Una jueza argentina otorgó un amparo que impedirá a las mujeres argentinas acceder al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a solicitud de un grupo conservador, se informó hoy aquí.
La jueza federal número tres de Córdoba, Cristina Garzón Lascano, otorgó un amparo solicitado por el grupo Mujeres por la Vida en Córdoba, para evitar que el Ministerio de Salud y Acción Social implemente el programa, destinado a proporcionar métodos anticonceptivos a las mujeres argentinas. El gobierno federal no apeló la sentencia.
La medida declara inconstitucional la norma 25.673, que contempla el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable con el cual las mujeres tendrían acceso a métodos de planificación familiar como los anticonceptivos en todo el país.
Mujeres por la Vida argumentó que el programa viola el derecho a la vida pues permite el acceso a «fármacos que deberían ser considerados abortivos».
El grupo de ultraderecha considera que se vulnera el derecho a la salud con la distribución masiva e indiscriminada de elementos dañinos para la salud para evitar algo que no es una enfermedad como el embarazo.
Dicha organización considera que la norma también vulnera la patria potestad pues la educación sexual es un asunto que compete a los padres de familia y no al Estado, lo cual está estipulado en la Reserva Argentina de la Convención de los Derechos del Niño, el cual refiere que «las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable».
Tras advertir que esta medida es una imposición del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Mujeres por la vida indicó que en los informes de esos organismos se incluye a la salud reproductiva como elemento fundamental de la estrategia de asistencia al país.
CALIFICAN COMO DISPENDIOSO EL GASTO
Por su parte el abogado Jorge Scala, indicó que los 80 millones de pesos que se habían destinado para la compra de anticonceptivos es un derroche de dinero que resulta cínico, sobre todo cuando hay niños muriendo por desnutrición y personas que no tienen acceso a medicamentos.
Todo ello, acompañado con «documentación científica» sobre los altos porcentajes de mujeres muertas a causa del uso de anticonceptivos como el dispositivo intrauterino (DIU) el cual a decir de estas organizaciones, «representa factores de riesgo pues puede fomentar condiciones que requieran cirugía o dejarla incapacitada para tener hijos o incluso causar la muerte».
Al respecto el grupo Católicas por el Derecho a Decidir, con sede en Córdoba, Argentina, emitió un comunicado en el que condena la suspensión de la Ley Nacional de Salud Reproductiva y Procreación Responsable.
La organización hace una severa crítica a las agrupaciones civiles que son promovidas por los sectores conservadores católicos, mismas que inciden en las decisiones políticas nacionales.
En un comunicado Católicas por el Derecho a Decidir informa que estas medidas se tomaron durante el Congreso internacional de Grupos Provida realizado en Brasilia a fines de 1999.
La Ley de Salud Reproductiva, continúa el comunicado, favorece la igualdad ante la ley de las mujeres pobres ya que obliga al Estado a proveer anticonceptivos en los hospitales públicos cuando las mujeres y las parejas los soliciten con la recomendación médica correspondiente.
La suspensión del Programa de Salud Reproductiva orilla a las mujeres pobres a recurrir al aborto clandestino, mismo que cada año cuesta la vida de 500 mujeres y que afecta a otras 15 mil por secuelas originadas por éste y con lo cual Argentina ocupa el primer lugar por muerte materna.
Católicas por el Derecho a Decidir se declara a favor del libre albedrío y la libertad de conciencia fuera de la opinión de la Iglesia Católica y el Estado y las organizaciones tipo Provida.
Por ello, hacen un llamado a todas las mujeres a derribar las barreras culturales, políticas y religiosas que impiden su acceso a información amplia y veraz sobre el uso de métodos anticonceptivos y a separar la iglesia del estado y erradicar la doble moral de la sociedad.
«Las creencias religiosas no pueden influir la labor pública ni los fallos de la justicia. Queremos que se escuche nuestra voz y otras voces dentro y fuera de la Iglesia, voces que no tengan la dureza de los sectores más conservadores, voces aprendidas al calor del compromiso y la inserción social», finaliza el documento.
LGL/MEL
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