Código Penal

INTERNACIONAL
Aborto
   Grupo experto apoya iniciativa en favor de mujeres
ONU emplaza a Congreso salvadoreño a despenalizar aborto
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 11/05/2017

Un grupo de personas expertas de Naciones Unidas ha emplazado al Congreso de El Salvador a aprovechar la revisión de un artículo del Código Penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
 
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, expresaron las expertas y expertos.
 
“Instamos a las y los legisladores a aprovechar esta oportunidad única para convertirla en un punto de inflexión en la historia de los derechos de la mujer en el país”, recalcaron.
 
Desde ONU indicaron que la prohibición total que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país.
 
El Salvador es uno de los pocos países del mundo que criminaliza a las mujeres por intervenciones realizadas en las situaciones citadas antes, señalaron los relatores.
 
También advirtieron que debido a la amenaza del castigo penal, las afectadas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones.
 
Destacaron que muchas mujeres han sido procesadas hasta 40 años de prisión bajo cargos de aborto, a veces caratulado (tipificado) como homicidio agravado. Las más afectadas son las que viven en pobreza y que no pueden acceder a la defensa legal.
 
“Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”, agregó el grupo de Naciones Unidas.
 
Recordaron que la criminalización del aborto no reduce las tasas, tal como lo muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud, sino que por el contrario, suele aumentar el número de mujeres que optan por practicárselo de forma clandestina, lo que las expone a tratamientos inseguros.
 
Los relatores que emitieron este comunicado son, Alda Facio, presidente del grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
 
EL ABORTO EN EL SALVADOR
 
Desde 1988 el aborto está totalmente penalizado en El Salvador, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro. Esta medida no solo ha cobrado las vidas de mujeres y niñas, pero también ha supuesto el encarcelamiento de decenas de mujeres.
 
La ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Como consecuencia, mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo han sido procesadas y condenadas tras ser acusadas de “aborto inducido,” con sentencias de hasta 40 años de prisión.
 
Los datos demuestran que la total penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.
 
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros.
 
La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG








INTERNACIONAL
   República Dominicana
Periodistas piden al Congreso despenalizar el aborto por tres causales
Imagen retomada de Cladem
Por: Mercedes Alonso Romero
Cimacnoticias/SEMlac | Santo Domingo, Rep Dom .- 13/02/2017

Decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación dominicanos solicitaron el pasado martes 7 a senadores y diputados aprobar en la actual legislatura extraordinaria el Código Penal con las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo (PE), a fin de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando sea el resultado de una violación o incesto, cuando peligre la vida de la mujer y cuando el feto sea incompatible con la vida.
 
En carta enviada a los Presidentes de ambas cámaras legislativas, el grupo de reporteros y reporteras, comentaristas, entrevistadores de televisión, radio, prensa escrita y digital; así como ejecutivos de medios de prensa y productores de programas expresaron su convicción de que el Estado dominicano tiene el deber de defender la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres, y que “saldrían fortalecidos si por fin se aprueba el Código penal con las enmiendas que ha formulado el PE”, resaltan.
 
La misiva expone en uno de sus párrafos: “Aspiramos a mantenernos en sintonía con los mejores intereses y necesidades de nuestro país, por lo que nos inquieta sobremanera que el conocimiento del Código Penal sea aplazado, una vez más, para la próxima legislatura, por lo que solicitamos sus buenos oficios para que este se conozca cuanto antes, y con las observaciones que -por segunda vez- envía el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional”.
 
Quienes firman el documento subrayan: “Nos sumamos a la posición asumida por el presidente Medina al establecer que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que deben regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en los tres supuestos debidamente fundamentados”.
 
Finalmente, el texto destaca que “despenalizar la interrupción del embarazo no significa obligar a nadie a hacerlo. Significa que el Estado permite esa interrupción para quien tome esa decisión ante situaciones adversas establecidas legalmente”.
 
