Pocos celebrarán este 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Porque conseguir el estatuto de refugiado en España es una tarea casi imposible. La situación se repite constantemente: personas procedentes de Africa llegan a Ceuta tras atravesar el continente huyendo de conflictos, perseguidas por sus ideas políticas, por sus creencias religiosas o maltratadas por ser mujeres.
Estas personas llegan con otros inmigrantes que cruzan la frontera irregularmente, pero las autoridades españolas frecuentemente tratan a todos de la misma forma –como inmigrantes en situación irregular, por lo que muchos son expulsados automáticamente- y pocos llegan a conseguir que su petición de asilo sea admitida a trámite.
Prácticamente no existe asesoramiento, asistencia letrada o, al menos, impresos en un idioma que esa persona pueda entender. En muchos casos, ni siquiera conocen la posibilidad de pedir asilo, según las convenciones internacionales suscritas por el Estado español.
Suponiendo que alguna de estas personas consiga cubrir los impresos y que las autoridades admitan a trámite su solicitud de asilo, se abre una nueva Odisea. El pasado año, la Administración admitió alrededor de 5 mil 500 solicitudes de asilo, pero el plazo medio para que se resuelvan está entre dos años y dos años y medio, periodo en el que el solicitante no tiene posibilidad de trabajar y, en muchos casos, tienen que ser atendidos por ONG.
Pero la Odisea no acaba ahí. Tras más de dos años de espera, pocas posibilidades tiene el solicitante de que la Administración le conceda el estatuto de refugiado. El pasado año sólo fueron 175 personas, el 5 por ciento, más otras 203 a las que se les concedió asilo por razones humanitarias.
Antonio Hernando, portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso, lo reconocía en la conferencia de prensa organizada por la ONG de ayuda a refugiados e inmigrantes, ACCEM, el pasado 16 de junio: «España da protección a un número ínfimo de refugiados al año».
Carlos Boggio, representante de ACNUR en España, va más allá y pone el dedo en la llaga de un sistema definitivamente ineficaz: «Es muy difícil que una persona por canales legales pueda llegar a pedir asilo». Así, recuerda que la principal vía de entrada de solicitantes de asilo ya no es el aeropuerto de Barajas, sino la ciudad de Ceuta.
«Hasta esta ciudad llegan personas que, en muchos casos, son incapaces de relatar las razones para solicitar asilo por la experiencia traumática que han vivido», señala Boggio y pone como ejemplo los numerosos casos de mujeres nigerianas que, además de la experiencia traumática, «no son capaces de justificar la solicitud por miedo a represalias si tienen que volver».
En este sentido, Boggio señala el gran precedente anunciado a principios de mayo por el gobierno español de «conceder el estatuto de refugiada» a una mujer de 38 años y dos hijos, procedente del Golfo Pérsico, forzada a casarse, víctima de violencia y sin protección por parte del gobierno de su país.
Un programa de reasentamiento de refugiados, próximamente en España
La propuesta que el parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, explicó durante la conferencia de prensa de ACCEM se centra en aquellas personas que ya pueden ser consideradas refugiadas.
Hernando anunció que, en un plazo más o menos corto, se presentará en el Congreso un programa de reasentamiento de refugiados en España, «porque hoy hay millones de personas que llevan años en campos de refugiados sin perspectivas y necesitan que terceros países los acojan».
El programa consistiría básicamente en sistematizar experiencias llevadas a cabo anteriormente, como durante la crisis de los Balcanes, cuando el gobierno español recibió a mil personas procedentes de campos de refugiados en Croacia.
Esta línea permitirá aumentar el número de refugiados que acoge España, pero no resuelve el constante problema que se produce principalmente en la frontera con Marruecos: identificar a personas que cumplen los requisitos para acceder al estatuto de refugiado.
El efecto perverso del control de la inmigración
«La preocupación de la UE por la seguridad y el control de la inmigración ha tenido un efecto perverso sobre las solicitudes de asilo», señala Boggio. Y ejemplos de este efecto se encuentran en buena parte de los países europeos.
Amnistía Internacional recordaba recientemente el ejemplo de cómo las autoridades italianas están actuando ante la llegada de mil refugiados procedentes de Libia.
De momento, estas personas se encuentran bajo custodia y 180 han sido devueltas a Libia, «donde podrían ser torturadas». Además, Amnistía sospecha que se están preparando nuevas expulsiones. A ello se añade la declaración de ACNUR, que afirma no haber tenido acceso a los detenidos y cree que ninguna de las personas expulsadas tuvo oportunidad de solicitar asilo.
La idea que ahora comienza a circular en varios países de la UE es crear centros de acogida en los propios países de origen, desde donde se gestionaría la tramitación de solicitudes de asilo o refugio. Sin duda, una política de este tipo implicará que definitivamente no se pueda tener control sobre posibles violaciones de derechos humanos.
En el caso del Reino Unido, las últimas denuncias se refieren más al ámbito legal. El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) señala una ley aprobada en 2004 sobre Asilo e Inmigración, que permite al Ministerio del Interior ofrecer ayudas especiales -asistencia alimentaria y alojamiento- a los solicitantes de asilo rechazados a cambio de actividades comunitarias, de forma similar a las redenciones de pena que se aplican a los sentenciados por la justicia.
Aunque esta ley pretende mejorar la percepción pública sobre los solicitantes de asilo, el JRS advierte del efecto contrario, es decir que se relaciones sus actividades comunitarias con antecedentes judiciales.
Además, el JRS considera que amenazar con retirar la asistencia alimentaria y el alojamiento si no se realizan las actividades comunitarias, «aparte de ser un trato degradante e inhumano, podría considerarse una forma de trabajos forzados».
En definitiva, los flujos migratorios hacia el Norte y las políticas de inmigración que aplican buena parte de los países receptores están provocando que las convenciones internacionales que protegen los derechos de los refugiados se conviertan, en la mayor parte de los casos, en papel mojado.
2005/GM
