Secretaría de Salud (SS)

LA VOZ DE LA COALICIÓN
SALUD
   LA VOZ DE LA COALICIÓN
El Convenio de Emergencias Obstétricas en México: una estrategia pionera*
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Guadalupe Ramírez Rojas** Graciela Freyermuth Enciso***
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/03/2017

El Sistema Nacional de Salud (SNS) mexicano es un sistema fragmentado y la función de su rectora, la Secretaría de Salud (SS), enfrenta dificultades y retos, ya que cada institución del SNS posee cierta independencia para definir e implementar sus políticas y programas, su manejo financiero o establecer mecanismos de coordinación. Además, los propios programas de salud, por ejemplo el materno-infantil, no siempre están alineados con precisión a los programas de acción específicos definidos por la SS.
 
Esto incluye a todas las instituciones del SNS, sea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) o Seguro Popular (SP), o los Servicios Estatales en Salud (SESA).
 
Aún más, desde el proceso de descentralización de los servicios de salud, que culminó en la década de los años 90 del siglo XX, la función rectora de la SS enfrenta el enorme reto de integrar una respuesta coherente y eficiente entre las instituciones que componen el SNS, toda vez que las entidades federativas funcionan como entidades autónomas y, en su mayoría, no cuentan con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia ni siquiera similares a la Federación.
 
Por otro lado, el Gobierno federal, particularmente la Presidencia de la República y algunos gobiernos estatales, han mostrado gran voluntad política para la disminución de la mortalidad materna, de acuerdo con los compromisos internacionales; hechos que determinan la existencia de un espacio de oportunidad para el funcionamiento y la incidencia del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM).
 
ANTE LAS BRECHAS, ESTRATEGIAS
 
La segmentación del SNS ha favorecido brechas en el acceso a la provisión de los servicios, lo cual ha motivado la creación de estrategias que permitan el aprovechamiento de la infraestructura existente y la prestación de servicios de salud a través de convenios y acuerdos de colaboración interinstitucional. Estos mecanismos están encaminados a fortalecer la rectoría del sector y por tanto forman parte de la Reforma del Sector Salud.
 
La pauta fue marcada el 2 de octubre de 2001 con la celebración del Memorando de entendimiento para la optimización del SNS, firmado por las principales instituciones públicas: SS, IMSS e ISSSTE, cuyo compromiso sería el desarrollo de acciones basadas en la planeación conjunta, con la finalidad de aprovechar recursos humanos, técnicos e infraestructura existentes para otorgar la prestación coordinada de servicios de salud a fin de garantizar su acceso a los usuarios.
 
Posteriormente, en marzo de 2003 se firmó el Convenio General de Colaboración Interinstitucional en Materia de Prestación de Servicios de Salud o Convenio de Prestación de Servicios de Salud, a fin de establecer las bases, términos y condiciones para mejorar el aprovechamiento de la infraestructura existente.
 
Un hito en la reforma del SNS fue la creación del SPSS en mayo de 2003, configurándose como el mecanismo financiador mediante el cual el Estado proveerá la garantía del acceso oportuno a la salud establecido en 1983 en el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, habían transcurrido 20 años sin que se diera cumplimiento a este derecho estipulado en la Carta Magna, a una población que no contaba con seguridad social.
 
En octubre de 2006 se firmó el Acuerdo de Colaboración Interinstitucional en Materia de Prestación de Servicios de Salud entre la SSA y el ISSSTE por medio de servicios diagnósticos y tratamiento médico. La modalidad de colaboración por parte del ISSSTE fue otorgar servicios a los beneficiarios del SPSS. En los padecimientos incluidos en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, en unidades hospitalarias de alta especialidad. Y por parte de los hospitales regionales de alta especialidad de la SS, a derechohabientes del ISSSTE.
 
Un segundo hito fue la firma del Convenio AEO, en mayo de 2009 por parte de la SSA, IMSS e ISSSTE y en 2013 se incorporó el IMSS-Prospera. El Convenio AEO constituye una estrategia pionera ya que provee acceso universal, al menos en emergencias obstétricas, a cualquier mujer, sin importar su afiliación institucional, de manera gratuita e inmediata, cubriéndose este costo por las instituciones participantes. La estrategia del Convenio AEO constituye los denominados servicios no planificados al atender situaciones de emergencia.
 
