 ya cuentan con el apoyo del programa y están en trámite 14 solicitudes. Algunos son enviados de la Fiscalía General de Justicia local o la CEAV Jalisco, o bien, acuden las familias por cuenta propia.
 
“Estamos limitados por cuestiones de presupuesto, tenemos un número total de menores de edad que podemos cubrir, en ese sentido no podemos dar más apoyos”, declaró el coordinador y agregó que desconocen el total de niños y niñas que quedaron en orfandad en Jalisco, a causa del asesinato de sus madres.
 
Cifras del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), indican que sólo de 2012 a 2013, tres mil 892 mujeres fueron asesinadas en dicha entidad.
 
EL PROGRAMA
 
El programa para estas víctimas indirectas cubre tres ejes, continúa Javier Torres: el apoyo económico, que consta de 3 mil pesos bimestrales y sólo será emitido por el periodo de un año; la atención jurídica, que busca garantizar y facilitar los trámites de custodia de los familiares, ya que “muchas veces es el padre el asesino o se desconoce su paradero, los menores quedan en una incertidumbre jurídica ¿quién es el responsable del menor?” indicó.  
 
El último punto es la terapia psicológica, que también pueden pedir los tutores de los menores de edad, se da cada 15 días en alguna de las siguientes instancias: la CEAV, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Ciudad Niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o algún Centro de Justicia para las Mujeres, dependiendo de la cercanía al domicilio de la víctima.
 
“La terapia psicológica también dura un año, se pretende que esto puede continuar pero no se tiene certeza por el presupuesto; la intención es que los menores de edad pueden mejorar hasta ser dados de alta, pero tenemos que ver si podemos cubrir económicamente todo el proceso”, dijo Javier Torres.
 
Para los familiares de las víctimas que busquen este apoyo económico, necesitan demostrar que la averiguación previa fue consignada como feminicidio, lo cual podría ser un obstáculo ya que datos de Cladem aseguran que de los asesinatos violentos de mujeres ocurridos entre 2012 a 2013, únicamente un 16 por ciento se investigó como feminicidio (613 en total).
 
17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Hasta mayo revisarán avances de la Alerta
En Veracruz, donde hay AVG, 56 mujeres asesinadas en 2017
Imagen retomada del portal AVCNoticias
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 03/03/2017

La diferencia entre tener o no una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) es casi imperceptible para Veracruz, porque en los últimos tres meses, 51 mujeres han sido asesinadas y en las últimas 48 horas dos mujeres fueron halladas ejecutadas en Boca del Río, tres encontradas en una fosa clandestina en la zona sur y una más en un maleta en Nogales.
 
Integrantes de organizaciones civiles advirtieron que aun cuando la AVG fue declarada el 23 de noviembre del 2016 para once municipios, fue apenas este jueves –tres meses después-, cuando se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por el Gobierno del estado.
 
Si antes se realizaron acciones para abatir y prevenir la inseguridad y violencia contras las mujeres, fueron desarticuladas y sin un plan de trabajo definido, consideró Aracely González Saavedra, integrante de Equifonía, AC, organización firmante de la AVG.
 
Para la académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados, también presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el patrón de impunidad y asesinatos de mujeres sigue igual que en 2016, que cerró con 190 mujeres asesinadas.
 
“Lamentablemente estamos viendo que pese a la declaratoria de la Alerta, 2017 está repitiendo el patrón de violencia, para el mes de enero se tienen reportes de 15 asesinatos de mujeres, se han multiplicado los casos donde hay ejecuciones y vínculos con el crimen organizado”, señaló.
 
NO ES PRIORIDAD
 
Rosío Córdova, integrante del grupo de trabajo que realizó el análisis de la AVG, cuestionó la tardanza en la integración del grupo y advirtió que pareciera que no es prioritario para el gobierno lo que pase con la vida y los derechos de las mujeres.
 
Este jueves se instaló la GIM con la participación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con las instancias federales y del Gobierno estatal, donde finalmente se informó que se aplicarán 50 millones de pesos para las acciones de la alerta, y en dos meses más se revisarán los primeros avances de las medidas implementadas.
 
