La crisis económica y las privatizaciones repercuten de manera directa en las mujeres: al ser responsables del cuidado de sus familias, se ven obligadas a incrementar el trabajo doméstico para compensar la disminución de los servicios sociales, expone una investigación del Centro de Estudios de la Mujer (CEM).
Para Virginia Guzmán y Rosalba Todaro, autoras del estudio Apuntes sobre género en la economía global, lo anterior se debe porque los cambios en la asignación de recursos y los aumentos de productividad, que se supone ocurren con programas de ajuste, se basan en la transferencia de costos: desde el mercado hasta los hogares.
En ese tenor, continúan las integrantes del CEM cuya sede está en Chile, el factor oculto de equilibrio es la habilidad que las mujeres tienen para absorber las repercusiones de estos programas con más trabajo o haciendo rendir sus limitados ingresos.
Guzmán y Todaro agregaron que las mujeres se ven afectadas por los programas de ajuste, no sólo como miembros de los hogares y de grupos sociales desfavorecidos, sino también desde su posición en las relaciones de género.
La discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo, debido al valor diferente que se le asigna a las ocupaciones masculinas de las femeninas, asegura una mano de obra barata para un conjunto de actividades y formas de relación laboral necesarias para el funcionamiento de la economía.
Con ello, en una situación de ajuste, las mismas responsabilidades familiares son las que hacen a las mujeres más vulnerables a la precarización de los empleos; lo que las obliga muchas veces a tener que aceptar trabajos menores a sus capacidades y sin protección laboral y seguridad social, a cambio de mayor flexibilidad para compartir su trabajo doméstico con el remunerado.
Además, indicaron las integrantes de CEM, su menor disponibilidad de tiempo limita su acceso a la capacitación y la formación, necesarias para una mejor inserción laboral.
Por otra parte la privatización de los sistemas de seguridad social, aunque tienen efectos en toda la población, inciden en mayor medida en las mujeres, ya que dejan de lado los principios de funcionamiento de base solidaria para sustentarse en los aportes y la capitalización individuales. «.
Virginia Guzmán y Rosalba Todaro agregan que al adoptar una economía de mercado sin restricciones, la reproducción humana –como bien social– pasa a representar un costo que debe asumir el sexo femenino.
«Las mujeres en edad fértil, tengan o no hijos, deben soportar un costo mayor en la salud provisional por el riesgo de que en un momento dado pueden llegar a demandar mayores gastos por la atención a su salud que los varones», resaltaron.
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