Los servicios de transporte controlados a través de dispositivos móviles se convirtieron, desde hace 5 años, en una opción para las mexicanas porque se pensó que eran “seguros”, sin embargo, a un lustro de su instalación en la capital, no existe ningún protocolo de denuncia ni seguimiento en caso de acoso o agresiones sexuales cometidas por sus conductores dentro de sus unidades, ni con las empresas que tienen concesión para operarlos, ni con ninguna instancia del gobierno capitalino.
Servicios como Cabify, Easy Taxy, Taxify, Laudrive, Yaxi y UBER, que llegaron a la capital hace 5 años, fueron la alternativa “segura” para las mujeres que utilizan taxi como medio de transporte ante el incremento de agresiones sexuales cometidas contra éstas en los públicos (los que se abordan en la calle). Tan sólo durante 2015 y 2016, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, 73 de las 79 violaciones denunciadas ante esta instancia, cometidas en transporte público, fueron en taxis.
En los últimos meses dos casos salieron a la luz pública. En Puebla, el de la estudiante de 19 años de edad Mara Fernanda Castilla Miranda, asesinada por el conductor de un Cabify; y el de Marimar Cosío, una usuaria de UBER en la Ciudad de México, que difundió en sus redes sociales un video en el que narró que fue víctima de acoso sexual por el conductor.
De éstos, no hay un seguimiento por parte de ninguna instancia capitalina, ni de las propias empresas. Entrevistada por Cimacnoticias para conocer qué protocolos o acciones se están llevando a cabo para dar seguimiento a estos y futuros casos, la coordinadora del área Movilidad Segura para mujeres y niñas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX), Margarita Argott Cisneros, afirmó que únicamente han llevado a cabo pláticas con UBER para ver las posibles acciones a seguir por este tema.
Pero son 5 empresas más las que operan y con las que no se ha tenido ningún acercamiento. Ni el Inmujeres, ni la Secretaría de Movilidad (Semovi) tienen acuerdos formales para garantizar la seguridad de las pasajeras, dijo Argott Cisneros.
De acuerdo con un diagnóstico realizado por ONU Mujeres y El Colegio de México sobre violencia hacia las mujeres en el transporte público, se estima que 50 de cada 100 mujeres, han sido violentadas en estos espacios.
Hasta ahora, lo único que se ha hecho con estas empresas es vigilar que cumplan con las normativas viales y tener capacitaciones sobre reglamento por parte de Semovi, pero de prevención de la violencia contra mujeres, todo es incipiente.
Así lo dijo Argott Cisneros, quien precisó que apenas en 2015 (tres años después de que UBER empezó a operar en la Ciudad) el gobierno local y el Inmujeres plantearon con la empresa capacitar a sus conductores en temas de género, derechos de las mujeres y prevención de la violencia en el transporte.
Pero la capacitación no se llevó a cabo por el Inmujeres porque el acuerdo con UBER fue que una empresa externa, la diera. A la fecha, no se sabe cuántas personas fueron capacitadas porque no hubo seguimiento por parte del Inmujeres, reconoció Argott Cisneros.
SIN COORDINACIÓN
Desde 2008, a través del programa “Viajemos Seguras”, el Inmujeres CDMX planteó brindar asesorías jurídicas y acompañamiento psicológico a las víctimas de agresiones sexuales en el transporte público para hacer frente a esta violencia.
En 2017 amplió sus acciones con el programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” en el área “Viaja Segura”, que contempla entre otras cosas la creación de políticas públicas enfocadas en mecanismos de vigilancia y atención en los transportes para garantizar una movilidad segura.
Sin embargo, aún son sólo propuestas las acciones para garantizar la seguridad de las usuarias de empresas de transporte privado.
Al cuestionar a Argott Cisneros sobre las medidas pensadas para hacer frente a los casos de agresiones sexuales contra las usuarias de estos servicios, la funcionaria afirmó, sin precisar fechas, que próximamente se realizarán mesas de trabajo con la Semovi y las instancias coordinadoras del programa vigente del Inmujeres donde discutirán la necesidad de que todas las unidades tengan botones de auxilio e incluso cámaras de vigilancia, como ya sucede con algunos autobuses, porque dijo, los transportistas “deben contar con las medidas de seguridad suficientes”.
Cuestionada si existe algún registro de casos sobre violencia ejercida por los choferes de estas empresas a usuarias, la funcionaria explicó que las empresas de transporte privado “no están exentas de seguir las leyes vigentes” por lo que además de dar de baja a los conductores que sean denunciados deben informarle a la PGJDF sobre los casos, aun cuando las usuarias decidan no denunciar, posteriormente a la instancia de justicia le corresponde instar a la víctima a proceder legalmente.
Pero en la realidad esto no sucede. Cimacnoticias consultó sobre el mismo tema a la ejecutiva de cuenta de la agencia de relaciones públicas de UBER Fabiola Martínez, quien dijo que comunican a la PGJDF y le otorgan los datos acerca de algún conductor señalado como agresor, únicamente cuando las víctimas interponen una denuncia, de otra forma, no lo hacen.
Los casos recientes de agresiones a usuarias de estas aplicaciones propiciaron que la opinión pública cuestionara la operación de estos servicios en el país. El pasado 24 de octubre, el senador panista por Aguascalientes José de Jesús Santana García, presentó en San Lázaro una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual busca crear un registro de las plataformas digitales de las empresas, así como de cada uno de los operadores y que estos transparenten su domicilio, teléfonos de contacto y una carta de antecedentes laborales y no penales.
De aprobarse por el pleno, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendría que coordinar dicho registro. La iniciativa también plantea obligar a las empresas de origen extranjero como Uber (Estados Unidos) y Cabify (España) a que tengan una sede en México, toda vez que las personas usuarias no tienen un contacto directo en caso de denunciar algún incidente con los choferes pues la comunicación la realizan a través de correos electrónicos.
Actualmente las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y la de Estudios Legislativos analizan la iniciativa.
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