CREAN COMISIÓN, PERO TEMA SE DILATA
 
La sociedad dominicana conoció el pasado 11 de enero la decisión del Senado de la República de conformar una comisión destinada a estudiar las observaciones del presidente Medina, en las cuales el mandatario propuso volver a discutir si se aprueba o no un Código Penal que despenaliza el aborto si se cumplen las causales antes mencionadas: violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión.
 
La primera reunión de dicha comisión especial tuvo lugar el pasado 17 de enero, a fin de discutir la metodología de trabajo.
 
En la cita hubo intervenciones encontradas, como la del legislador Julio César Valentín, quien llamó a sus colegas a apoyar la propuesta del Presidente de la República, y la de la diputada Betzaida González, que exhortó a rechazar el pedido del PE. De inmediato, los obispos católicos publicaron en su Carta Pastoral que “la ideología de género” promovía “el libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, el homosexualismo, el lesbianismo y el aborto”.
 
Mientras, las estadísticas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud estremecen al dar a conocer que en la República Dominicana por cada 100 mil nacimientos vivos, mueren 106 mujeres, sobre todo pobres, como consecuencia del alto número de abortos clandestinos, estimados en 90 mil cada año, practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad.
 
17/MAR/GG








TRANSGRESORAS
FEMINISMO
   TRANSGRESORAS
   Segunda parte
Marcela Lagarde, a 10 años de la LGAMVLV
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017

Hace 10 años, la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, junto con la Comisión de Equidad y Género de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, logró la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), sustentada en el trabajo científico de 60 investigadoras.
 
Marcela cuenta que pudo aprobarse la ley porque “donde pone el ojo, pone el hacer”, porque logró acuerdos con la Comisión, encabezada por Diva Gastelum y con partidos; por la experiencia de sus compañeras diputadas, como Angélica de la Peña y porque, como ella le aconsejó, habló “hasta con el diablo” sobre la urgencia de una ley que no sólo castigara.
 
Todo se volvió creíble, recuerda, porque fue público y  dialogado, y se votó “palabra por palabra”, pero lamenta que a 10 años de la LGAMVLV lo que más haya pegado “como moda” sea la Alerta de Violencia de Género, y las otras partes de esta ley integral no se vea. Critica también la descoordinación y enredos de las instituciones que surgieron a partir de la ley.  
 
ERRADICAR, NO SOLO DENUNCIAR
 
Lucía Lagunes (LLH): ¿Cómo surgió la LGAMVLV?
 
Marcela Lagarde (MLR): La ley surgió porque entendí que no solo estás ahí, en la Cámara de Diputados, denunciado, ya eres parte de las instituciones del Estado y no puedes ponerte solo a denunciar.   Y porque Alma Vucovich, ex diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) me habló y me dijo “tú has venido mucho a Ciudad Juárez,  sabes lo que pasa aquí, ven a explicarnos por qué los hombres matan a las mujeres.
 

Marcela Lagarde habla sobre feminicidio: Mi agenda política era lograr la tipificación del delito de feminicidio. CIMACFoto: César Martínez López

 
Eso me cambió la vida porque tuve que asumir una  posición propositiva, investigativa, teórica y política para explicarlo, ya no para denunciarlo y me encontré con un libro maravilloso de Diana Rossel y Jean Ralsfo que se llama  “El feminicidio, una política del asesinato de las mujeres”, que es una antología sobre el feminicidio, que contiene una incipiente teoría del feminicidio.
 
Mi agenda política era lograr la tipificación del delito de feminicidio, no sabía nada, no entendía. Había trabajado por la tipificación, ya tenía una visión, se llamaba feminicidio. Establecí la Comisión de Feminicidio y la Cámara asumió el concepto. 
 
La gente no se da cuenta, pero vas creando una jurisprudencia, que se nombren las cosas como nosotras las nombramos, desde la perspectiva feminista de género. Fue un gane, sin pelearnos, siendo minoría numérica, las mujeres en la Cámara éramos 22 por ciento y éramos minoría ideológica, filosófica, 4 autodefinidas feministas.
 
