Luego de refugiarse por dos meses en las montañas de los Altos de Chiapas ante los ataques de grupos paramilitares, mujeres, niñas, niños y hombres de la comunidad de Chalchihuitán regresaron a sus casas porque ya no pueden soportar las condiciones de precariedad en las que viven.
El Ayuntamiento de Chalchihuitán informó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) que desde el 2 de enero cientos de familias comenzaron a retornar a sus hogares, a pesar de la desconfianza, el miedo a ser atacados y la falta de condiciones seguras para hacerlo, indica un comunicado difundido por el Centro Frayba.
La población tzotzil decidió regresar porque no podían continuar viviendo en la intemperie, durmiendo en campamentos de plástico, bajo temperaturas extremas de frío. Desde el 21 de noviembre tres niñas menores de cuatro años de edad y un bebé de tres días de nacido pertenecientes a Chalchihuitán fallecieron debido a la escasez de alimentos, reportó Unicef hasta el 12 de diciembre.
La razón por la que permanecían refugiadas en las montañas cerca de 5 mil personas, entre ellas un centenar de mujeres embarazadas, según los registros de las organizaciones, fueron los saqueos, quemas de viviendas y balaceras ocasionadas el pasado 21 de noviembre por grupos paramilitares.
Este ataque se derivó de un conflicto territorial de más de 40 años entre los municipios chiapanecos de Chalchihuitán y Chenalhó. Tras el desplazamiento el Tribunal Unitario Agrario se vio obligado a resolver, en diciembre pasado, la demanda sobre limites fronterizo, fallando a favor de Chenalhó. Con esta resolución se invalidó las fronteras territoriales emitidas en 1973 por la hoy extinta Secretaría de la Reforma Agraria.
OCS MONITOREAN RETORNO
Las organizaciones civiles como el Frayba son quienes están vigilando que este retorno se haga de la forma más segura a fin de que las personas de Chalchihuitán puedan retomar sus actividades aunque en los lugares siguen asentados los grupos paramilitares. En tanto, otras personas desplazadas decidieron permanecer en albergues, según registraron las agrupaciones.
Organismos internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Unicef también han mostrado su preocupación por el conflicto y han pedido al gobierno mexicano medidas integrales de protección para las personas desplazadas de Chiapas.
Por su parte, agrupaciones civiles locales solicitaron al gobierno chiapaneco que desarticule a los grupos armados que operan en la región, detenga a las personas responsables de estos delitos y asegure la entrega de la ayuda humanitaria que requieran las comunidades, en especial la atención para las mujeres gestantes, niñas, niños y adultos mayores.
A nivel nacional, de 2009 a enero de 2017, 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a las violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
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