Organizaciones de la sociedad civil acordaron con la próxima titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, integrarse en un Comité Técnico para la revisión del mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG).
En entrevista telefónica con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de Luz Estrada, dijo que uno de los acuerdos a los que llegaron las defensoras y la electa secretaria de Gobernación Sánchez Cordero, en la reunión que sostuvieron el fin de semana, es que el Observatorio forme parte del Comité Técnico de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Ello para comenzar una evaluación y seguimiento de las Alertas de Violencia de Género dijo Estrada, pues hasta ahora de las 15 que están activas en el territorio mexicano se desconoce el impacto que han tenido en la disminución de los casos de feminicidio y desapariciones.
De acuerdo con Estrada, en la reunión, las defensoras que integran el OCNF recordaron a la exministra Sánchez Cordero que el Estado mexicano tiene en puerta entregar en julio de 2020 al Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) un informe del impacto de la AVG.
Esta fue una petición que el Comité hizo al Estado mexicano en el informe final de recomendaciones que entregó el pasado julio, donde también solicitaron al gobierno, en la recomendación número 24, que se garantice la coordinación entre el nivel federal, estatal y municipal para el funcionamiento de las Alertas, y asegurarse que en los procesos del mecanismo participen organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos de las mujeres y mujeres víctimas de violencia.
EL RETO
Asegurar el funcionamiento de las AVG y generar un balance de su impacto en la diminución y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, es un reto que enfrentará la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador, consideró la coordinadora del OCNF.
Tan sólo en los últimos meses Zacatecas y Oaxaca se sumaron a los estados en declaratoria de Alerta de Género, otras de las entidades en alerta son el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Veracruz que acumuló dos alertas, una por feminicidio y otra por la obstrucción de las mujeres a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Es decir, 15 de las 32 entidades federativas están en Alerta de Violencia de Género, casi la mitad del país.
En los procesos de las AVG las agrupaciones de la sociedad civil se han visto orilladas a presionar a la Conavim –la instancia encargada del mecanismo- para que obligue a los gobiernos estatales a cumplir con el mecanismo de emergencia y salvaguardar la vida de las mujeres.
Por ejemplo, en el Estado de México una agrupación optó por presentar una segunda petición de Alerta de Género por considerar que la primera no tuvo resultados a tres años de que está activa.
Lo mismo ocurre en Puebla donde varias organizaciones volvieron a solicitar la AVG después de que la Segob determinó no activar el mecanismo a pesar de contar con elementos claros de violencia feminicida en el estado.
Las organizaciones civiles también se han valido de los amparos como una vía para que se activen las AVG. Por este medio se logró la emisión de la AVG en el Estado de México y Nuevo León y actualmente en el municipio de Cajeme, Sonora, se espera la resolución de juez sobre si se debe decretar la Alerta de Género en esta localidad.
En el círculo de las organizaciones peticionarias de las Alertas se ha discutido su funcionamiento, si deben tener alguna duración, sanciones a los funcionarios que incumplan con las recomendaciones, asegurar su participación activa para vigilar que se cumplan, incluso el Instituto Nacional de las Mujeres planteó el año pasado un reforma que reducía el proceso de la AVG de seis meses a dos y planteaba determinar un periodo para que se “levanten”, pero el proyecto hasta ahora no ha avanzado.
A pesar de estas peticiones y a tres años que se decretó la primera AVG en el país (el Estado de México en 2015) se desconoce si el instrumento ayudó a disminuir el feminicidio. El mismo Estado mexicano en su último informe que envió a CEDAW reconoció no contar con mecanismos para conocer el impacto de esta política pública de emergencia.
FORTALECER CONAVIM
La defensora Luz Estrada señaló a esta agencia que la conformación de un Comité Técnico dentro de la Conavim entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil ya es un paso para comenzar con la revisión de la AVG y generar estrategias para combatir el feminicidio y la desaparición de niñas y mujeres.
Lo anterior, consideró, no se podrá lograr sin el fortalecimiento de la Conavim a quien se le debe de dotar de poder político para convertirse en la rectora de la política en contra la violencia de género, una inquietud que también externaron a Sánchez Cordero en la reunión.
Otros de los acuerdos entre las integrantes del Observatorio y la secretaria de Gobernación es una posible reunión de las víctimas de feminicidio con el presidente electo López Obrador.
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