Casi la mitad (47,5 por ciento) de los abusos sexuales en Brasil se cometen contra adolescentes de entre 12 y 18 años; 84 por ciento de los casos ocurren en la propia casa de la víctima.
Según datos proporcionados a ANSA por la Asociación Brasileña Multiprofesional de Protección de la Infancia y Adolescencia, recogidos entre enero de 2000 y diciembre de 2001, en 63 por ciento de los casos denunciados el autor del abuso es un familiar del adolescente.
De los casos de abuso a menores, las niñas son las más afectadas: casi 80 por ciento de las denuncias. Sin embargo los expertos piensan que esto se debe a las estadísticas tienden a ocultar el abuso sufrido por los varones.
«Si las mujeres tienen problemas para denunciarlo, porque la familia se resiste para evitar un escándalo o para no perder al sostén de la familia, en el caso de los varones el abuso adquiere una connotación de homosexualidad», explicó la sicóloga Irene Pires Antonio.
Ese silencio es responsable del mito de que el abuso sexual es una práctica común entre las clases más bajas, alimentada por la pobreza y la promiscuidad.
Los especialistas advierten, por el contrario, que el abuso sexual toca a todas las clases sociales. Ocurre en las clases media y alta con una frecuencia sorprendente; sólo que esos casos no se ven porque los oculta la familia, declaró Claudio de Castro, director del centro de salud Escuela Geraldo de Paula Souza, de la Universidad de San Pablo.
Los especialistas distinguen los tipos de abuso de la siguiente manera: incesto, caricias amorosas, masturbación forzada, violencia sicológica mediante amenazas y seducción con regalos y premios.
El abuso implica una relación de violencia, ya sea mediante la fuerza física o por sumisión sicológica, aseguró la sicóloga Marisa Cambraia, del hospital Pérola Byington de San Pablo, y explica que la violencia vuelve a la víctima agresiva, con baja autoestima o depresiva.
Por todo ello, Brasil encabeza a los países latinoamericanos en cuanto a la creación de políticas públicas para enfrentar el problema, asegura la Agencia Nacional de los Derechos Infantiles (ANDI). De ahí que el país haya formulado el Plan nacional para enfrentar la violencia sexual infanto-juvenil, elaborado de manera conjunta con diversas ONG e instituciones como el ministerio público y judicial.
Este plan ha sido considerado como un ejemplo por los participantes del II Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los Niños, organizado en Yokohama, Japón, en diciembre de 2001.
El plan dicta una serie de advertencias para que las adopten los estados y municipios; como por ejemplo analizar la situación de la violencia sexual en el país, movilizarse para afrontar el problema, reformar la legislación, combatir la impunidad, atender a las víctimas, prevenir los abusos y estimular el compromiso de los jóvenes contra el abuso sexual.
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