Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Víctimas esperan justicia en la CoIDH
A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017

Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
 
En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.
 
“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.
 
A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.
 
En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.
 
Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y  arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.
 
Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos,  la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.
 
Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.
 
Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.
 
Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.
 
MIENTRAS, EN MÉXICO
 
El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.
 
Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.
 
La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.
 
“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.
 
Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.
 
17/AGM/GG
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Hasta mayo revisarán avances de la Alerta
En Veracruz, donde hay AVG, 56 mujeres asesinadas en 2017
Imagen retomada del portal AVCNoticias
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 03/03/2017

La diferencia entre tener o no una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) es casi imperceptible para Veracruz, porque en los últimos tres meses, 51 mujeres han sido asesinadas y en las últimas 48 horas dos mujeres fueron halladas ejecutadas en Boca del Río, tres encontradas en una fosa clandestina en la zona sur y una más en un maleta en Nogales.
 
Integrantes de organizaciones civiles advirtieron que aun cuando la AVG fue declarada el 23 de noviembre del 2016 para once municipios, fue apenas este jueves –tres meses después-, cuando se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por el Gobierno del estado.
 
Si antes se realizaron acciones para abatir y prevenir la inseguridad y violencia contras las mujeres, fueron desarticuladas y sin un plan de trabajo definido, consideró Aracely González Saavedra, integrante de Equifonía, AC, organización firmante de la AVG.
 
Para la académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados, también presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el patrón de impunidad y asesinatos de mujeres sigue igual que en 2016, que cerró con 190 mujeres asesinadas.
 
“Lamentablemente estamos viendo que pese a la declaratoria de la Alerta, 2017 está repitiendo el patrón de violencia, para el mes de enero se tienen reportes de 15 asesinatos de mujeres, se han multiplicado los casos donde hay ejecuciones y vínculos con el crimen organizado”, señaló.
 
NO ES PRIORIDAD
 
Rosío Córdova, integrante del grupo de trabajo que realizó el análisis de la AVG, cuestionó la tardanza en la integración del grupo y advirtió que pareciera que no es prioritario para el gobierno lo que pase con la vida y los derechos de las mujeres.
 
Este jueves se instaló la GIM con la participación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con las instancias federales y del Gobierno estatal, donde finalmente se informó que se aplicarán 50 millones de pesos para las acciones de la alerta, y en dos meses más se revisarán los primeros avances de las medidas implementadas.
 
De acuerdo a la AVG, el gobierno estatal debería haber iniciado de forma urgente medidas de seguridad, prevención y justicia y reparación de daño a víctimas, visibilizar la violencia de género y enviar un mensaje de cero tolerancia, sin embargo las académicas y activistas consultadas pusieron en duda la implementación de las medidas.
 
DEPENDENCIAS, SIN ARTICULACIÓN
 
La activista Aracely González Saavedra dijo que una de las ventajas de la AVG es la articulación entre las diferentes dependencias, sin embargo se observa que hay desarticulación, por lo que se ha insistido en la mesa de trabajo donde se revisen cada una de las medidas establecidas, las de seguridad, de prevención, de justicia y reparación. Y un mensaje contundente de cero tolerancia.
 
Dependencias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso del Estado, deberían tener una estrategia articulada para la prevención de nuevos casos, y la atención urgente de los que ya han ocurrido, además de la reparación de justicia para las víctimas.
 
Señaló que si bien hay acciones, estas son insuficientes y limitadas, mientras no exista un plan para cumplir las recomendaciones en su totalidad.
 
“Han pasado tres meses del actual gobierno y la confirmación de la mesa está retardada, hay desconocimiento respecto a cómo se tendrían que articular, y el tiempo sigue pasando mientras hay más feminicidio”.
 
Consideró que para estas alturas de la alerta, se deberían tener resultados concretos, que a la fecha no existen.
 
Citó por ejemplo que la FGE debería tener un diagnostico e información actualizada de los feminicidios ocurridos, y el estatus de las investigaciones y si hay o no consignados.
 
También se debería tener lista la campaña en medios de comunicación para informar en qué consiste la AVG, y el banco estatal de datos de la violencia en Veracruz, pero nada de eso existe.
 
CONFUSIÓN EN MUNICIPIOS
 
Advirtió que también hay una confusión respecto al papel que juegan los 11 municipios que son parte de la AVG.
 
“Es una alerta general y las medidas deben hacer especial énfasis en ciertos municipios, pero la responsabilidad sigue siendo del gobierno estatal, no de los gobiernos municipales”.
 
Adelantó que Veracruz será uno de los primeros estados del país donde las organizaciones podrán tener voz y voto en el GIM y podrán vigilar los mecanismos de cumplimiento.
 
PATRÓN DE FEMINICIDIO, IGUAL QUE EN 2016
 
Estela Casados, académica de la UV y consejera del IVM, señaló que los patrones de violencia del 2016 no han cambiado para este año, a pesar de la implementación de la AVG.
 
Criticó que las carencias en los procesos de procuración de justicia continúan, no hay peritos especializados en violencia de género, ni se cumple al 100 por ciento la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ni el Protocolo de procedimientos básicos del delito de feminicidio.
 
“Los asesinatos de mujeres nos indican que no hay diferencia entre un antes y después de la alerta”, consideró.
 
Coincidió en señalar que no hay coordinación estatal para la implementación de medidas, los municipios han desarrollado acciones aisladas para la atención de la Alerta y no se informa a la población de manera constante, oportuna, veraz y suficiente sobre el estado que guardan las acciones y estrategias de la administración gubernamental.
 
ESFUERZOS AISLADOS
 
Por su parte, la académica de la UV, Rosío Córdova, cuestionó que el gobierno estatal se ha movido con oscuridad y silencio sobre las medidas implementadas, y apenas tres meses después se ha convocado al grupo de trabajo, lo cual ha retrasado una implementación efectiva de las medidas.
 
“Pareciera que no están haciendo nada, a menos que piensen que poner una luminaria es hacer cosas”.
 
LA POLÍTICA RETRASA AVG
 
Reconoció que la transición de gobierno de un partido a otro, y la situación política de Veracruz han retrasado la activación de la alerta.
 
Reiteró que se necesitan mecanismos más eficientes de evaluación de acciones importantes como la profesionalización que trabaja en garantizar una vida libre de violencia de las mujeres, entre otras.
 
“Vemos esfuerzos aislados, el banco estatal de datos e información sobre la violencia contra las mujeres siguen sin ser alimentado por la FGE y el DIF estatal que son las dependencias que fueron señaladas desde la presentación, hace más de un año. Cuando se dieron seis meses al gobierno estatal para las recomendaciones”, señaló como ejemplo de los incumplimientos.
 
17/FM/GG
 








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