El aborto otra vez en el centro del debate en Guanajuato

Interrupción Legal del Embarazo en México
    Posible reforma a leyes en la materia
El aborto otra vez en el centro del debate en Guanajuato
Por: Silvia Magally
cimac | México, DF.- 15/04/2003

Las autoridades del central estado de Guanajuato han convertido en letra muerta las leyes que permiten el aborto en casos de violación, lo que ha originado protestas, pero también nuevas iniciativas para obligarlas a cumplir con la ley.

Hace tres años, la fracción parlamentaria del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) aprobó la reforma al artículo 163 del Código Penal estatal, que pretendía eliminar la posibilidad del aborto legal en casos de violación.

La respuesta de todos los sectores de la sociedad fue inmediata, en especial de los grupos de mujeres, quienes se movilizaron tanto en Guanajuato como en el Distrito Federal para exigir al gobernador Ramón Martín Huerta el veto de tal iniciativa, considerada como un retroceso grave en la lucha de las mujeres.

En su momento, gobernadores de 10 estados de la República Mexicana condenaron la intención de penalizar a las mujeres violadas por interrumpir su embarazo, calificando la iniciativa como un "retroceso fatal".

Mientras, el presidente del Colegio Médico del estado, Silvestre Gutiérrez, señalaba que para lo único que serviría la ley antiaborto era para incrementar los legrados clandestinos al igual que las muertes maternas.

La entonces jefa del gobierno capitalino Rosario Robles, quien amplió las causales de aborto en el Distrito Federal en el año 2000, en la ya conocida como "Ley Robles", repudió la reforma al Código Penal de Guanajuato.

La propuesta panista obligó al Ejecutivo local a efectuar una encuesta para conocer la opinión de la sociedad guanajuatense. El sondeo reveló la inconformidad de la ciudadanía ante la posibilidad de encarcelar a las víctimas de violación.

Como resultado de la investigación y ante la presión ejercida por la sociedad civil, el gobernador vetó la ley que penalizaba a las mujeres que abortaban tras ser violadas y exhortó a las y los diputados locales a reconsiderar en el Código Penal "la dignidad de la mujer violada".

CASO SANDRA REABRE EL DEBATE

A tres años de distancia, el caso de Sandra, una mujer con retraso mental violada por su empleador y a la que se le negó el derecho al aborto legal, ha vuelto a poner en la mira la ley del aborto en Guanajuato.

La agente del Ministerio Público número tres, especializada en Delitos Sexuales, María del Rocío Mayo, negó a Sandra el cumplimiento de la orden judicial para interrumpir el embarazo, tras ser abusada sexualmente en noviembre pasado.

El caso, dio pie a una propuesta del procurador José Luis Valadéz para reformar el Código de Procedimientos Penales a fin de garantizar el aborto legal, aunque el texto, según integrantes de la organización civil Milenio Feminista, se apega a la visión tradicional y no incorpora nuevos instrumentos jurídicos de protección a las mujeres.

El documento del procurador titulado Tratamiento Jurídico Penal del Delito de Aborto, reconoce en principio que el aborto por violación no puede ser penalizado.

Pero también observa que las instituciones de salud pública en la entidad se niegan a realizar loa abortos no punibles, al igual que los médicos rechazan su práctica por la incertidumbre de su situación legal.

El procurador acepta las dificultades existentes para garantizar el aborto legal a las mujeres en la entidad, por lo que propone una normatividad que considere aspectos ginecológicos, jurídico-dogmáticos y procedimentales.

El texto deja claro que la actuación de la autoridad queda restringida a lo que establece la ley, al igual que la obligación de la procuraduría de hacer cumplir el marco legal y proteger los derechos de las víctimas.

En tanto, las organizaciones feministas de la entidad, darán a conocer --la próxima semana--, tanto a la Procuraduría como al Congreso local, una contrapuesta de reforma que incluya todos los instrumentos jurídicos existentes en beneficio de las mujeres y que garantice el aborto legal a las guanajuatenses.

2003/SM/MEL







       
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