En 2010, representantes del IMSS, ISSSTE, SS, Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, Comisión Nacional de Protección Social en Salud y Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) integraron una comisión de trabajo para identificar y diseñar herramientas que permitiesen un proyecto de intercambio de servicios bajo un marco de colaboración en servicios planificados, es decir, aquéllos no considerados como emergencias.
 
El 12 de mayo de 2011 se firma el Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios o Acuerdo de Intercambio de Servicios Planificados que incluía un anexo con un catálogo con tarifas para servicios auxiliares diagnósticos.
 
APRENDIZAJE Y HOMOLOGACIÓN
 
La aplicación del Convenio AEO ha dejado grandes enseñanzas, aunque no fue sino hasta 2011 que se inició su utilización, ya que requirió la homologación de las intervenciones y costos para poder realizar el pago de los servicios, estableciendo la pauta para constituir el resto de los acuerdos y convenios de colaboración en el sector.
 
El aprendizaje incluye herramientas de trabajo como: un manual de lineamientos para el intercambio de servicios; costo homologado de servicios; acuerdos marco para desarrollo de convenios de adhesión según intervenciones; incorporación de procesos de acreditación entre firmantes; medidas de transparencia y rendición de cuentas, así como vigilancia del cumplimiento de la operación de dichos acuerdos mediante el establecimiento de comisiones para el seguimiento a su operación.
 
Es importante destacar que el Acuerdo de Intercambio de Servicios Planificados y el Convenio AEO son la base jurídica y normativa de nuevos contratos -por ello debemos vigilar su funcionamiento muy de cerca- ahora celebrados bajo el nombre de Acuerdo de Universalización de Servicios de Salud en alineación con la política de universalización del sector salud.
 
Dicha política está descrita en el Plan Sectorial de Salud 2012-2018 y  viene perfilándose desde la década de los años ochenta por la SS. Su objetivo radica en avanzar en la construcción de un SNS Universal bajo la rectoría de esta última, para eliminar las barreras y problemáticas que se enfrentan con la fragmentación y segmentación actuales.

*El documento constituye un extracto de un documento extenso del cual fue tomado.

**Investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México

***Profesora investigadora del CIESAS-Sureste

****El Observatorio de Mortalidad Materna en México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabjo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
17/GRR/GFE/GG








ESTADOS
VIOLENCIA
   Hasta mayo revisarán avances de la Alerta
En Veracruz, donde hay AVG, 56 mujeres asesinadas en 2017
Imagen retomada del portal AVCNoticias
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 03/03/2017

La diferencia entre tener o no una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) es casi imperceptible para Veracruz, porque en los últimos tres meses, 51 mujeres han sido asesinadas y en las últimas 48 horas dos mujeres fueron halladas ejecutadas en Boca del Río, tres encontradas en una fosa clandestina en la zona sur y una más en un maleta en Nogales.
 
Integrantes de organizaciones civiles advirtieron que aun cuando la AVG fue declarada el 23 de noviembre del 2016 para once municipios, fue apenas este jueves –tres meses después-, cuando se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por el Gobierno del estado.
 
Si antes se realizaron acciones para abatir y prevenir la inseguridad y violencia contras las mujeres, fueron desarticuladas y sin un plan de trabajo definido, consideró Aracely González Saavedra, integrante de Equifonía, AC, organización firmante de la AVG.
 
Para la académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados, también presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el patrón de impunidad y asesinatos de mujeres sigue igual que en 2016, que cerró con 190 mujeres asesinadas.
 
“Lamentablemente estamos viendo que pese a la declaratoria de la Alerta, 2017 está repitiendo el patrón de violencia, para el mes de enero se tienen reportes de 15 asesinatos de mujeres, se han multiplicado los casos donde hay ejecuciones y vínculos con el crimen organizado”, señaló.
 
NO ES PRIORIDAD
 
Rosío Córdova, integrante del grupo de trabajo que realizó el análisis de la AVG, cuestionó la tardanza en la integración del grupo y advirtió que pareciera que no es prioritario para el gobierno lo que pase con la vida y los derechos de las mujeres.
 
