El defensor o defensora del pueblo debería estar comprometido a defender a capa y espada los Derechos Humanos. El ombudsperson, todavía mal llamado ombudsman, en masculino, fue creado desde el siglo XIX pero es hoy cuando tiene definidas sus funciones como defensoras o defensores de Derechos Humanos. En Sonora se encuentra abierto el proceso para elegir a la persona que habrá de sustituir al actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el periodo 2018-2022.
Son trece aspirantes, entre los cuales se encuentran dos mujeres: Alma Lydia Soto López y Lourdes Rivera Valle. Ambas han quedado invisibilizadas en los medios ante figuras masculinas de reconocida trayectoria pública. En la lista figuran un compadre de la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, un ex presidente de la CEDH, dos actuales empleados de la CEDH, uno de ellos cuestionado en años pasados por su dudosa participación en un caso de feminicidio, en el cual se le señalaba por ofrecerse como abogado defensor del agresor. Así como han quedado invisibilizadas las dos aspirantes a dirigir la CEDH, el tema de los Derechos Humanos de las mujeres ha sido ignorado.
En el discurso, a las mujeres se les ha puesto en el paquete de “grupos vulnerables”, junto con niñas y niños, migrantes e indígenas, ignorando que su condición de género que atraviesa todas las demás categorías. Un aspirante fue muy claro cuando lo cuestionaron sobre el aborto, a lo que respondió que está de acuerdo con defender las excepciones que la ley y el Código Penal contienen para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en el estado de Sonora.
Pero otro, el que fuera en años anteriores presidente de la CEDH en forma contundente dijo que está “a favor de la vida” y que si bien se debe respetar la ley, dejó muy claro que para él las mujeres no se mandan solas. Eso de que su cuerpo es suyo, no es tal.
Así las cosas, el sector de la población, blanco de la más grave violación de los Derechos Humanos, las víctimas de feminicidio consumado, de tentativa de feminicidio y de violencia familiar extrema, no existen para las y los aspirantes a la titularidad de la CEDH. Sonora aparece en el sexto lugar nacional en incidencia de feminicidio y primer lugar en violencia familiar, según el informe del Secretariado Nacional de Seguridad Pública de enero de 2018.
Atestiguar cómo un ex presidente de esa institución que no respondió a las necesidades del momento quiere ocupar el cargo nuevamente, nos recuerda que pronto harán diez años de la reforma constitucional en Sonora que limitó los derechos reproductivos de las mujeres y que inició una cascada de reformas en varias entidades en el mismo sentido.
Jorge Sáenz Félix se negó a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada, como se lo solicitaron mujeres y organizaciones, siendo la instancia correspondiente para hacerlo. Además lo hizo atendiendo a sus creencias personales y a las organizaciones retrógradas que violando los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas hacen todo lo posible por llevar a término los embarazos, aún si éstos son producto de la violencia sexual.
Incluso, la respuesta a las mujeres la otorgó porque éstas interpusieron un amparo ya que las ignoró y no atendió voluntariamente su solicitud, violando su derecho de petición lo cual finalmente tuvo qué hacer por mandato del juzgado de distrito. Es por ello que el Congreso del estado no solo no debería tomar en cuenta la candidatura de Sáenz Félix por la enorme omisión del entonces ombudsman, sino que debería atender y resolver sobre el juicio político que también se solicitó formalmente ante el Legislativo y que nunca obtuvo respuesta.
La petición hecha en 2009 fue resultado de la negativa del entonces titular de la CEDH de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por la reforma al Artículo primero de la Constitución sonorense. Aún así, Sáenz Félix quiere ser de nuevo ombudsperson, quiere seguir viviendo de los recursos públicos que deberían ser para impulsar la salvaguarda de los Derechos Humanos de todas las personas. El sueldo, que según sus propias palabras es similar al de un secretario del Gabinete estatal, debería ser devengado por una persona que estuviera comprometida con la defensa y promoción de los Derechos humanos, incluidas las mujeres.
No debería regalarse a personas que se erigen en jueces supremos que con la máscara del ombudsman se convierten desde ese puesto en violadores de los Derechos Humanos. A las mujeres en Sonora y en México no nos conviene ni nos sirve un ombudsperson que solo le interese pasarla bien, con un buen salario, rodeado de amigos y amigas contratadas para devengar un sueldo por cuatro años. Requerimos una persona que realmente sepa de qué se tratan los Derechos Humanos, todo lo que abarcan, y con sensibilidad para atender de inmediato todas las violaciones pero particularmente las violaciones graves, atendiendo las peticiones ciudadanas.
No es justo que sigamos sosteniendo con dinero público a personas que buscan pasarla bien, hacer relaciones para su futuro, y sin el mayor rubor revictimizar a las personas agraviadas. Las mujeres en Sonora todavía estamos sujetas a las restricciones que el Congreso avaló a propuesta de los grupos pro vida, que solo buscan aumentar la estadística de partos, sin importarles el futuro de madre e hijo, muchas veces víctimas ambos de un violador.
El próximo o la próxima titular de la CEDH está obligada a escuchar a las mujeres y si es necesario interponer la acción de inconstitucionalidad que está pendiente. No a los ombudsman omisos, sí a ombudsperson comprometidos y que demuestren su conocimiento y experiencia afín a los Derechos Humanos.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora 18/SNE