Abrimos la Comisión, reunimos muchos puntos de vista porque era la lógica de la política dialógica. Yo pertenecía al movimiento, no dejas de pertenecer al movimiento porque eres legisladora, eres una legisladora feminista y tienes una base.
 
Pero llegó un momento en que dije: con la tipificación del delito no vamos a enfrentar el problema, esa es una parte mínima, vamos a poder construir una parte del acceso de las mujeres a la justicia, porque vamos a tener un delito en el Código Penal, y eso nos va a permitir perseguirlo y castigarlo, pero lo que queremos es erradicar la violencia contra las mujeres.
 
DE LA IDEA A LA LETRA
 
MLR: Un día me levanté y dije, necesitamos una ley que dicte una política de Estado como dice la CEDAW (la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer). Entonces nos juntamos e hicimos la ley entre muy poquitas diputadas, nos pusimos a estudiar técnica jurídica, porque no sabíamos ni cómo se redactaba.
 
Trabajamos en la ley, constantemente, dos diputadas y la presidenta de la Comisión  de Equidad y Género, Diva Gastelum. Hicimos una alianza trans-partidista, con perredistas, priistas, hasta un cuate de Convergencia, Jesús González Schmal. Después, a defender Comisión por Comisión. Es terrible, se va votando casi palabra por palabra, pero tienes un texto que tiene coherencia y pueden hacer un cicirisco de un texto. Me pasó eso con la definición de la Alerta de Género.  
 
RUPTURAS, PACTOS Y AVANCES
 
LLH: En ese momento, te toca un momento muy fuerte: la ruptura del PRD con Rosario Robles. 
 
MLR: La ruptura… yo no, pero sí el partido. Las personas no son idénticas siempre, evolucionan, cambian, dan virajes, tienen crisis, hitos en su vida.  Rosario, siempre fue una mujer de izquierda, la conocí en el sindicato en la UNAM, en la Facultad de Economía, participó en todo y luego gobernó esta ciudad e hizo cosas fenomenales, reconocida por la gente, era una cosa impresionante.
 

Marcela Lagarde dice: Mi reacción era empoderarnos con un orgullo feminista. CIMACFoto: César Martínez López

 
LLH: Reconocida entonces por algunas feministas como la próxima presidenta…
 
MLR: No solo por algunas feministas, creo que en el cuadro político, eso tuvo que ver, y se la poncharon, entre otras cosas por eso, porque se acercó demasiado a la posibilidad de ser la primera presidenta de este país.
 
LLH: Y en ese ambiente, no solo contra Rosario, sino contra el feminismo, lograste sacar una ley…
 
MLR: No sólo una ley: logramos acreditar al feminismo, tuvo autoridad. Mi reacción era empoderarnos con un orgullo feminista. Caminábamos por la Cámara,  a nosotras no nos van a enjuiciar junto a Rosario, estábamos haciendo una ley. Con mi Comisión y 60 investigadoras hicimos la investigación más importante que se ha hecho en México sobre violencia feminicida. Todo eso logró callar la boca a todo el mundo en torno a nosotras, pero también se fue diluyendo el tema de Rosario y fue prevaleciendo el aporte positivo que hacíamos las diputadas feministas, además aliadas con todo el mundo.
 
LLH: ¿Pactaste?
 
MLR: Pactamos. Todo lo que fui elaborando lo pude poner en práctica, la sororidad con principio político de relación con las demás. Y mira que me serrucharon el piso, juntaron firmas para sacarme de la Comisión de Feminicidio, hicieron cosas terribles y la persona que lo hizo sabe que lo hizo.
 
Mi ética política es otra, no contexto con destrucción, sigo adelante. Nosotras hicimos el dictamen de la ley, pasó por tres comisiones, y elaboramos los tres dictámenes. Nos quitaron de la ley el delito de feminicidio, por técnica jurídica y penal. Entonces dijeron “hagamos una negociación, ustedes quitan el delito de feminicidio y aprobamos la ley”. Así fue la negociación.
 
