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Balance del presidente del empleo, precario para las trabajadoras

Por Carmen R. Ponce Meléndez*
derechoslaborales_CésarMartínezLópez

A reserva de ser acusada por plagio, en materia laboral para las trabajadoras habría que repetir el título del informe de Fundar. “Fue un mal año, no menos, como seis”. Se cumplieron con todos los requisitos de la precariedad y un poquito más:

Se destruyeron los empleos de mejores salarios -más de 5 salarios mínimos (SM)-crecieron los de los salarios más bajos (más de 1 hasta 2 SM); más empleos temporales; bajas  tasas de sindicalización; aumentó la subocupación: trabajadoras que necesitan más de un empleo porque con el ingreso de uno no se cubren sus necesidades.

Y creció sensiblemente la tasa de condiciones críticas de ocupación: en 2012 era de 8.5, 10.4(2018) y, 11.0 para el tercer trimestre del año.

(Ver gráfica )

La tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) la define Inegi como el porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que labora más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos. Es considerado uno de los indicadores más significativos de la precariedad de un mercado laboral, o de las trabajadoras.

En el segundo trimestre de 2012 había 884 mil trabajadoras en condiciones de TCCO, para el tercer trimestre de este año la cifra creció a 1 millón 254 mil. Implica un incremento de 41.8 por ciento, prácticamente se duplica el número de mujeres que necesitan trabajar más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al SM (88.36 pesos diarios),  y la que labora 48 horas semanales percibe un ingreso de dos SM.

PRECARIEDAD Y POBREZA INTERGENERACIONAL

La fabulosa herencia de un sexenio, “el sexenio del empleo precario”, o “el presidente del empleo precario”.

Los empleos de mayores salarios se han venido reduciendo. En el nivel de más cinco SM (alrededor de 13 mil pesos mensuales) para 2005 –antes de la recesión económica-, eran 901 mil  los puestos; sin embargo en 2018 únicamente son 570 mil trabajadoras, una caída de más  de la mitad, del orden del 58.0 por ciento.

En contraste, creció el número de mujeres con un ingreso laboral de un SM, al pasar de 1.1 a 1.9 millones. En síntesis, no hay una recuperación salarial o de condiciones de trabajo después de los retrocesos experimentados en la recesión de 2008.

Se estima que más de la cuarta parte de personas ocupadas trabajan jornadas de 12 horas cuando alcanzar una jornada de 8 horas fue una conquista sindical que literalmente costó “sangre, sudor y lágrimas”.

Pero este retroceso en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores no se reduce a los efectos nocivos de un sexenio fatal, también están estrechamente relacionados con 30 años de gobiernos neoliberales donde el tema laboral ocupó los primeros lugares en ese nuevo término llamado precariedad pero los últimos en prioridades de política-política o bien, en materia de política económica.

El resultado es que hoy existen 8 millones 536 mil 423 personas que contaron con un empleo, pero sus condiciones laborales fueron críticas; es decir, recibieron un salario bajo, incluso menor al salario mínimo ubicado en 88.36 pesos diarios y/o trabajaron jornadas superiores a las 40 horas.

Alfonso Bouzas, especialista laboral de la UNAM, sostiene que las empresas han incorporado en las últimas décadas esquemas laborales en los que hay disminución de horas de trabajo y ello trae como consecuencia una reducción de salario y de prestaciones “deteriorando la calidad del empleo, lo que se ha generado en este sexenio son plazas que carecen de toda estabilidad laboral”. (El Economista 17/11/18).

Sobra decir que para el próximo gobierno una prioridad indiscutible será una nueva política laboral, es una de las expectativas más importantes, pero también una demanda muy sentida de toda la población.

Además este nuevo modelo laboral está marcado por los “nuevos” tiempos externos. Es el contenido del apartado laboral del T-Mec (Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá). En el Anexo 23-A,  se establece que México debe aprobar las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral antes de 2019.

Luego de que el actual  presidente  promulgara la reforma constitucional al sistema de justicia laboral en febrero de 2017, la reforma a las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral está ahora en manos del nuevo Congreso.

Al respecto Nancy Pelosi, de la Cámara baja y líder Demócrata de Estados Unidos declaró:  

“Antes que el Capitolio pueda avanzar en la ratificación del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México debe aprobar la reforma a sus leyes secundarias sobre derecho laboral”, (Reforma, 12/11/18).

Se puede afirmar que el contenido de este apartado laboral en términos generales representa un avance para las trabajadoras del país. Implicará el fin de los contratos de protección y una protección al libre derecho a la sindicalización, entre otros aspectos.

 

*Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

18/CPM/LGL

 

 

 

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