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De abogado de víctima a defensor de feminicidas

Por Montserrat Antúnez Estrada
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La defensora Ligia Canto Lugo, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia estatal, una denuncia por la “comisión de hechos posiblemente delictuosos” en la que solicitó a la Policía Ministerial investigar a «quienes resulten responsables» por el nombramiento de David Araba Dorantes Cabrera, como abogado de los feminicidas de su hija, Emma Gabriela Molina, víctima de feminicidio en Yucatán.

En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos precisó que lo anterior obedece a que durante más de tres meses, Dorantes Cabrera la asesoró y tuvo acceso al expediente de su hija, por lo que conoce la estrategia legal que seguirá contra los inculpados.

El 23 de octubre, en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, acusados como homicidas de Emma Gabriela, presentaron oficialmente a Dorantes Cabrera como su abogado, quien durante la audiencia negó conocer el caso, explicó Ligia Canto.

Con esta demanda, cuya copia tiene esta agencia, buscan que las autoridades investiguen si el ex esposo de Emma Gabriela, quien está acusado de planear su feminicidio, Alberto Medina Sonda, tiene algo que ver con esta decisión.

“David Dorantes conoce las líneas de acción que vamos a seguir en contra de los culpables, eso nos pone en desventaja”, aseguró Ligia Canto quien insiste en que se investigue a Medina Sonda pues desde 2012, cuando Emma Gabriela tramitó su divorcio y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron violentadas por el empresario con intimidaciones y campañas de desprestigio.

Otro factor que abonó a las sospechas de la familia de Emma Gabriela fue que Jonathan Mézquita y Óscar López desistieron del acuerdo al que habían llegado con la Fiscalía de Yucatán y la defensa legal de Ligia Canto: reducir su condena de 40 a menos de 20 años si aportaban las pruebas que tienen y las cuales, afirmaron, relacionan a Medina Sonda y a su familia en el feminicidio. 

Aunque la familia de Emma Gabriela contactó y fue asesorada por Dorantes Cabrera no lo nombraron como abogado del caso porque “él siempre buscó pretextos para no presentarse a las audiencias”, recordó Ligia Canto, por lo que ahora esperan que la Fiscalía de Yucatán realice las investigaciones necesarias.

Actualmente se acusa a Medina Sonda de planear el feminicidio desde un penal el Tabasco -donde está recluido por usar recursos de procedencia ilícita; a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio; a Jonathan Mézquita y Óscar López se les culpa de homicidio y este mes se detuvo a un quinto hombre involucrado.

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos corroboró desde 2014, que Emma Gabriela vivía en una situación de riesgo – a través de la Recomendación 54/2014 dirigida a las autoridades de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco por la violencia institucional en  su contra – ella no recibió medidas de protección y el 27 de marzo de este año fue asesinada frente a su casa.

CEAV, OMISA

A la par de la búsqueda de justicia, desde abril, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que asesoraría jurídicamente a la familia de Emma Gabriela, además de brindarles atención médica y apoyo económico con el fin de reparar los daños que el crimen les causó, un derecho que estipula la Ley General de Víctimas. Sin embargo, la instancia “ha sido omisa” y “condiciona su apoyo”.

Esto lo denunció en entrevista con esta agencia la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien señaló que la CEAV se comprometió a compensar el dinero que Ligia Canto y su hija gastaron en viajes, abogados y comidas desde 2014, año en el que se acercaron a la dependencia para solicitar su acompañamiento.

Sin embargo, “piden comprobantes de todos esos gastos. Para la familia de Emma es casi imposible comprobar todo eso”, mencionó Salas Salazar.

A ello se suma que el costo del peritaje psicológico y antropológico que la CEAV elaborará para mostrar el estado emocional de la familia de Emma Gabriela como víctimas indirectas, se descontará del apoyo económico que la instancia otorga para el cuidado de las hijas e hijo de la defensora, del que se encarga Ligia Canto.

También se han enfrentado a la “omisión” de la instancia en el acompañamiento jurídico, dijo Adelaida Salas. La semana pasada los abogados de CEAV que acompañaban a Ligia Canto se retiraron oficialmente del caso y aunque, de acuerdo a su reglamento, la CEAV puede cesar el apoyo jurídico cuando las víctimas ya cuentan con abogados, desde abril no brindaron asesorías constantes a la familia de Emma Gabriela.

“Venían de entrada por salida a Yucatán los días que teníamos audiencia, no estudiaban la carpeta de investigación ni conversaban con la familia Molina Canto sobre el proceso legal, fue como si no hubieran estado”, denunció Adelaida Salas.

Mientras tanto la investigación por el feminicidio de Emma Gabriela sigue abierta y su familia está en espera de las fechas de audiencia para sentenciar a los cinco involucrados.

17/MMAE/LGL

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