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Violencia de género, octavo sitio en la agenda de la CNDH

Por María de la Luz González

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) priorizó la seguridad pública sobre la violencia de género en la agenda de derechos humanos que envió a los cinco candidatos a la presidencia de la República, para que retomen las propuestas en sus campañas.

La violencia contra las mujeres se aborda en el capítulo ocho de la agenda, presentada hoy por el ombudsman nacional José Luis Soberanes, quien argumentó que la seguridad pública se ubicó en primer sitio porque sin ella «difícilmente se puede hablar del disfrute o la vigencia de otros derechos».

En conferencia de prensa y acompañado de los cinco visitadores de la CNDH, Soberanes afirmó que, en este sexenio, el tema de los derechos humanos fue solamente un eslogan que utilizó la administración del presidente Vicente Fox.

Por su parte, los candidatos presidenciales «han mostrado un desinterés por el tema de los derechos humanos y sus campañas han caído en insultos y denostaciones que no ayudan en nada», sostuvo.

El primer deber del Estado es garantizar la seguridad física y jurídica de los ciudadanos, dijo, y afirmó que en México se ha llegado a una situación en que lo primero que se necesita es seguridad en las calles y certeza jurídica de que, si se es víctima de un delito, el responsable será sancionado.

Por ello, al tema de seguridad le siguen en la agenda propuestas para orientar el sistema de justicia penal a un esquema acusatorio, garantizar el derecho de las víctimas, respetar la presunción de inocencia, erradicar la tortura y la detención arbitraria y eliminar los retenes.

Sólo después de esos planteamientos aborda la violencia de género y, en apenas dos páginas, establece que el problema demanda respuestas interdisciplinarias, por lo que recomienda establecer políticas públicas que prevengan el fenómeno y propicien su adecuada investigación.

«De igual manera, los homicidios y desapariciones de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, demandan una coparticipación entre el gobierno federal y el local», sostiene el documento.

En su agenda, el organismo atribuye la lentitud en las investigaciones de los casos de feminicidio a «la incidencia de delitos en los que están involucrados miembros de la delincuencia organizada, actuando bajo la anuencia o tolerancia de servidores públicos».

Como propuestas en este rubro, sugiere impulsar programas de sensibilización en materia de equidad de género, para promover el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres en la sociedad mexicana, así como fomentar una cultura que reconozca la igualdad entre hombres y mujeres.

También plantea la conveniencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) se involucre en las investigaciones de los homicidios y desapariciones de mujeres, en Ciudad Juárez y en todo el país, para lograr la identificación y detención de los responsables.

Recomienda que los tres niveles de gobierno coordinen esfuerzos para prevenir los delitos, tanto los vinculados con la violencia en contra de las mujeres como los relacionados con la delincuencia ordinaria y la organizada.

LG/MR

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