Este jueves se instaló la GIM con la participación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con las instancias federales y del Gobierno estatal, donde finalmente se informó que se aplicarán 50 millones de pesos para las acciones de la alerta, y en dos meses más se revisarán los primeros avances de las medidas implementadas.
 
De acuerdo a la AVG, el gobierno estatal debería haber iniciado de forma urgente medidas de seguridad, prevención y justicia y reparación de daño a víctimas, visibilizar la violencia de género y enviar un mensaje de cero tolerancia, sin embargo las académicas y activistas consultadas pusieron en duda la implementación de las medidas.
 
DEPENDENCIAS, SIN ARTICULACIÓN
 
La activista Aracely González Saavedra dijo que una de las ventajas de la AVG es la articulación entre las diferentes dependencias, sin embargo se observa que hay desarticulación, por lo que se ha insistido en la mesa de trabajo donde se revisen cada una de las medidas establecidas, las de seguridad, de prevención, de justicia y reparación. Y un mensaje contundente de cero tolerancia.
 
Dependencias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso del Estado, deberían tener una estrategia articulada para la prevención de nuevos casos, y la atención urgente de los que ya han ocurrido, además de la reparación de justicia para las víctimas.
 
Señaló que si bien hay acciones, estas son insuficientes y limitadas, mientras no exista un plan para cumplir las recomendaciones en su totalidad.
 
“Han pasado tres meses del actual gobierno y la confirmación de la mesa está retardada, hay desconocimiento respecto a cómo se tendrían que articular, y el tiempo sigue pasando mientras hay más feminicidio”.
 
Consideró que para estas alturas de la alerta, se deberían tener resultados concretos, que a la fecha no existen.
 
Citó por ejemplo que la FGE debería tener un diagnostico e información actualizada de los feminicidios ocurridos, y el estatus de las investigaciones y si hay o no consignados.
 
También se debería tener lista la campaña en medios de comunicación para informar en qué consiste la AVG, y el banco estatal de datos de la violencia en Veracruz, pero nada de eso existe.
 
CONFUSIÓN EN MUNICIPIOS
 
Advirtió que también hay una confusión respecto al papel que juegan los 11 municipios que son parte de la AVG.
 
“Es una alerta general y las medidas deben hacer especial énfasis en ciertos municipios, pero la responsabilidad sigue siendo del gobierno estatal, no de los gobiernos municipales”.
 
Adelantó que Veracruz será uno de los primeros estados del país donde las organizaciones podrán tener voz y voto en el GIM y podrán vigilar los mecanismos de cumplimiento.
 
PATRÓN DE FEMINICIDIO, IGUAL QUE EN 2016
 
Estela Casados, académica de la UV y consejera del IVM, señaló que los patrones de violencia del 2016 no han cambiado para este año, a pesar de la implementación de la AVG.
 
Criticó que las carencias en los procesos de procuración de justicia continúan, no hay peritos especializados en violencia de género, ni se cumple al 100 por ciento la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ni el Protocolo de procedimientos básicos del delito de feminicidio.
 
“Los asesinatos de mujeres nos indican que no hay diferencia entre un antes y después de la alerta”, consideró.
 
Coincidió en señalar que no hay coordinación estatal para la implementación de medidas, los municipios han desarrollado acciones aisladas para la atención de la Alerta y no se informa a la población de manera constante, oportuna, veraz y suficiente sobre el estado que guardan las acciones y estrategias de la administración gubernamental.
 
ESFUERZOS AISLADOS
 
Por su parte, la académica de la UV, Rosío Córdova, cuestionó que el gobierno estatal se ha movido con oscuridad y silencio sobre las medidas implementadas, y apenas tres meses después se ha convocado al grupo de trabajo, lo cual ha retrasado una implementación efectiva de las medidas.
 
“Pareciera que no están haciendo nada, a menos que piensen que poner una luminaria es hacer cosas”.
 
LA POLÍTICA RETRASA AVG
 
Reconoció que la transición de gobierno de un partido a otro, y la situación política de Veracruz han retrasado la activación de la alerta.
 
Reiteró que se necesitan mecanismos más eficientes de evaluación de acciones importantes como la profesionalización que trabaja en garantizar una vida libre de violencia de las mujeres, entre otras.
 