Desconsideraban la ley, les parecía anodina. Nos la objetaron porque estaba dirigida solo a las mujeres. El sujeto de la ley son las mujeres y eso rompe con todo el marco jurídico mexicano. Es transgresora, es vanguardista en el mundo, porque tiene como sujeto a las mujeres. Además, porque consideramos la violencia misoginia concentrada, contiene todo el argumento de cómo el patriarcado violenta a las mujeres. No es que los hombres, unos poquitos estén enfermos, no es que las mujeres se peleen con todo el mundo. Es que hay cinco tipos de violencia y cinco modalidades.
 
Nos faltó la violencia política, que ahora vamos a introducir en una reforma y ojalá se haga pronto. Tampoco incluimos la violencia obstétrica, que se introdujo en Veracruz. Sigue siendo una ley maravillosa, la política que contiene esa ley está en construcción.
 
FUI DERECHO, NO ME QUITÉ
 
LLH: ¿Cuáles fueron las claves que te permitieron sacar esta ley?
 
MLR: Cuando pongo el ojo, pongo el hacer, fui derecho y no me quité. Además con Diva Gastelum, quien estuvo de acuerdo, que asumió, pues esa era la Comisión Legislativa. Y luego Angélica de la Peña, quien tiene una experiencia legislativa de lujo y me enseñó que hay que hablar hasta con el diablo.
 
Y lo hice, hablé con procuradores en todo el país, con defensores de derechos humanos, con quienes estaban acusando, con quienes exigían. Eso nos permitió hacer la ley. Y a mí, con un equipo científico, hacer la investigación diagnóstica. En mi cabeza la investigación justificaba la ley: no sólo íbamos a castigar.
 
Ese fue un debate con muchas compañeras feministas, que querían únicamente la penalización. Con todas fui a discutir, todo lo hicimos público, dialogado, se volvió creíble.
 
También hubo problemas con compañeras de Ciudad Juárez, porque cuando les llevamos la investigación diagnóstica sobre el feminicidio en México me dijeron que le dábamos en la torre al trabajo que venían haciendo desde años, al decir que había feminicidio en otros lados del país,  cuando el argumento de ellas era la excepcionalidad del feminicidio.
 
MÁS QUE ALERTAS
 
LLH: Todavía no se logra aplicar la ley…
MLR: La gente me dice “siguen matando a las mujeres”, y lo dicen con orgullo, que “hay muertas”. Existe una cantidad de morbo en torno a la violencia contra las mujeres terrible. He visto, por ejemplo, en el debate sobre hacer las leyes o no hacerlas, a grupos de compañeras de movimiento de mujeres que parecía que estaban esperando a la siguiente, para demostrar que matan mujeres.
 
Acabé asqueada de esa incapacidad de empatía con las mujeres, y en contraste, del uso de las mujeres y la problemática de las mujeres para hacer activismo, para denunciar, para exigir. Al extremo de que, lo que más pegó como moda en el movimiento amplio de mujeres fue la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
Y de lo demás de la ley nadie se ocupa, no les importa, no les interesa, no entienden que es una ley integral, que requiere una política integral del Estado. Solo exigen que se cumpla la AVG porque esa, yo lo entiendo, permitía denunciar, exhibir, exigir enfrentar con el discurso la impunidad terrible que hay.
 
EL TRAMPOSO ENREDO
 
LLH: La alerta ha sido un instrumento también para las instituciones del estado, se volvió un “toma y daca”...
 
MLR: Ahí hubo un cambio importante, pasamos los primeros años en algo muy atrapante, muy terrible, que estaba en la ley: ese famoso Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias de las Mujeres en México, que lleva el título completo porque lo tomamos de la Convención Belém do Pará. Se llama así para hacer todo eso y porque era el encargado de aprobar todas las políticas ligadas a la violencia.
 
Luego surgió la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), porque no había organismo en la Secretaría de Gobernación, que preside al Sistema, para encargarse del asunto. Se crea también la Fiscalía Especial para Atender Delitos de Violencia contra las Mujeres. Eran ya varias instancias, cada una trabajando cosas sin entender bien la ley, para empezar.
 
