Entre el 15 y 18 por ciento de los embarazos no deseados en México son producto de una violación, según datos de la Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres Usuarias de Servicios Públicos realizada en 2003 por la Secretaría de Salud (SS).
Patricia Uribe, directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la SS, al dar a conocer los resultados de esa investigación informó que el 17.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más, usuarias de servicios públicos de salud, refirió haber sido agredida sexualmente alguna vez en su vida.
La funcionaria indicó que aún cuando en este tema se ha trabajado poco, existen algunas cifras que pueden dar un panorama de la gravedad del asunto. Esto es, el 7.6 por ciento de las entrevistadas indicó haber sido víctima de abuso sexual antes de los 15 años, siendo los agresores más frecuentes el padre, padrastro u otro familiar hombre.
En tanto que un 7 por ciento dijo haber sido víctima de otra forma de violencia sexual como la amenaza de su pareja de irse con otras mujeres, presión sicológica y el uso de la fuerza física para tener relaciones.
Al inaugurar esta mañana el foro «Violencia Sexual, atención a víctimas» en el Instituto Nacional de Perinatología (INPER), la ex titular del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), calificó la violencia como un fenómeno social de carácter universal y la definió como el abuso de poder sobre quien se encuentra en situación de desventaja.
Dijo que las denuncias y la demanda de atención en los servicios de salud por parte de las mujeres que han sufrido una violación, sigue siendo muy poca debido en gran medida al estigma social.
La funcionaria recordó el derecho de todas las mujeres a acceder a la anticoncepción de emergencia y a un aborto legal por violación, tal y como está establecido en la Norma Oficial Mexicana (NOM), de Planificación Familiar, modificada en enero de este año y que obliga a los servicios públicos y privados de salud a informar y otorgar la atención de anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no deseados.
Patricia Uribe, anotó que las consecuencias de una violación sexual en la mujer provocan serias consecuencias en su salud que pueden llegar incluso a la muerte: el daño emocional el cual, dijo, es cinco veces más frecuente en mujeres que fueron violadas.
Además depresión, embarazos no deseados, hemorragias e infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así como las infecciones urinarias.
Por ello, dijo que el foro pretende abordar propuestas de modelos de atención a víctimas de violencia sexual en instituciones de salud, al tiempo que se comprometió a trabajar desde la dirección que preside para incidir en la erradicación de este mal social.
En su oportunidad, María del Carmen Elú, coordinadora del Comité Promotor Por Una Maternidad Sin Riesgos en México, se refirió a la violencia contra las mujeres como una lacra social que indigna y atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano.
Indicó que el cuerpo de la mujer ha sido a lo largo del tiempo, receptor de ira de una persona o grupos y es además, un botín de guerra, por lo que la agresión sexual se traduce en una forma de desquitar esta ira.
Durante la inauguración del foro en la que estuvo presente el director del INPER, Roberto Ahued Ahued, se mencionó que la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes al hacer alusión a la Encuesta dada a conocer el día de ayer por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI), que señala que casi el 46 de cada 100 mexicanas es víctima de algún tipo de violencia.
2004/LG/GV/SM
