Que el Estado nicaragüense haga las reparaciones de daños a familiares de víctimas de femicidio/feminicidio, tal y como lo establece la Ley 779 “Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres” y que sean reabiertas las Comisarías de la mujer con personal especializado para atender las denuncias de las mujeres y realmente ayudarlas de manera rápida, sin burocracia.
Estas, son algunas de las recomendaciones que hace al Estado, la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV) en su más reciente estudio “La violencia femicida y los feminicidios en grado de frustración en Nicaragua”.
El documento analizó tres casos representativos de mujeres sobrevivientes de feminicidio en grado de frustración así como dos entrevistas con madres de víctimas de femicidio/feminicidio, y encontró que en todos, las mujeres habían denunciado previamente ante la Policía Nacional, violencia por parte de sus parejas o exparejas.
Para la enlace nacional de la RMCV, Eveling Flores, es lamentable que las mujeres sobrevivientes de femicidio/feminicidio en grado de frustración no encontraran apoyo en las instituciones estatales cuando denunciaron a sus parejas o ex parejas agresores por violencia, y lo peor es que no están resueltos.
A ello se suma la mala clasificación que se hace de éstos, pues el estudio constató por medio de las entrevistas a las dos madres de víctima de femicidio/feminicidio, que en uno de los casos las autoridades lo calificaron de suicidio y si bien la víctima se quitó la vida, no se investigó que ella tenía antecedentes de violencia familiar, lo que la condujo al suicidio.
En la otra situación, la madre de la víctima expuso que su hija vivía violencia por parte de su expareja pero de igual forma, las autoridades no indagaron estos antecedentes y lo calificaron como homicidio.
En ambos casos las víctimas ya habían denunciado a los agresores ante las autoridades, pero al no tomarse las medidas preventivas terminaron en femicidio/feminicidio.
Para la integrante de la comisión de revisión del estudio, Eva Samquin, es preocupante cómo en Nicaragua se está naturalizando la violencia de género por lo que consideró importante que la ciudadanía que conozca casos de mujeres en estas situaciones intervenga para que la víctima denuncie, de lo contrario dijo, se vuelven cómplices.
También llamó a las instancias gubernamentales a proteger verdaderamente los derechos de las mujeres, a sancionar los distintos tipos de violencia y dar un mensaje a los agresores que serán castigados con todo el peso de la ley.
La organización civil Católicas por el Derecho a Decidir en Nicaragua, documentó en un monitoreo que realiza, que en el año 2017, ocurrieron 78 casos de femicidio/feminicidio en grado de frustración; y en lo que va del 2018 se han presentado al menos 7 casos.
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