Miguel Ángel Yunes

ESTADOS
VIOLENCIA
   Decisión grave en un estado bajo AVG
Orden de liberar a pederasta de Veracruz revela corrupción e impunidad
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2017

La decisión del juez Anuar González Hemadi de ordenar la liberación de Diego Gabriel Cruz, acusado de pederastia tumultuaria en contra de la menor de edad Daphne, en Veracruz, fue calificado como un “absurdo jurídico”, que muestra el nivel de corrupción e impunidad en contra de las adolescentes en México, así como la complicidad del Estado con los agresores, a quienes se premia y ampara.      
 
En eso coincidieron la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz (Remufever), la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, el Colectivo Akelarre AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que emitieron sendos comunicados en rechazo a la decisión del juez, dada a conocer el martes pasado. 
 
El Inmujeres solicitó al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la revisión inmediata del fallo del Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz y, en coincidencia, en la sección Trascendió del diario Milenio se asegura hoy que la decisión del juez “encendió los focos rojos del Poder Judicial de la Federación,” por lo que ese órgano judicial “sesionará hoy mismo para revisar el fallo”. 
 
Redim explicó en su comunicado que los argumentos presentados por el Juez son “insostenibles” por lo que es urgente realizar un análisis exhaustivo con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables: Diego Cruz, Jorge Cotaita, Enrique Capitaine y Gerardo Rodríguez.
 
¿Y LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO?
 
Remufever y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, consideraron que ordenar la liberación de Diego Cruz es de suma gravedad, ya que en el estado está vigente la Alerta de Violencia de Género, lo que envía un mensaje de impunidad y vulneración de los derechos y la vida de las mujeres: “Se puede violar, matar y agredir a las mujeres con el apoyo y respaldo de la autoridad competente”. Aquellas que aún son menores de edad han perdido absoluta garantía de sus derechos, señalan.
 
En el mismo sentido, una petición en change org, dirigida al Ejecutivo federal, al gobernador Miguel Ángel Yunes y al ministro Luis María Aguilar, señala que una decisión así revela que el estado de Veracruz es cómplice de pederastia.
  
TIPO PENAL
 
Redim consideró que el juez desvirtuó el tipo penal de abuso sexual por un “frotamiento incidental” donde no se observa intención “lasciva” ni la intención de “copular”, lo que representa “un grave retroceso en el reconocimiento y acceso a la justicia de las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual y sienta un precedente que da lugar a la impunidad”.
 
Sobre el tipo penal, Remufever y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, detallaron que este debe valorarse dentro de un contexto, no solo sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino a la luz de la perspectiva de género, tal y como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del  15 de abril de 2016. 
 
Critican que el juez dio prevalencia a la presunción de inocencia por encima del principio de igualdad, enfoque previsto en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas y los Derechos Humanos de las víctimas a nivel internacional.
 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
 
Recordó Redim que el Estado está obligado a proteger los derechos de niñas y niños víctimas, y que esta justicia no solo se basa en las Leyes nacionales, sino que debe ser ejercida a partir de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
 
Las organizaciones veracruzanas señalaron también que en la decisión del liberar al agresor de Daphne no se consideraron criterios internacionales y nacionales respecto a la violencia sexual. La decisión, dicen, se justificó en una tesis jurisprudencial del año 2006, antes de que se diera “reconocimiento de la violencia hacia las mujeres a partir de Tratados Internacionales vinculantes para México”.
 
EXIGENCIAS
 
Redim, Remufever, la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, el Colectivo Akelarre AC, y el  Inmujeres, exigieron a la Fiscalía veracruzana interponer un recurso de revisión de la decisión del juez Anuar González Hemadi, investigar su capacidad jurídica e independencia, que quedan en duda ante este tipo de sentencias.
 
También, que el Tribunal Colegiado haga un análisis exhaustivo con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género del expediente de la adolescente víctima de violencia sexual tumultuaria, que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables.
 
Y al gobierno de Veracruz que desarrolle inmediatamente acciones concretas de prevención y detección de casos de abuso sexual que han recibido la protección de autoridades y jueces corruptos, así como dar acceso inmediato ​a la justicia, apoyo psicológico y protección a víctima y sus familiares, tomando medidas cautelares que eviten su revictimización o afectaciones a su integridad.
 
Estamos, dice el comunicado de Inmujeres, “en un momento crucial en el que ya no hay marcha atrás para exigir una justicia ágil, imparcial y transparente. Las y los operadores de la procuración y administración de justicia cuentan hoy con normas,  herramientas y mecanismos suficientes, con estándares internacionales que deben aplicar en sus resoluciones, y que en este amparo fueron omitidos flagrantemente”.
 
