El cumplimiento de 30 por ciento de candidaturas propietarias para mujeres por parte de los partidos políticos reforzará la lucha por los derechos de la población femenina, pero es un desafío para ambos, consideró la consejera del Instituto Federal Electoral (IFE) Jacqueline Peschard.
Contundente, la también maestra en Ciencia Política por la UNAM, advierte que la aplicación de la llamada «ley de cuotas» –la reforma de la Cámara baja al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en abril de 2002– representa todo un reto para las propias mujeres políticas y los partidos.
En entrevista con cimacnoticias en sus oficinas del IFE, Jacqueline Peschard explica que la participación de las mujeres en los comicios del próximo 6 de julio, en los que se renovará en su totalidad la Cámara de Diputados, representará «un desafío», ya que ellas tendrán que demostrar que son igual o más capaces, e incluso más honestas que los hombres en el ejercicio del poder político.
Mientras la apenas audible música clásica de su estéreo acompaña la charla, Peschard también enfatiza que la obligación de otorgar un mínimo de 30 por ciento de candidaturas propietarias para las mujeres será una prueba de fuego para los partidos políticos, toda vez que los orilla a modificar sus estructuras internas, con miras a eliminar la marginación y discriminación hacia las militantes.
Consejera electoral desde 1996 y la única mujer que integra el Consejo General del IFE, conformado por nueve miembros, Peschard se muestra convencida de que una mayor presencia femenina en la próxima Cámara de Diputados permitirá la configuración de lo que ella denomina «masa crítica», es decir un grupo compacto de mujeres que abogaría por las causas de la población femenina.
«No basta con que en el Congreso de la Unión haya pocas mujeres brillantes; se debe pugnar porque exista una masa crítica con una sensibilidad por las demandas de la población femenina», advierte Peschard, ataviada en un traje sastre color azul claro.
SIN GARANTIAS PARA AGENDA DE GENERO
Aclara que el posible aumento de la presencia femenina en la Cámara de Diputados no garantiza un compromiso de las legisladoras con la «agenda de género». «De lo que se trata es de ir construyendo de manera gradual el liderazgo femenino».
Confiada en que los partidos políticos cumplirán con la cuota de género al registrar sus candidaturas a diputaciones el próximo mes de abril, la doctora en Ciencias Sociales por la UNAM apunta que el aumento de diputadas federales generaría un clima propicio para integrar la causa de las mujeres en la agenda legislativa.
Pone como ejemplo que el liderazgo de mujeres políticas en legislaturas pasadas, permitió la aprobación de la ley federal contra la violencia intrafamiliar, así como la que creó el Instituto Nacional de las Mujeres.
Luego de señalar que el hecho de que las mexicanas representen 52 por ciento del padrón electoral no se refleja necesariamente en votos favorables para las mujeres candidatas, Jacqueline Peschard sostiene que a través del tiempo las mujeres políticas «deben probar su capacidad y honestidad» en sus cargos de elección popular.
Añade que con esa buena actuación, las mujeres en el poder público darían confianza al electorado femenino, que generalmente y por cuestiones culturales no vota por otras mujeres. No obstante, Peschard precisa que no necesariamente ocurre así.
La consejera electoral se define como defensora de las cuotas de representación electoral para las mujeres, pero reconoce que «le gustaría» que las militantes accedieran «por los cauces naturales, por sus propios méritos» a las candidaturas.
Pero advierte que ante la situación prevaleciente de inequidad en la participación política de las mujeres, «hoy por hoy, es necesaria la coacción de las cuotas».
IMPORTANTE LA ENERGIA DE LA SOCIEDAD CIVIL
Peschard considera que de cara a los próximos comicios federales, «es importante la energía de la sociedad civil» para garantizar una mayor presencia femenina en los cargos públicos.
Sin embargo, recalca que además de nuevas reformas electorales a favor de las mujeres, la movilización social, y la educación como herramienta para reducir las desigualdades sociales, «es fundamental» que el Estado implemente políticas públicas con enfoque de género, para «neutralizar» las diferencias entre los grupos socialmente discriminados y los que son favorecidos.
La ex académica en la UNAM, CIDE y la UAM, expone finalmente que también los medios de comunicación «deben cumplir una función social», al difundir acciones legislativas –como la aprobada ley de cuotas– y de la sociedad civil a favor de una sociedad en la que no exista la discriminación.
RMB/MEL
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