De acuerdo a la AVG, el gobierno estatal debería haber iniciado de forma urgente medidas de seguridad, prevención y justicia y reparación de daño a víctimas, visibilizar la violencia de género y enviar un mensaje de cero tolerancia, sin embargo las académicas y activistas consultadas pusieron en duda la implementación de las medidas.
 
DEPENDENCIAS, SIN ARTICULACIÓN
 
La activista Aracely González Saavedra dijo que una de las ventajas de la AVG es la articulación entre las diferentes dependencias, sin embargo se observa que hay desarticulación, por lo que se ha insistido en la mesa de trabajo donde se revisen cada una de las medidas establecidas, las de seguridad, de prevención, de justicia y reparación. Y un mensaje contundente de cero tolerancia.
 
Dependencias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso del Estado, deberían tener una estrategia articulada para la prevención de nuevos casos, y la atención urgente de los que ya han ocurrido, además de la reparación de justicia para las víctimas.
 
Señaló que si bien hay acciones, estas son insuficientes y limitadas, mientras no exista un plan para cumplir las recomendaciones en su totalidad.
 
“Han pasado tres meses del actual gobierno y la confirmación de la mesa está retardada, hay desconocimiento respecto a cómo se tendrían que articular, y el tiempo sigue pasando mientras hay más feminicidio”.
 
Consideró que para estas alturas de la alerta, se deberían tener resultados concretos, que a la fecha no existen.
 
Citó por ejemplo que la FGE debería tener un diagnostico e información actualizada de los feminicidios ocurridos, y el estatus de las investigaciones y si hay o no consignados.
 
También se debería tener lista la campaña en medios de comunicación para informar en qué consiste la AVG, y el banco estatal de datos de la violencia en Veracruz, pero nada de eso existe.
 
CONFUSIÓN EN MUNICIPIOS
 
Advirtió que también hay una confusión respecto al papel que juegan los 11 municipios que son parte de la AVG.
 
“Es una alerta general y las medidas deben hacer especial énfasis en ciertos municipios, pero la responsabilidad sigue siendo del gobierno estatal, no de los gobiernos municipales”.
 
Adelantó que Veracruz será uno de los primeros estados del país donde las organizaciones podrán tener voz y voto en el GIM y podrán vigilar los mecanismos de cumplimiento.
 
PATRÓN DE FEMINICIDIO, IGUAL QUE EN 2016
 
Estela Casados, académica de la UV y consejera del IVM, señaló que los patrones de violencia del 2016 no han cambiado para este año, a pesar de la implementación de la AVG.
 
Criticó que las carencias en los procesos de procuración de justicia continúan, no hay peritos especializados en violencia de género, ni se cumple al 100 por ciento la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ni el Protocolo de procedimientos básicos del delito de feminicidio.
 
“Los asesinatos de mujeres nos indican que no hay diferencia entre un antes y después de la alerta”, consideró.
 
Coincidió en señalar que no hay coordinación estatal para la implementación de medidas, los municipios han desarrollado acciones aisladas para la atención de la Alerta y no se informa a la población de manera constante, oportuna, veraz y suficiente sobre el estado que guardan las acciones y estrategias de la administración gubernamental.
 
ESFUERZOS AISLADOS
 
Por su parte, la académica de la UV, Rosío Córdova, cuestionó que el gobierno estatal se ha movido con oscuridad y silencio sobre las medidas implementadas, y apenas tres meses después se ha convocado al grupo de trabajo, lo cual ha retrasado una implementación efectiva de las medidas.
 
“Pareciera que no están haciendo nada, a menos que piensen que poner una luminaria es hacer cosas”.
 
LA POLÍTICA RETRASA AVG
 
Reconoció que la transición de gobierno de un partido a otro, y la situación política de Veracruz han retrasado la activación de la alerta.
 
Reiteró que se necesitan mecanismos más eficientes de evaluación de acciones importantes como la profesionalización que trabaja en garantizar una vida libre de violencia de las mujeres, entre otras.
 
“Vemos esfuerzos aislados, el banco estatal de datos e información sobre la violencia contra las mujeres siguen sin ser alimentado por la FGE y el DIF estatal que son las dependencias que fueron señaladas desde la presentación, hace más de un año. Cuando se dieron seis meses al gobierno estatal para las recomendaciones”, señaló como ejemplo de los incumplimientos.
 
17/FM/GG
 








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