La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Elizabeth Mateos Hernández, llamó a legisladoras de todos los estados y de todos los partidos políticos a establecer una mesa de trabajo para promover sanciones a quienes cometan violencia política de género en la contienda electoral de 2018.
Luego de que el 23 de mayo la ALDF aprobó reformar el Artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir el término de violencia política, la asambleísta llamó a sus compañeras de partido y a las diputadas y senadoras a sumar esfuerzos para que en los próximos comicios se cumplan este tipo de normas.
En conferencia de prensa, acompañada por la secretaria nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la ex jefa delegacional de Iztacalco dijo que las reformas sobre violencia política también buscan reconocer a las mujeres por su capacidad y su trayectoria y no juzgarlas por su género o por ser mujeres.
Con la reforma, la Ley de Acceso local dice que esta violencia es: “toda acción u omisión ejercida en contra de las mujeres en el ámbito político o público que tenga por objeto resultados de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso o goce a ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer”.
En la Asamblea Legislativa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó también una iniciativa que, además de reformar la Ley de Acceso local, formulaba modificaciones en materia electoral, pero la propuesta continúa en revisión debido que se está trabajando la redacción de las nuevas leyes electorales que deben aprobarse a más tardar el 2 de junio.
Mateos Hernández señaló que prevén una mesa de trabajo con diputadas y senadoras antes de las elecciones de 2018 y señaló que es importante reconocer que hay violencia política contra las mujeres y que ellas han luchado por participar en los proceso políticos y ahora deben pugnar para que se reconozcan sus capacidades.
La legisladora aprovechó para recordar que en el organismo parlamentario de la Ciudad de México, de 66 diputados, 26 son mujeres y que de las 16 delegaciones 4 son encabezadas por mujeres: María Antonieta Hidalgo Torres, en Álvaro Obregón; Dione Anguiano Flores, en Iztapalapa; Claudia Sheinbaum, en Tlalpan, y Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo.
IDENTIFICAR CONDUCTAS DE RIESGO
Por su parte, Castello Rebollar destacó que es importante el concepto de violencia política porque permite identificar conductas de riesgo para las mujeres que participan en el ámbito público y señaló que el partido del sol azteca ya ha sido víctima de dos crímenes extremos contra sus militantes.
El primero ocurrió en marzo de 2015 cuando fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el otro fue el 2 de enero de 2016 con el asesinato de la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.
Ante estos hechos, la secretaria de Igualdad de Género del PRD reiteró su llamado a la Cámara de Diputados a aprobar en un periodo extraordinario las reformas para incluir este concepto en las Leyes Generales, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
AVANZAN REFORMAS
Este 25 de mayo, el pleno del Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad un dictamen para reformar el Artículo 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, a fin de incluir la violencia política, iniciativa impulsada por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leticia Ortega Máynez, y a la que se sumaron legisladoras de Acción Nacional y del PRD.
En esta iniciativa se hizo un recuento de las acciones y omisiones que cometen partidos políticos y militantes para violentar a las mujeres, por ejemplo: postularlas en distritos perdedores, hacer mal uso del presupuesto etiquetado para capacitarlas, agresiones y amenazas durante campaña, sustituciones arbitrarias cuando son legisladoras o tiene un cargo edilicio y difamación y desprestigio, entre otras.
Similar a la redacción que se estableció en la ley de la Ciudad de México, la ley de Chihuahua dice que violencia política es “el conjunto de acciones y omisiones cometidas por una persona por sí o a través de terceros que causen daño en contra de una mujer o de su familia en el ejercicio de la representación política o el ejercicio de cargos públicos que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
Por otra parte, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) informó que junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, entregó al presidente del Congreso del estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el anteproyecto de Ley para la igualdad entre los géneros y sin violencia, propuesta de norma que incluye la violencia política.
En un comunicado la Repare dijo que instó al legislador a iniciar el trámite legislativo correspondiente para aprobar esta ley y consideró que, de aprobarse, sería un marco jurídico que garantizará los derechos políticos, electorales y cívicos de la ciudadanía en general y en particular de las mujeres en el próximo proceso electoral 2017-2018.
17/AGM/GG
