Organizaciones sociales que trabajan en favor del respeto a la pluralidad, la diversidad y el derecho a decidir, manifestaron su preocupación ante el nombramiento de Carlos Abascal como secretario de Gobernación, por la posibilidad de que sus creencias personales interfieran con los programas de gobierno.
En un pronunciamiento que darán a conocer en los próximos días, las organizaciones consideraron alarmante que un funcionario que tiene a su cargo, entre otros temas, las políticas de población, se haya pronunciado públicamente a favor de que las mujeres privilegien la misión de madres y responsables del hogar.
«Nos preocupa porque le da la espalda a las exigencias de la sociedad comprometida con el respeto a las diferencias y con la construcción democrática. Carlos Abascal desconoce los cambios culturales y sociales que este país ha tenido», señalan las organizaciones.
El documento retoma algunas de las declaraciones públicas del funcionario como prueba de la distancia que existe entre la postura de Abascal y lo que piensa y elige la mayoría del pueblo mexicano, que, aseguran, está mostrando interés en discutir temas tan importantes como la lucha contra la homofobia, la despenalización de la eutanasia, las políticas de salud sexual y reproductiva.
Las organizaciones citan el contenido del mensaje preparado por Abascal en 2001, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en el que afirma que la mujer «ha de reconocer, amar y entregarse de lleno a la profesión de madre y corazón del hogar…ha de reconocer la superioridad de tal misión sobre cualquier otra».
Destacan también la referencia del funcionario a la «rebelión feminista» como «un ataque al fundamento de la sociedad civilizada, que tiene graves consecuencias en los niños, afecta las relaciones interpersonales, alienta el llamado amor libre, la homosexualidad, la prostitución, la promiscuidad, el aborto y, en fin, la destrucción de la familia».
«A las organizaciones de la sociedad civil nos preocupa enormemente que con estos antecedentes no se pueda garantizar el respeto al carácter laico del Estado mexicano, y que las creencias personales del funcionario puedan interferir en los programas de gobierno», advierten.
RETOS DE ABASCAL
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRO DH) y el Centro de Acción y Reflexión Laboral (CEREAL), expresaron también su preocupación por el nombramiento de Carlos Abascal, ante la responsabilidad que enfrenta el funcionario de escuchar voces críticas y posturas diferentes de la sociedad civil.
En un comunicado, las organizaciones señalan que uno de los principales retos del nuevo titular de la Segob es el de sumar esfuerzos para darle certeza al ciudadano sobre un proceso electoral limpio, transparente, austero y respetado, en las elecciones presidenciales de 2006.
No menos importantes, agregan, son los retos referidos a la paz social y la seguridad nacional: «como organismos de la sociedad civil queremos hacer hincapié, especialmente, en el desafío de que el Secretario Abascal Carranza sea constructor de una relación de diálogo respetuosa e incluyente entre el gobierno y la sociedad civil», demandan.
Advierten, sin embargo, que su desempeño como secretario del Trabajo se caracterizó por no ir a fondo en los grandes problemas de justicia laboral y sólo enfocado a la administración jerárquica de los conflictos laborales que acometió.
Reconocen que tuvo iniciativa en torno a los problemas de salario y empleo, pero con programas ineficientes y desarticulados de la política económica y social del régimen; orientado por una exclusividad y trato selectivo con los grandes dirigentes sindicales sin cuestionar o lesionar sus prácticas.
El funcionario, afirman, se caracterizó también » por la promoción parcial de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, desde intereses cupulares, sindicales o empresariales, a fin de consagrar legalmente la precarización del trabajo».
Aclaran que como parte del Poder Ejecutivo del país y responsable de la conducción de la política nacional, tendrá que asumir, entre otras demandas, la de velar por el cumplimiento de las observaciones que organismos internacionales le han hecho al gobierno mexicano tanto en materia de violencia contra las mujeres como en derechos económicos, sociales y culturales.
2005/LG/SJ
