Equifonía AC

REPORTAJE
VIOLENCIA
   Estereotipos y omisión
Casos Daphne, Emma Gabriela… ¿dónde está la ley?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017

Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Hasta mayo revisarán avances de la Alerta
En Veracruz, donde hay AVG, 56 mujeres asesinadas en 2017
Imagen retomada del portal AVCNoticias
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 03/03/2017

La diferencia entre tener o no una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) es casi imperceptible para Veracruz, porque en los últimos tres meses, 51 mujeres han sido asesinadas y en las últimas 48 horas dos mujeres fueron halladas ejecutadas en Boca del Río, tres encontradas en una fosa clandestina en la zona sur y una más en un maleta en Nogales.
 
Integrantes de organizaciones civiles advirtieron que aun cuando la AVG fue declarada el 23 de noviembre del 2016 para once municipios, fue apenas este jueves –tres meses después-, cuando se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por el Gobierno del estado.
 
Si antes se realizaron acciones para abatir y prevenir la inseguridad y violencia contras las mujeres, fueron desarticuladas y sin un plan de trabajo definido, consideró Aracely González Saavedra, integrante de Equifonía, AC, organización firmante de la AVG.
 
Para la académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados, también presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el patrón de impunidad y asesinatos de mujeres sigue igual que en 2016, que cerró con 190 mujeres asesinadas.
 
“Lamentablemente estamos viendo que pese a la declaratoria de la Alerta, 2017 está repitiendo el patrón de violencia, para el mes de enero se tienen reportes de 15 asesinatos de mujeres, se han multiplicado los casos donde hay ejecuciones y vínculos con el crimen organizado”, señaló.
 
NO ES PRIORIDAD
 
Rosío Córdova, integrante del grupo de trabajo que realizó el análisis de la AVG, cuestionó la tardanza en la integración del grupo y advirtió que pareciera que no es prioritario para el gobierno lo que pase con la vida y los derechos de las mujeres.
 
Este jueves se instaló la GIM con la participación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con las instancias federales y del Gobierno estatal, donde finalmente se informó que se aplicarán 50 millones de pesos para las acciones de la alerta, y en dos meses más se revisarán los primeros avances de las medidas implementadas.
 
De acuerdo a la AVG, el gobierno estatal debería haber iniciado de forma urgente medidas de seguridad, prevención y justicia y reparación de daño a víctimas, visibilizar la violencia de género y enviar un mensaje de cero tolerancia, sin embargo las académicas y activistas consultadas pusieron en duda la implementación de las medidas.
 
DEPENDENCIAS, SIN ARTICULACIÓN
 
La activista Aracely González Saavedra dijo que una de las ventajas de la AVG es la articulación entre las diferentes dependencias, sin embargo se observa que hay desarticulación, por lo que se ha insistido en la mesa de trabajo donde se revisen cada una de las medidas establecidas, las de seguridad, de prevención, de justicia y reparación. Y un mensaje contundente de cero tolerancia.
 
Dependencias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso del Estado, deberían tener una estrategia articulada para la prevención de nuevos casos, y la atención urgente de los que ya han ocurrido, además de la reparación de justicia para las víctimas.
 
Señaló que si bien hay acciones, estas son insuficientes y limitadas, mientras no exista un plan para cumplir las recomendaciones en su totalidad.
 
“Han pasado tres meses del actual gobierno y la confirmación de la mesa está retardada, hay desconocimiento respecto a cómo se tendrían que articular, y el tiempo sigue pasando mientras hay más feminicidio”.
 
Consideró que para estas alturas de la alerta, se deberían tener resultados concretos, que a la fecha no existen.
 
Citó por ejemplo que la FGE debería tener un diagnostico e información actualizada de los feminicidios ocurridos, y el estatus de las investigaciones y si hay o no consignados.
 
También se debería tener lista la campaña en medios de comunicación para informar en qué consiste la AVG, y el banco estatal de datos de la violencia en Veracruz, pero nada de eso existe.
 
CONFUSIÓN EN MUNICIPIOS
 
Advirtió que también hay una confusión respecto al papel que juegan los 11 municipios que son parte de la AVG.
 
“Es una alerta general y las medidas deben hacer especial énfasis en ciertos municipios, pero la responsabilidad sigue siendo del gobierno estatal, no de los gobiernos municipales”.
 
Adelantó que Veracruz será uno de los primeros estados del país donde las organizaciones podrán tener voz y voto en el GIM y podrán vigilar los mecanismos de cumplimiento.
 
PATRÓN DE FEMINICIDIO, IGUAL QUE EN 2016
 
Estela Casados, académica de la UV y consejera del IVM, señaló que los patrones de violencia del 2016 no han cambiado para este año, a pesar de la implementación de la AVG.
 
Criticó que las carencias en los procesos de procuración de justicia continúan, no hay peritos especializados en violencia de género, ni se cumple al 100 por ciento la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ni el Protocolo de procedimientos básicos del delito de feminicidio.
 
“Los asesinatos de mujeres nos indican que no hay diferencia entre un antes y después de la alerta”, consideró.
 
Coincidió en señalar que no hay coordinación estatal para la implementación de medidas, los municipios han desarrollado acciones aisladas para la atención de la Alerta y no se informa a la población de manera constante, oportuna, veraz y suficiente sobre el estado que guardan las acciones y estrategias de la administración gubernamental.
 
ESFUERZOS AISLADOS
 
Por su parte, la académica de la UV, Rosío Córdova, cuestionó que el gobierno estatal se ha movido con oscuridad y silencio sobre las medidas implementadas, y apenas tres meses después se ha convocado al grupo de trabajo, lo cual ha retrasado una implementación efectiva de las medidas.
 
“Pareciera que no están haciendo nada, a menos que piensen que poner una luminaria es hacer cosas”.
 
LA POLÍTICA RETRASA AVG
 
Reconoció que la transición de gobierno de un partido a otro, y la situación política de Veracruz han retrasado la activación de la alerta.
 
Reiteró que se necesitan mecanismos más eficientes de evaluación de acciones importantes como la profesionalización que trabaja en garantizar una vida libre de violencia de las mujeres, entre otras.
 
“Vemos esfuerzos aislados, el banco estatal de datos e información sobre la violencia contra las mujeres siguen sin ser alimentado por la FGE y el DIF estatal que son las dependencias que fueron señaladas desde la presentación, hace más de un año. Cuando se dieron seis meses al gobierno estatal para las recomendaciones”, señaló como ejemplo de los incumplimientos.
 
17/FM/GG
 








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