Como muchas otras reformas pendientes relacionadas con la violencia de género, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas corre el riesgo de quedar congelada en la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa, integrantes del Grupo Promotor Antitrata de Personas denunció lo anterior e informó que la iniciativa de Ley, aprobada por unanimidad en diciembre pasado por el Senado, ya fue votada y aceptada en lo general en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara, sin embargo no ha sido aún discutida por el pleno..
Aún cuando nadie se ha manifestado en contra, el retraso se debe, aseguraron, a que en los tiempos legislativos y sus temas no ha sido una prioridad la tipificación de este delito, además de los «tiempos electorales».
También influyó el cambio en la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara, ocupada por la diputada Rebeca Godínez ahora candidata por el PRI, a quien hace unas semanas sustituyó Claudia Ruiz Massieu en el cargo.
De no aprobarse esta Ley las y los diputados incurrirán en «complicidad por omisión», señaló Miguel Ontiveros, investigador en derecho penal y miembro del Grupo Promotor Antitrata de Personas.
Para el Grupo Promotor Antitrata de Personas, «su aprobación llenaría un grave vacío en México, pues permitiría que se fortalezca la protección a las víctimas y las autoridades persigan y castiguen a los responsables, algo que hasta ahora no se hace».
Respecto a la dimensión de la trata de personas en México, Ontiveros señaló que existen sólo datos aislados y algunos estudios encargados por organizamos internacionales, como la OIT y la Unicef, aún no han sido publicados.
No obstante, dijo, se puede inferir y determinar una ruta en el país donde se desarrolla este fenómeno, de acuerdo al interés de estos organismos internacionales por conocer el comportamiento de fenómeno en Guerrero, Jalisco, Baja California, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.
Puebla es también un estado que ha llamado la atención organizaciones civiles, pues la explotación sexual comercial de mujeres y niñez va en aumento, denunció en la conferencia Tere Ulloa, de la asociación civil Defensoras Populares.
Hace dos años, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, inició una investigación conjunta entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INM).
Los resultados del estudio se desconocen, aún cuando se sabe que ya concluyó y ubica la problemática de la trata en México en la frontera sur, en la región de Tapachula; el centro del país, Distrito Federal sobre todo, y frontera norte en la zona de Tijuana.
06/CV/LR