“Vemos esfuerzos aislados, el banco estatal de datos e información sobre la violencia contra las mujeres siguen sin ser alimentado por la FGE y el DIF estatal que son las dependencias que fueron señaladas desde la presentación, hace más de un año. Cuando se dieron seis meses al gobierno estatal para las recomendaciones”, señaló como ejemplo de los incumplimientos.
 
17/FM/GG
 








LA VOZ DE LA COALICIÓN
SALUD
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A ocho años del Convenio para atender emergencias obstétricas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: María Guadalupe Ramírez Rojas* y María Graciela Freyermuth Enciso**
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/02/2017

2009 fue un año en que México contempló diversas estrategias para alcanzar las metas señaladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Fue el caso del Quinto Objetivo (ODM5), que perseguía reducir la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en un 75 por ciento durante el periodo 2000-2015, partiendo de las cifras de 1990 (88 por cada 100 mil nacidos vivos, lo que correspondería a una RMM de 22 por cada cien mil nacidos vivos para conseguir la meta del Milenio).
 
En mayo del 2009 se firmó el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de las Emergencias Obstétricas (Convenio), con la finalidad de coadyuvar en la reducción de la mortalidad materna. En esa misma línea, surgió el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), con apoyo del Grupo Interagencial de Naciones Unidas, con la idea de fungir como instancia independiente conformada por sociedad, academia y gobierno con el propósito de unir esfuerzos para el logro de los compromisos establecidos en el ODM 5.
 
La estrategia del Convenio marca un hito histórico en el Sistema de Salud Mexicano, puesto que es la primera política pública que provee de acceso universal de la atención de las emergencias obstétricas a las mujeres y sus recién nacidos, independiente de su afiliación y de manera gratuita. 
 
El Convenio plantea remontar dificultades en el acceso a los servicios de salud por cuestiones de índole geográfica, financiera, de afiliación. Y asegurarán la atención de las urgencias las principales instituciones públicas: Secretaría de Salud (SS), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Prospera).  
 
Se trata de aprovechar la infraestructura existente por medio de la colaboración interinstitucional, evitando demoras y garantizando el beneficio de la provisión de los servicios. Cabe señalar que cuando se planteó el Convenio no se consideraron indicadores de evaluación de procesos ni resultados y hasta el momento no existen evaluaciones internas con fines de analizar el impacto de esta iniciativa para reducir la mortalidad materna.
 
LA REALIDAD
 
El OMM ha monitoreado este Convenio desde el 2011 hasta 2015. Y de la experiencia de los resultados de tres monitoreos se destaca:
 
1. Las usuarias de los servicios de salud desconocen el beneficio potencial que puede proveer esta política pública. En promedio cada año se benefician poco menos de mil mujeres a través del Convenio. Cada año existen aproximadamente 750 mil emergencias obstétricas, las cuales son atendidas en los 1221 hospitales públicos del territorio nacional. Solo 467 establecimientos cuentan con acreditación expedida por la SS para la atención de las emergencias obstétricas.
 
2. Si bien se identificó que todas las mujeres son atendidas ante una urgencia, las distintas instituciones otorgan la atención privilegiando sus propias redes de servicios, sin colaborar ni aprovechar los recursos e infraestructura de las otras instituciones, y muy posiblemente demorando la atención.
 
3. En las zonas de acceso remoto y en aquellos establecimientos que no disponen de servicio de ambulancia, durante la búsqueda de la atención las mujeres incurren en gastos catastróficos que llegan a ascender hasta por cinco mil pesos. En su mayoría son mujeres de escasos recursos que viven en municipios con alto índice de marginación y donde existen también elevados niveles de inseguridad y violencia. Se identificaron casos en donde las mujeres realizaban trayectos entre distintos hospitales en distintas entidades federativas hasta por lo menos en cinco establecimientos diferentes.
 
RECOMENDACIONES PARA EL CONVENIO
 
Por todo lo anterior, el OMM recomienda difundir este Convenio que es de observancia obligatoria, al convertirse en ley a partir de noviembre del 2015. Esta obligatoriedad implica que se deberá atender a las mujeres durante una emergencia obstétrica en cualquier establecimiento, es decir, no se limita a los 467 hospitales donde opera el Convenio.
 
