Desde hace 6 años el Congreso de la Unión debate la pertinencia de incluir el concepto de violencia política de género en las leyes electorales pero ni las amenazas ni los asesinatos de candidatas han logrado que el Senado y la Cámara de Diputados se convenzan de avalar una reforma en la materia.
Tan sólo en lo que va de la 64 Legislatura, que inició en septiembre pasado, se han presentado seis propuestas para incluir la violencia política en las leyes generales de Delitos Electorales, de Partidos Políticos, de Instituciones y Procedimientos Electorales o en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Hasta hoy se ha presentado una iniciativa de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Verde Ecologista de México (PVME), una del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una más del Partido del Trabajo (PT). Todas permanecen en un proceso de análisis.
Durante la anterior Legislatura, un estudio publicado en agosto de 2017 por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (hoy CELIG), dio cuenta que desde el año 2012 en el Senado se presentaron siete iniciativas y en la Cámara se propusieron cuatro entre 2015 y 2016.
PARIDAD IGUAL A VIOLENCIA
En opinión de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga, la participación política no se reduce a la militancia partidista o electoral por eso dijo en entrevista con Cimacnoticias, que aunque México es el cuarto país en el mundo en cuanto a paridad, las mujeres que deciden estar en el espacio público viven violencia.
En junio de 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de diciembre de 2017 hasta junio de 2018 se registraron 19 asesinatos de personas que aspiraban a un cargo de elección popular; de éstas, 13 fueron hombres y seis mujeres.
Durante el foro “Democracia con inclusión: Buenas prácticas hacia la igualdad sustantiva en América Latina” que realizaron organismos electorales este 7 de marzo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que el resultado del proceso electoral del año pasado fue exitoso porque llevó a más mujeres al poder.
Sin embargo, también reconoció que faltan pasos para lograr la igualdad sustantiva, por ejemplo la regulación y atención efectiva de la violencia política contra las mujeres a fin de tener claros los procesos de atención integral, adecuado seguimiento de los casos y efectiva prevención.
El consejero electoral dijo que para combatir la violencia política primero hay que definirla porque de lo contrario se corre el riesgo de “abaratarla”. Expuso que no todas las denuncias de las mujeres constituyen violencia política.
Para ilustrar, Córdova Vianello señaló que si una consejera no integre una comisión, eso no necesariamente es violencia; de allí que llamó a partir de una adecuada y precisa definición conceptual que ponga piso en este tema. “De otra manera vamos abaratar y desnaturalizar la violencia política”.
TERRENO PARLAMENTARIO
Ante el incremento de casos de violencia política contra las mujeres en el proceso electoral 2014-2015 y la falta de una normatividad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto con el INE y otras autoridades impulsaron la elaboración de un instrumento orientado a la atención de ese fenómeno.
El día 14 de marzo de 2016 se presentó el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres; el cual se actualizó en 2017.
Según este documento, la violencia política son acciones y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
No obstante, para autoridades que revisan las denuncias por violaciones a los derechos político-electorales es necesario tener una normativa, lo mismo señaló la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) que exigen una ley que identifique cuando un caso de violencia política se trata de un delito.
La primera iniciativa para llevar este concepto a la ley fue presentada en noviembre de 2012 por la senadora priista Lucero Saldaña Pérez. A pesar del apoyo de legisladoras de todos los partidos la reforma no se ha concretado; una primera iniciativa se aprobó en 2013 en el Senado pero no se ratificó en la Cámara de Diputados.
En 2017, a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por segunda vez el Senado aprobó una reforma en la materia. En esta ocasión las modificaciones se actualizaron con la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada en 2014. Esta propuesta tampoco fue ratificada en la Cámara baja.
Consultada por este proceso que ya lleva siete años, la ahora diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, afirmó que si bien en esta semana del 8 de marzo se han organizado foros para hablar sobre el tema espera que en esta Legislatura por fin se tenga un dictamen.
De acuerdo con la legisladora ya es hora de tener una mesa de trabajo y un dictamen porque aunque es necesario analizar el concepto desde una mirada técnica, esta discusión lleva años y al parecer para el Legislativo hay otros temas prioritarios como Guardia Nacional o precisión preventiva oficiosa.
En octubre de 2018 Lucero Saldaña volvió a presentar una iniciativa para tipificar la violencia política, ahora para adicionar el artículo 7 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En esta propuesta se pretende sancionar a quien ejerza violencia política contra las mujeres con una pena de 100 a 400 días de multa y prisión de tres a siete años.
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