Luego, rápidamente a la Fiscalía Especial le aumentaron “y la Trata de Personas”, lo que la desvirtuó totalmente. Estaba imponiéndose en toda América Latina la Ley de Trata, fue una movilización latinoamericana y europea. Estaban definiendo qué es la trata, digamos para acotar los mercados de mujeres. Para mí fue clarísimo: para eso se legisló. 
 
CAMINO DE LEYES
 
LLH: ¿Cómo ha sido tu experiencia como legisladora?
 
MLR: La Cámara de Diputados se conecta con lo de ahora, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en donde soy presidenta de la Comisión Carta de Derechos. He sido militante inscrita con credencial en los partidos de izquierda: pasé del Partido comunista (PCM) al PSUM (Partido Socialista Unificado de México, al PMS (Partido Mexicano Socialista), al Frente Democrático Nacional y al PRD.
 
En el PRD no me gustó el tratamiento que hicieron en el proceso para las candidaturas a la Cámara de Diputados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (1988), y no volví durante 10 años.  Después me pidieron que fuera candidata a diputada, en la LIX Legislatura, cuando Rosario Robles era la presidenta del PRD.  Su nombre ha quedado en una reforma legal que tiene que ver con el aborto. Es la única ley que lleva el nombre de una mujer: la Ley Robles.
 

Fui una “mujer cuota”, 4 cuotas que habíamos ganado en los ayeres en otros partidos y que heredó el PRD: la cuota externa, intelectual y ser feminista. CIMACFoto: César Martínez López.

 
Decidieron abrir en el PRD 20 candidaturas ciudadanas y me dije “ustedes no han cambiado”. Una semana me estuvieron presionando, fui a dos reuniones a casa de amigos, donde estaba Rosario, y ahí nos propuso que fuéramos con el PRD y todos muy críticos. Yo muy atravesada por una contradicción: “están convocando a que las mujeres hagamos política y tienes que ir a través de los partidos”, porque no habían esos fenómenos de las  y los independientes. Tenía 50 años, llena de vida y muy apasionada, pensé “esto me permite aprender algo nuevo”.
 
Fui una “mujer cuota”, 4 cuotas que habíamos ganado en los ayeres en otros partidos y que heredó el PRD: la cuota externa, intelectual y ser feminista.
 
LLH: ¿Qué te significó recibir la medalla Elvira Carrillo?
 
MLR: ¡Uf!, me significó mucho gusto, por el reconocimiento que el Senado me hacía, siendo una feminista y porque, por tanto, estaba reconociendo al feminismo. Nosotras, que somos rebeldes, subversivas, transgresoras, que hemos estado a veces en la esquina de la política, que hemos sido vistas como peligrosas al orden social, casquivanas, todo lo que está en el imaginario de la derecha sobre el feminismo, ésas estamos siendo reconocidas en una institución muy importante del Estado mexicano.
 
Para mí los cambios pasan por el Estado, para que haya derechos humanos tiene que haber Estado, si no hay Estado que garantice no hay derechos. Soy una crítica del Estado contemporáneo, como todas las feministas de todos los tiempos, pero al mismo tiempo pues ser una teórica del Estado feminista.
 
Nosotras ya vivimos en un Estado reformado, desde el punto de vista de género, pero nosotras le hemos dado un empuje enorme en la segunda mitad del siglo XX.
 
Son 15 años de reformas impresionantes en el mundo global, en las instituciones internacionales de derechos humanos, y todo eso es un impacto en el mundo occidental enorme, la Conferencia Mundial de Pekín, la Cumbre de Viena, Belém do Pará… Son un conjunto de movimientos feministas que cuajan  en declaraciones vinculantes, en tratados, en los que nos apoyamos las locales para llevar en nuestros países.
 