 17/RED/RED








ESTADOS
SALUD
   ¿Destruyó SS las decomisadas en 2011?
Pruebas de VIH decomisadas por Cofepris eran para mujeres embarazadas
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Brisa Gómez
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 02/02/2017

Ante el hallazgo de 46 mil 900 pruebas de VIH fabricadas por un laboratorio chino, sin registro sanitario y adquiridas por  la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria y decomisó dichos materiales, que estaban destinados a  mujeres embarazadas.
 
Esta determinación de la Cofepris fue a partir de las investigaciones que se han llevado a cabo en Veracruz, tras la declaración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, respecto de la posible utilización de agua destilada en lugar de tratamientos de quimioterapia en pacientes oncológicos.
 
De acuerdo con lo dado a conocer por la Cofepris, estas pruebas fueron fabricadas por la empresa Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, la cual no cuenta con un registro sanitario en México, por lo que se determinó su aseguramiento.
 
Dichas pruebas fueron vendidas a la Secretaría de Salud por la empresa Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo S.A. de C.V., misma que al menos en una ocasión fue convocada a participar en procesos de licitación por invitación restringida, para proporcionar el servicio de mensajería y paquetería.
 
Esta empresa ganó la licitación GEV-SSV-22-LPE-1-03-11, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Salud, para venderle a la dependencia las mencionadas pruebas de VIH.
 
RESULTADOS “NO TAN SEGUROS”
 
Las pruebas rápidas señaladas por la Cofepris fueron adquiridas para ser aplicadas a mujeres embarazadas como método para detectar durante la gestación si eran portadoras del virus de inmunodeficiencia humana y con ello aplicarles el tratamiento profiláctico necesario para impedir la transmisión del virus al feto durante el embarazo o al bebé durante el parto y la lactancia.
 
Sin embargo la dependencia federal señaló que tanto la efectividad como los resultados que pudieran arrojar, “no son seguros”.
 
PIDEN A ACUDIR A LA SS

Una alerta sanitaria se declara cuando se detecta que hay riesgos potenciales para la salud de la población e implica el desarrollo de acciones urgentes y eficaces, entre las que se encuentra la detección de la irregularidad, el decomiso de estos materiales y las investigaciones correspondientes.
 
Al dar a conocer la alerta sanitaria por parte de la Cofepris, esta hizo un llamado a la población para que, en caso de tener dudas o de haber sido sometida a una prueba de VIH con estas pruebas en la Secretaría de Salud, se pongan en contacto con la dependencia federal al número 01 800 0335 050.
 
PRUEBAS NO LOCALIZADAS
 
La integrante del Grupo Multisectorial VIH, Patricia Ponce Jiménez, declaró que ahora la Secretaría de Salud deberá comprobar que las 46 mil 900 pruebas rápidas de VIH decomisadas por Cofepris no pertenecen al lote de 70 mil que fueron  denunciadas y rechazadas por esa organización, pues de lo contrario existirían 23 mil no localizadas, con el riesgo de que hubieran sido utilizadas en la población.
 
La activista insistió en que la Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de garantizar atención a este tema, especialmente en un momento en que la Federación, a través de la Cofepris, ya intervino y emitió esta alerta sanitaria.
 
Insistió en que la exigencia del Grupo Multisectorial es que la dependencia federal garantice ahora que las 70 mil pruebas defectuosas reportadas en 2011 fueron destruidas en su momento y que no se utilizó ninguna en la población a la que se practicó un examen de VIH a partir de ese año.
 
POSIBLE RESPONSABILIDAD LEGAL
 
Dijo que, en caso de no haberse cumplido con esa exigencia de destruir las pruebas que daban falsos negativos y se usaron de manera irregular, ahora la Secretaría de Salud deberá buscar a esas personas, mujeres, hombres y hasta menores de edad nacidos durante los últimos cinco años para practicarles una prueba real y confiable.
 
En caso de que estas personas, dijo, hubieran sido reportadas con un falso negativo, la Secretaría de Salud y el Estado tienen la responsabilidad de atenderlas e incluso podría llegar a haber responsabilidades legales adicionales.
 
También consideró que en el caso de que estas 46 mil 900 pruebas, pertenezcan a un lote diferente, deberá garantizarse que ninguna de esta entrega hayan sido utilizadas en la población.
 
En Veracruz está vigente la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Veracruz, en donde se establece en su Artículo tercero que:
 
“La actuación irregular de la administración pública origina el derecho a la indemnización, siempre y cuando el acto no sea anulado o revocado vía administrativa de conformidad con el Código de Procedimientos Administrativos antes de que se presente la reclamación respectiva”.
 
Es decir que por una actuación irregular de las dependencias municipales o estatales, la persona afectada puede recibir una indemnización.
 
Dicha Ley, en su Artículo cuarto, además dice que: “La lesión patrimonial, que incluye el daño moral, debe ser evaluable en dinero, real y directamente relacionada con una o varias personas. La Administración Pública sólo está excluida de responder por los daños y perjuicios causados por caso fortuito o fuerza mayor”.
 
17/BG/GGQ
 








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