A cinco años de que las autoridades del estado de Baja California impidieron a Paulina el acceso al aborto legal por violación, organizaciones no gubernamentales demandaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque «aún no existe una resolución judicial y el procedimiento administrativo y/o penal sigue pendiente».
Durante la presentación del cuaderno «Paulina cinco años después», que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Derechos Humanos, Marta Lamas, presidenta del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), y Liliana Sepúlveda, abogada del Programa Legal Internacional del Center For Reproductive Rights, coincidieron que la participación de la CIDH, contribuirá a la lucha en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La abogada Sepúlveda opinó que debe aprovecharse la presencia de los representantes de la CIDH en México, a fin de velar que las autoridades de nuestro país garanticen el acceso a un aborto legal a las víctimas de violación, y se eviten vacíos en sus procedimientos legales.
El caso Paulina, dijo, «es emblemático y refleja las violaciones de los derechos humanos de las mujeres; ejemplifica además los obstáculos a los que se enfrenta la población femenina para poder ejercer sus derechos fundamentales».
Recordó que en México las violaciones ocupan el séptimo lugar de delitos y destacó que en un año han sido sentenciados dos mil 736 personas por esta causa, siendo el estado de Baja California -lugar de residencia de Paulina-, el cuarto lugar de ataques sexuales a mujeres.
Es claro que la anticoncepción de emergencia es una herramienta fundamental para prevenir el embarazo no deseado, «pero no basta incorporarla a la norma oficial de servicios de planificación familiar, sino que se convierta en una realidad práctica y efectiva», anotó.
Por su parte, la presidenta de GIRE, Marta Lamas comentó que a cinco años del caso Paulina, el estado de Baja California no ha otorgado garantías a la población femenina para poder acceder a un aborto legal en caso de violación.
«Ni siquiera se ha dispuesto el uso de la entrega de píldoras de anticoncepción de emergencia o se ha dado una resolución judicial al caso, pues el procedimiento administrativo y/o penal sigue pendiente».
Es por ello que un pronunciamiento de la CIDH, «sería de mucha importancia para promover y defender los derechos de las mujeres», sobre todo cuando las autoridades de Baja California han hecho caso omiso a la recomendación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de Mexicali, misma que fue ratificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por su parte, el ex subprocurador de Derechos Humanos en Mexicali, Federico García Estrada, dijo que actualmente el futuro de Paulina y de su hijo Isaac es incierto, ante la falta de solidaridad tangible de las autoridades locales. «Están literalmente solos. Su infortunio se convirtió en una causa de los derechos reproductivos», expuso.
En este marco, pidió a la CNDH solicite la intervención del CIDH, sin embargo, el primer visitador general del organismo, Víctor Manuel Martínez, dejó claro que no es competencia de la Comisión demandar el apoyo de organismos internacionales.
Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, de 13 años de edad fue violada en Mexicali, Baja California por dos hombres que entraron a robar a casa, en julio de 1999.
Autoridades judiciales y de salud en Baja California impidieron que abortara anteponiendo sus creencias religiosas a las obligaciones legales de sus cargos.
A la fecha, ningún funcionario estatal ha sido sancionado por violentar los derechos humanos de la menor a quien obligaron a la maternidad y sólo uno de los dos violadores se encuentra en prisión.
2004/JG/GV
