El movimiento de mujeres organizado de Panamá así como otras organizaciones de la sociedad civil rechazaron aquí la toma de posesión de Liborio García Correa, electo por la Asamblea Legislativa como nuevo defensor del pueblo, por presunto delito de violencia doméstica.
El rechazo de la sociedad civil a la designación de García Correa como defensor del pueblo se debe a que el pasado 23 de marzo pasado, salió a la luz pública un documento del 2004 de la Corregiduría de Bella Vista en el que su esposa lo acusaba de violencia doméstica, delito por el cual se dictó un fallo de sobreseimiento provisional.
Aunque la Asamblea Legislativa tenía conocimiento del hecho, hizo caso omiso al artículo 130 de la Constitución que señala uno de los requisitos para ocupar el cargo de Defensor(a) del Pueblo es entre otros «no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más y, tener solvencia moral y prestigio reconocido».
A pregunta expresa sobre el hecho, García Correa respondió que esto era un asunto privado entre él y su esposa, lo cual pone en evidencia su desconocimiento del ordenamiento jurídico de Panamá que tipifica la violencia doméstica como un delito y sanciona a quien no lo denuncie, y en ese sentido, no puede decir que se trata de un asunto privado.
Las organizaciones de mujeres de Panamá exigieron la inmediata suspensión de García Correa ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa al reiterar que esto es una bofetada para las nueve mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va del año en Panamá, así como para sus familiares.
En contraparte, su esposa Hilda Lorena Moreno salió en defensa del presunto agresor al decir que se trata de una campaña de desprestigio y que nunca ha sido víctima de violencia por parte de su esposo.
Otra objeción de las organizaciones de la sociedad civil, hacia García Correa es su estrecha vinculación con la Iglesia Católica donde se desempeña como diácono.
La actitud moralista de García Correa y su perfil religioso más que hombre de leyes, ha alarmado a otras asociaciones que defienden los derechos humanos de las minorías.
El movimiento de mujeres insistirá tanto en Panamá como en el exterior de «agudizar la presión» para que la Asamblea Legislativa se entienda que ese no es el defensor del pueblo que Panamá se merece», afirmó Aleyda Terán de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer.
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