Más de medio millón de mujeres recurren cada año al aborto clandestino en Argentina. El dato, compilado por centros de estudios y entidades humanitarias, sin considerar los casos que nunca se registran, dio a conocer el Servicio Noticias de la Mujer (SEM).
La socióloga Susana Checa precisó que este es un tema de alto riesgo en el que confluyen problemáticas referidas a los derechos humanos, la salud pública, la falta de acceso a los servicios y la resistencia de distintos sectores de la sociedad, el médico incluido porque «se asume un modelo que acepta que las mujeres no pueden decidir sobre sus cuerpos».
Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos, la catedrática de la Universidad Nacional de Buenos Aires e integrante del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (CoNDeRS), refirió que el aborto inseguro es un problema de salud en Argentina.
Así lo comprobó el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), entre noviembre de 2002 y octubre de 2003, en seis provincias del país: Chaco, Formosa, San Juan, San Luis, Tucumán y Mendoza, dijo.
Dichos resultados revelaron que 27.4% de las defunciones en gestantes se debieron a complicaciones provocadas por abortos y que el riesgo de muerte de mujeres por ese motivo aumenta diez veces cuando la estructura hospitalaria no es la adecuada.
En tanto, el aborto incompleto o clandestino fue la principal causa de muerte materna en 2004, en Santiago del Estero, a mil 200 kilómetros de Buenos Aires, según informes recientes de investigadores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional, divulgados por el diario El Liberal, de esa provincia. El segundo motivo de fallecimientos maternos fueron las hemorragias posparto, en el periodo de referencia.
La investigación reveló que ese año se registraron 21 muertes maternas y que 8 de ellas se debieron a abortos incompletos, además de que abunda el empleo de técnicas primitivas y extremas, como la introducción de cuerpos extraños en los genitales, entre otros, tallos de perejil, agujas de tejer y espinas de vinal, un árbol de la familia del algarrobo. Esta última fue la maniobra abortiva más utilizada.
Checa puntualizó a SEM que tras finalizar la dictadura militar, durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989), se dieron importantes pasos, gracias a las luchas de los movimientos de mujeres, aunque durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) fue evidente un retroceso.
Sin embargo, en los últimos tiempos se experimentó un salto muy importante, con la adopción, en noviembre de 2002, del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, afirmó la especialista.
El ambicioso programa propone, entre otros aspectos, disminuir sustancialmente la tasa de mortalidad materna, la fecundidad adolescente y el número de hospitalizaciones por aborto, como parte del derecho a la salud de toda la población.
Checa destacó entre otras dificultades para ese derecho, la marcada oposición de la Iglesia y grupos fundamentalistas, que rechazan esta práctica en su país.
El Código Penal establece que el aborto es ilegal y está tipificado como un delito contra la vida, con penas que van de uno a cuatro años de reclusión para quien lo practica.
No obstante, establece dos circunstancias en las que no es punible: cuando el embarazo pone en peligro la vida o salud de la madre o si es resultado de una violación a una mujer demente.
Pero, incluso cuando se presentan casos de esa naturaleza, la burocracia y los argumentos moralistas impiden a veces su aplicación. «Y es que ni lo que está establecido en la legislación se cumple», asegura Checa.
Añadió que en Argentina, se reportan cada año unos 700 mil fallecimientos por abortos mal practicados y, si a ello se agrega que el índice anual de nacimientos es de la misma cifra, la dramática realidad es que, por cada alumbramiento, hay una muerte por aborto.
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