17/LLH/GGQ








NACIONAL
Interrupción Legal del Embarazo en México
   Presentaron “Realidades y falacias en torno al aborto”
Código Penal de la CDMX, guía para homologar causales de ILE en el país
Aspecto de la presentación del libro “Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos” en el Colmex | Foto retomada de Twitter: @elcolmex
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/08/2016

Todos los estados del país deben homologar las causales que permiten el aborto, tomando como ejemplo el Código Penal de la Ciudad de México, que lo despenaliza hasta las 12 semanas de gestación, con el fin de que ya no se criminalice a las mujeres que interrumpen un embarazo por diversas circunstancias.  
 
Así lo propuso Susana Lerner, maestra en Demografía por El Colegio de México (Colmex) y autora, junto con Agnés Guillaume y Lucía Melgar del libro “Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos”, editado por El Colmex y presentado ayer en esa casa de estudios. 
 
La también socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que la tasa anual de abortos en México es de 35 mil aproximadamente, por cada mil mujeres, en contraste con lo que ocurre en países considerados desarrollados, que tienen una tasa por debajo de 20 mil, según datos oficiales.
 
Dijo también que, más allá de las cifras, preocupa la realidad que viven las mujeres en nuestro país, porque, si bien en las 32 entidades federativas se permite la interrupción legal del embarazo, cada estado reconoce diferentes causales y son también diversos los obstáculos que enfrentan las mujeres para hacer efectivos sus derechos.    
 
Entre estos obstáculos está la resistencia del personal médico y de los agentes del Ministerio Público a cumplir con la ley, por desconocimiento de la norma o incluso bajo el argumento de la objeción de conciencia. Y muchas veces son los propios médicos y autoridades judiciales quienes acusan a las mujeres de cometer el delito.
 
INNECESARIO ENCARCELAR MUJERES
 
Al respecto, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero --quien comentó el libro junto con el doctor Arnoldo Kraus, especialista en bioética, la senadora Marta Tagle, la investigadora Ivone Szasz y la directora de El Colmex, Silvia Guiorguli-- afirmó que no es razonable y es innecesario encarcelar a una mujer que se ve obligada a tomar la decisión de interrumpir un embarazo.
 
La legisladora Marta Tagle informó que las restricciones que existen para la interrupción del embarazo tienen a 679 mujeres en prisión, acusadas por homicidio agravado en razón de parentesco, por lo que podrían pasar más de 30 años en prisión, aunque se trate de casos donde las mujeres viven en pobreza o en los que ni siquiera haya sido un aborto inducido.  
 
De acuerdo con los códigos penales estatales, la causal legal que existe en todos los estados del país es que el embarazo sea consecuencia de una violación sexual. 
 
Otras causales que se consideran son: cuando hay riesgo grave para la vida de la mujer, permitida en 24 estados; alteración genética en el producto, válida en 16 estados; inseminación artificial no consentida, en 13 entidades, y situación económica, en dos.
 
De ahí la propuesta de homologar las causales de aborto en toda la República, tomando como ejemplo el Código Penal de la capital del país, calificado como “de avanzada” por la ministra en retiro Sánchez Cordero. 
 
Tagle advirtió que desde 2008 en 17 entidades del país se han aprobado normas contra la interrupción legal del embarazo, bajo el argumento de la protección a la vida desde “la concepción”, siendo Veracruz el caso más reciente. Y todo esto, dijo Sánchez Cordero, dentro de una “embestida de las iglesias”.

EL LIBRO
 
“Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos”, escrito por  Susana Lerner, Agnés Guillaume y Lucía Melgar y editado por El Colmex, analiza los argumentos que se dieron durante las audiencias públicas convocadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de la aprobación, en 2007, de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y de la acción de inconstitucionalidad que se promovió contra ésta. 
 
Su objetivo, señalan las autoras, es contribuir a una reflexión rigurosa y fundamentada acerca de esta compleja cuestión, desde la perspectiva del derecho a la salud y los derechos humanos, en el contexto de la política de población en México y de las evidencias científicas acerca del impacto de los marcos jurídicos en la salud y bienestar de las mujeres.
 
16/GVV/GGQ








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