Para conseguir el acceso universal, es importante que las distintas instituciones configuren redes de servicios con un enfoque interinstitucional, con el objetivo de asegurar la provisión a todas aquellas mujeres que así lo requieran.
 
La formalización de redes interinstitucionales para la atención de emergencias obstétricas posibilitaría una ruta de entrada más eficiente al sistema de salud, y coadyuvaría en la atención de cualquier tipo de padecimiento, tanto agudo como crónico.
 
Es urgente acreditar a la totalidad de establecimientos hospitalarios en la atención de emergencias obstétricas, sobre todo aquellos que otorgan este servicio de manera rutinaria. Con ello los hospitales se comprometen a disponer de la suficiencia de recursos humanos, insumos, tecnológicos e infraestructura para otorgar la atención las 24 horas los 365 días del año según las necesidades de las mujeres y los recién nacidos.
 
El OMM recomienda que los proveedores de servicios de salud desarrollen habilidades y competencias gerenciales, que permitan maximizar la utilización de recursos de la red interinstitucional, a partir de difundir el enfoque de colaboración interinstitucional entre el Cuerpo de Gobierno y personal de salud involucrado en la atención de las emergencias obstétricas.
 
*Investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México
**Profesora investigadora del CIESAS-Sureste
***El Observatorio de Mortalidad Materna en México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
17/MGRR/MGFE/GG
 








NACIONAL
SALUD
   Denuncian OSC
Gobierno redujo 45 por ciento presupuesto para prevenir embarazo adolescente
CIMACFoto: Monserrat Antúnez Estrada
Por: Monserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/02/2017

El Gobierno federal redujo 45 por ciento el presupuesto de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y omitió campañas enfocadas a niñas de 10 a 12 años, revelaron hoy el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), y las organizaciones Controla tu Gobierno y Fundar.
 
La ENAPEA fue aprobada en 2015 por Enrique Peña Nieto, en un contexto en el que, de acuerdo a datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud de 2014, cada día ocurren 997 nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.
 
La Estrategia recibió en 2015 una asignación de 23 millones de pesos, para ser aplicados por el Consejo Nacional de Población (Conapo), Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y Secretaría de Salud (SS).
 
Sin embargo, para 2016 y 2017 el presupuesto de la ENAPEA se redujo a 12 millones y se le quitaron las facultades de incidencia al Inmujeres.
 
Estos datos son resultado de una investigación realizada por mujeres indígenas y jóvenes en compañía del ISLB, las cuales,  a través de 129 solicitudes de acceso a la información y 63 recursos de revisión, consultaron cómo se distribuyeron los recursos del programa.
 
NIÑEZ SIN CAMPAÑAS
 
Durante la presentación de los resultados, la coordinadora del Programa Mujeres Indígenas (Promui), Zenaida Pérez Gutiérrez, denunció que la ENAPEA no considera explícitamente en su programa de comunicación social realizar campañas para las y los niños de 10 a 12 años de edad. “La información no se difunde, además no hay datos que indiquen cuántos y cuáles métodos llegan a las comunidades más pobres, eso hace más vulnerable a las niñas y adolescentes”.
 
Pérez Gutiérrez aseguró que el embarazo en niñas de comunidades indígenas del país es “reflejo de la violencia estructural, que impacta en ellas de mayor manera porque viven en zonas rurales y en condiciones precarias”.
 
¿DESVÍO DE RECURSOS?
 
Por otra parte, el integrante del ILSB, Javier Garduño, indicó que, a través de la investigación, identificaron que durante 2016, el Instituto Nacional de la Salud Pública utilizó más de 40 por ciento en rubros que no están relacionados directamente con las líneas de acción de la ENAPEA, entre ellos la renta de maquinaria pesada.
 
En el próximo mes, el ILSB presentará en su sitio Web una segunda parte de la investigación, la cual contiene información específica sobre entidades particulares.
 
En entrevista para Cimacnoticias, la integrante de la organización Controla tu Gobierno, Maylí Sepúlveda, comentó que durante 2017, junto con Fundar y el ILSB, presentarán los resultados obtenidos al Gobierno federal.
 
