La joven Paulina se anotó una victoria más de seis años después cuando se le negó el derecho a un aborto legal por violación, toda vez que el gobierno de Baja California admitió de manera pública tener responsabilidad por los hechos.
En entrevista telefónica, Silvia Resendiz, copeticionaria de la organización Alaide Foppa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el desplegado publicado el fin de semana por el gobierno estatal es una victoria y una satisfacción para Paulina.
Asimismo, es la palabra del gobierno encabezado hoy por Eugenio Elorduy Walther para que no vuelva a ocurrir una historia semejante, dado que el gobierno considera que el caso de esta joven ocurrió por falta de una normatividad clara.
Resendiz insistió en que el reconocimiento gubernamental es parte del cumplimiento de recomendaciones emitidas por la CIDH, pero no agota el caso, puesto que falta establecer la mencionada normatividad como política pública y realizar una investigación exhaustiva de la situación del aborto en la entidad.
Aún no hay fecha para la próxima audiencia sobre el caso ante la CIDH en Washington, a la que acudirán todas las organizaciones copeticionarias: Grupo de Mujeres Alaide Foppa, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el internacional Centro de Ley y Derechos Reproductivos (CRPL).
Cabe recordar que el caso de Paulina es emblemático para el continente americano por el cotidiano abuso de los gobiernos de la región frente a los derechos que las mujeres tienen sobre su sexualidad y su reproducción.
Cuando Paulina solicitó el aborto por una violación tumultuaria ocurrida en Mexicali, a sus 13 años en Mexicali, el ex procurador Juan Manuel Salazar Pimentel y autoridades de salud estatales abrieron el paso a Provida y a la jerarquía católica para presionarla hasta que rechazó el aborto al que tenía derecho.
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