El Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Igualdad aprobada por el Parlamento Vasco, en febrero pasado.
Para el organismo político la presencia obligatoria del mismo número de hombres que de mujeres en las listas electorales es «un torpedo en la línea de flotación de la democracia representativa».
El texto, suscrito por 62 diputados nacionales, 17 mujeres, añade que la paridad electoral abriría una vía para que otros grupos sociales planteen exigencias similares, con lo que «se primaría la disolución del interés general en un conjunto de intereses parciales, más cercanos al corporativismo de regímenes antidemocráticos que a la libertad de la democracia».
El PP también se opone a las cuotas femeninas del 40 por ciento en órganos administrativos, en tanto el Gobierno prevé establecer la paridad electoral, señala el portal Canal Solidarios.
El recurso de inconstitucionalidad del PP se centra en dos aspectos de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres aprobada por el Parlamento Vasco el pasado 18 de febrero.
Por una parte, denuncia la obligación de que al menos la mitad de las listas electorales estén integradas por mujeres, una medida que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también quiere establecer a nivel nacional.
Por otra, considera opuesto a la Constitución que se obligue a que los órganos administrativos pluripersonales (como el Consejo de Gobierno), los tribunales de selección y los jurados de premios públicos tengan una participación femenina de al menos el 40 por ciento.
Este recurso contra la ley (vigente en las pasadas elecciones autonómicas que culminaron con un Parlamento con mayor presencia femenina que masculina) no frena su aplicación.
Los populares consideran que la paridad en las listas electorales para el Parlamento vasco y las Juntas Generales de cada provincia (sólo se admiten las candidaturas que incluyan el mismo número de hombres que de mujeres y esta proporción debe darse en cada tramo de seis nombres) va contra el derecho constitucional a la igualdad.
Además, «carece de una sólida justificación de preterición de un sexo en la actualidad institucional de esa comunidad autónoma que justifique medidas extraordinarias de protección». «La protección de la mujer por sí sola no es razón suficiente para justificar la diferenciación», añade el recurso.
ANTIDEMOCRÁTICO
Según los firmantes, «resulta constitucionalmente prohibido quebrar la igualdad jurídica de los elegibles en nombre de la promoción social de la mujer, del anciano, del discapacitado, del joven, del marginado o de la minoría cultural o religiosa, por valiosa y deseable que pueda ser la mejora de su condición».
«Si es constitucionalmente aceptable que la mitad social femenina se refleje obligatoriamente en las candidaturas, con igual razón podrían exigir algún beneficio otros segmentos sociales», prosiguen. Ello llevaría, por ejemplo, a que cada candidatura tuviera que reservar puestos a los mayores de 65 años.
Los 62 diputados del PP (45 hombres y 17 mujeres) que firman el recurso también argumentan que la Cámara Vasca carece de competencias para legislar sobre paridad electoral. Puntualizan que las Cortes Generales son las únicas competentes para garantizar «la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de su derecho a ser elegibles».
EL IMPERIO DEL MÉRITO
Los populares también denuncian la cuota femenina de al menos el 40 por ciento en los órganos administrativos pluripersonales, los tribunales de selección y jurados de premios promovidos por la Administración. Consideran que esas medidas suponen «la violación» del derecho a la igualdad que se pretende promocionar.
Añaden que la promoción de un sexo «no puede alcanzarse mediante el establecimiento de cuotas en órganos, jurados o tribunales administrativos en los que el género es absolutamente ajeno a la toma de decisiones y el imperio del mérito y la capacidad es el que garantiza una correcta selección».
Los planteamientos del PP chocan frontalmente con los del PSOE, cuya secretaria de igualdad, Maribel Montaño, ha calificado de «bochornoso» el recurso de los populares.
El Gobierno socialista, partidario la discriminación positiva, se ha comprometido a implantar la paridad en las listas electorales, una medida que respalda el 65 por ciento de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. En el borrador de la Ley de Igualdad que prepara el Ejecutivo se establece que las listas electorales tendrán la misma presencia de hombres y mujeres en cada tramo de dos nombres.
2005/SJ