Y comentó “urge que den respuesta, porque, algo notorio es que no hay un registro específico de cómo se distribuyen el presupuesto en otras instancias de salud pública que implementan la ENAPEA, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
 
Por ello, Controla tu Gobierno y Fundar acompañarán al ILSB durante este año para “presionar a las instituciones para que al menos se informe en qué se emplea el dinero y podamos saber si la estrategia es eficaz o no”, añadió Maylí Sepúlveda.
 
17/MAE/GG
 








NACIONAL
   Tercer Monitoreo del Observatorio de MM
Instituciones no colaboran ante emergencias obstétricas
Imagen retomada del portal de la Asociación Mexicana de Parteria.
Por: Blanca Elena Ibelles Fernández
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/02/2017

Existe una escasa o nula colaboración entre las principales instituciones públicas de salud en México para atender las emergencias obstétricas, pese a que hace casi ocho años se firmó el Convenio General de Colaboración interinstitucional para la Atención de las Emergencias Obstétricas (CAEO), revela el Tercer Monitoreo del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM).

Datos del OMM indican que al año se registran aproximadamente 750 mil emergencias obstétricas en los mil 21 establecimientos del territorio nacional, pero sólo alrededor de mil casos sucede en alguno de los 466 centros hospitalarios donde opera el Convenio.
 
El Tercer Monitoreo se realizó durante el segundo semestre de 2015, para analizar las redes de servicios que otorgan Atención de Emergencias Obstétricas (AEO), en 90 establecimientos hospitalarios de 15 entidades federativas distribuidas en seis regiones: Huastecas (Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas); Península (Campeche, Quintana Roo y Yucatán); Chiapas; Bajío (Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí); Guerrero (zona de la Montaña y Costa Chica), Metropolitana (Ciudad de México y Estado de México).
 
En entrevista con Cimacnoticias, la investigadora del OMM, doctora María Guadalupe Ramírez Rojas, explicó que esta falta de colaboración sucede porque, en ocasiones, las instituciones prefieren canalizar a las mujeres con Emergencia Obstétrica al interior de sus propias redes institucionales, aunque ello implique un traslado a otra entidad federativa, en vez de apoyarse en otras instituciones de salud más cercanas.
 
Es decir, si una paciente afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presenta alguna emergencia y el establecimiento no cuenta con los recursos para brindarle atención adecuada, la práctica generalizada es canalizarla a otro hospital de la misma red, aunque tenga que recorrer una mayor distancia si la envía, por ejemplo, a un hospital de la Secretaría de Salud (SS).
 
Para reducir estos obstáculos, es preciso implementar de forma explícita el Convenio, con la conformación de redes interinstitucionales y así mejorar el tiempo de resolución de las emergencias obstétricas.
 
Detalló la especialista que, si bien en las instituciones no se rechaza a ninguna de las mujeres que acuden a solicitar el servicio, aún hace falta que haya diversas opciones para su atención y esto se lograría con mayor colaboración institucional entre los firmantes del Convenio: Secretaría de Salud, IMSS e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
 
CAEO Y PROVEEDORES DE SALUD
 
Además, indicó la especialista, el CAEO es utilizado de manera limitada entre los proveedores de salud. Y cuando hay colaboración entre las instituciones, es gracias a acuerdos informales entre proveedores de distintas instituciones del sector, a través de acuerdos y convenios locales. Incluso, en algunas ocasiones, indicó, las distintas instituciones subrogan los servicios al sector privado.
 
De ahí la necesidad, dijo Ramírez Rojas, de difundir la existencia del Convenio entre proveedores de servicios de salud.
 
ATENCIÓN A MUJERES INDÍGENAS
 
El Monitoreo identificó también que, en el caso de la atención a mujeres indígenas, sólo los establecimientos del  IMSS-Prospera aplica un enfoque intercultural. Esto les permite que, de acuerdo con sus costumbres culturales, puedan parir en la posición que decidan, estar acompañadas por su partera durante el embarazo y el parto, y que las instituciones de salud las atienda en colaboración con las parteras y promotoras tradicionales. 
 
La investigadora del OMM realizó un llamado para la formalización de redes de servicios, en las que estén incluidas todas las instituciones, sin distinción de territorios y sin importar que la paciente esté adscrita a una u otra institución de salud. 
 
17/BEIF/GG
 








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