Con el objetivo de que las autoridades tengan más elementos para integrar una carpeta de investigación, el Senado analiza reformar la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para que se incluya si las víctimas tuvieron antecedentes de violencia de género.
La iniciativa, avalada por las Comisiones de Igualdad de Género y de Estudios Legislativos de la Cámara alta, señala que el registro que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe incluir, además de datos básicos como nombre, sexo, edad y nacionalidad de la víctima, si las mujeres tenían antecedentes de violencia.
La idea es mejorar la respuesta judicial como lo han recomendado informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a fin de prever garantías para que las víctimas puedan denunciar.
La propuesta, avalada en febrero del año pasado por la Cámara de Diputados, también busca responder al contexto de violencia y desaparición de mujeres y niñas pues, afirman integrantes de las Comisiones del Senado, mientras más elementos tenga la autoridad encargada de hacer la investigación, la búsqueda y localización se hará de manera más pronta y expedita.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el número de víctimas (reportadas por instancias locales) va en aumento año con año. En 2012, por ejemplo, había 3 mil 266 personas desaparecidas; en 2013 la cifra aumentó a 3 mil 646; en 2016 alcanzó 4 mil 703 y para el 31 de octubre de 2017 se registraron 4 mil 115 carpetas de investigación o averiguaciones previas por estos hechos.
Los datos del fuero local revelan que de 2007 a 2017 han desaparecido 24 mil 722 hombres y 8 mil 791 mujeres. En el mismo periodo pero a nivel federal, el registro indica que han desaparecido 970 hombres y 191 mujeres.
Por su parte organizaciones de la sociedad civil señalaron en noviembre de 2017 que con la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, norma que entró en vigor en enero pasado, el Estado mexicano tiene que elaborar registros fieles que permitan visibilizar la magnitud real del problema y actuar para erradicarlo.
Es de recordar que en diciembre de 2017 el Observatorio Nacional Ciudadano (OCN) manifestó su inconformidad con la metodología del Secretariado Ejecutivo porque en 2016 anunció que renovaría el registro y clasificación de incidencia delictiva para incluir delitos como feminicidio pero al cierre del año pasado no tenía esas estadísticas, las cuales se dieron a conocer en enero pasado.
El 20 de enero el Secretariado Ejecutivo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, informó que en tres años, de 2015 a 2017, se abrieron mil 640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México.
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