Luego de cumplirse un año y tres meses de las amenazas de las que fue víctima la periodista y corresponsal en Zihuatanejo de el periódico El Sur, Brenda Escobar Sánchez, el día de ayer se llevaría a cabo la audiencia oral intermedia para la presentación de pruebas, pero se canceló debido a que la defensa de los imputados pidió una prórroga.
En entrevista con Cimacnoticias, el abogado de la periodista, Edgar Adil Bautista Muñoz explicó que los imputados solicitaron la prórroga, misma que fue concedida por el Juez por un plazo de 10 días, es decir, una «salida alterna para evitar que se imponga obligaciones, sanciones, sin embargo, el Código Penal no considera las amenazas como delito grave, lo que quiere decir que en este caso no amerita prisión”.
El abogado explicó que si durante este plazo los imputados no presentan pruebas, se reanudaría la etapa intermedia para seguir con el proceso y precisó que el delito del que fue víctima Escobar Sánchez implica que los acusados se someterán a las condiciones que fije el juez quien también deberá garantizar la seguridad de la víctima, la reparación del daño y su salud emocional.
Agregó que vigilará que no se viole ningún derecho de la periodista, no obstante, dijo, el Código Penal tiene derechos y garantías para los imputados y entre esas están las salidas alternas sin perder de vista los derechos de las víctimas para garantizar el acceso a la justicia que es importante en el nuevo sistema de justicia penal.
ACCEDER A LA JUSTICIA
El caso de Brenda Escobar Sánchez es el primero en el estado de Guerrero en el que se logra judicializar una carpeta de investigación para vincular a proceso a los agresores por el delito de amenazas a una periodista.
Brenda Escobar Sánchez fue amenazada por los familiares del presunto homicida de la doctora Adela Rivas Obé, el 1 de junio de 2017, mientras realizaba la cobertura del caso.
La periodista recordó que cuando denunció las lesiones y amenazas de las que fue víctima encontró una Fiscalía omisa a quien estos delitos no le resultaron “graves”.
En entrevista con Cimacnoticias, dijo que durante todo este tiempo ha aportado todas las pruebas y los elementos necesarios para judicializar la carpeta de investigación y presionar a la Fiscalía que se había negado a poner el caso ante un juez.
«Yo lo que pido solamente es justicia, y que quede este precedente para los compañeros en Guerrero, tenemos que luchar contra viento y marea, contra las autoridades que se supone que son las encargadas de procurarnos justicia, que son las encargadas de garantizarnos nuestro derecho a trabajar en un ambiente seguro», concluyó.
La Red de periodistas guerrerenses con Visión de Género, documentó de 2014 a 2017, 24 agresiones contra mujeres periodistas.
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