Con amplias demandas en los ámbitos de trabajo, educación, salud e infraestructura, organizaciones de la sociedad civil entregaron un manifiesto que fue leído en el contexto de la Reunión preparatoria de la 63 Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 10 al 12 de diciembre.
La declaración de la sociedad civil, que fue leída en reunión con las representantes de los Estados, señala que en varios países de la región Latinoamérica y Caribe, la democracia se encuentra amenazada, se violan los derechos de mujeres y niñas, y se ataca a defensoras de Derechos Humanos.
Desafíos como la migración “requieren de la voluntad política de los gobiernos de la región para redoblar los esfuerzos y cumplir los compromisos suscritos en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres – (CEDAW por sus siglas en inglés), y otros contratos internacionales, escribieron las ONG.
Señalaron como una preocupación el “retorno de políticas económicas pro mercado”, con un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y nocivo para las mujeres y las niñas, así como ataques y propaganda negativa contra los avances logrados en materia de igualdad de género. Por lo tanto, juntaron siete páginas de recomendaciones.
En el ámbito de trabajo, la protección social y la economía del cuidado, sugirieron generar políticas de acción afirmativa para reducir la segmentación laboral, establecer el valor que produce cada trabajo para poder demandar igual salario por trabajo de igual valor, eliminar las barreras que impiden que las trabajadoras informales accedan a la protección social, y ampliar la cobertura para licencias de maternidad, entre otras.
Además, advirtieron que la protección social, la salud y la educación son Derechos Humanos fundamentales y que “no deben estar en manos de actores privados que buscan acumular capital.”
En relación a estos sectores, recomendaron implementar políticas de educación para deconstruir modelos hegemónicos de feminidad y masculinidad y prevenir la violencia contra las mujeres y basada en género, garantizar el acceso a educación a lo largo de la vida, de calidad, laica, pública y gratuita, inclusiva, no sexista y con perspectiva de género e interculturalidad y en idiomas indígenas.
Las organizaciones consideran que el acceso a la salud debe ser universal e incluir la salud sexual y reproductiva, como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Al mismo tiempo, indicaron que “la realidad de América Latina demanda especial atención” a niñas, adolescentes y jóvenes, migrantes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, con VIH, la población LGBTI y personas que viven en la calle, entre otras.
Las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes merecerían especial protección y deberían de ser mencionadas de forma transversal en los otros puntos, afirmaron. Por ejemplo, cuando se trata de traducciones a lenguas indígenas, o de la protección de derechos de propiedad intelectual de las mujeres sobre sus productos y conocimientos tradicionales.
Las ONG destacaron el impacto del extractivismo en las zonas rurales y subrayaron que “le cabe al Estado como principal responsabilidad proteger y cuidar los recursos naturales, la fauna y la flora, la tala industrial, las tierras, territorios de la sobreexplotación y la minería.”
En el ámbito de infraestructura y servicios públicos, argumentaron que debe basarse en principios de respeto y promoción de los Derechos Humanos, y consideraron “imprescindible” generar mecanismos efectivos de participación, asegurando que la voz de las mujeres sea escuchada y tenida en cuenta durante todo el proceso, y garantizando la integridad y seguridad de defensoras.
En el transporte, debería de ser prioritario el transporte público, con horarios extendidos, tarifas y frecuencias adecuadas, asientos reservados, protección frente al acoso, y acceso para mujeres con movilidad reducida, escribieron las organizaciones.
Asimismo, el Estado sería el responsable de garantizar la seguridad y limpieza de las fuentes de agua, así como su acceso próximo para las mujeres.
Para cerrar, las autoras de este manifiesto hicieron hincapié en que “existe un principio de progresividad que tiene la obligación de no retroceder.” Esto significaría no derogar o modificar leyes vigentes en la medida que esto conlleve disminuir el nivel actual de protección. “Se hace necesario avanzar y evitar a toda costa retroceder”, advirtieron las organizaciones.
18/SG/LGL
