La familia de Inés Fernández, indígena tlapaneca violada por soldados del ejército mexicano en la marginada región de la Montaña en Guerrero en marzo del 2002, continúa recibiendo hostigamiento y amenazas de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se informó hoy aquí.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, advirtió que las fuerzas castrenses apuestan al desgaste de las víctimas en este caso, como en los otros cinco que su organización ha tomado sobre violaciones sexuales a indígenas por militares.
Fortunato Prisciliano, esposo de Inés, agredida sexualmente por tres soldados en la cocina de su casa, fue visitado a mediados de abril pasado por funcionarios de la Sedena pidiéndole que dejaran el caso, actualmente en revisión por la justicia militar, señaló Barrera.
Igualmente, Amnistía Internacional lanzó una acción urgente por las intimidaciones sufridas por la pareja y otros habitantes de su pueblo, Barranca Tecuani, a donde entraron 22 miembros del 48 Batallón de Infantería del ejército mexicano el 16 de enero de 2003.
«Cuatro soldados armados fueron a la casa de Fortunato Prisciliano e Inés Fernández y, al parecer, durante más de media hora pidieron reiteradamente que Fortunato Prisciliano retirara la denuncia de violación. Él se negó a hacerlo.» Y el acoso continúo, informó Amnistía Internacional.
Agrega que desde que denunciaron la violación ante el Ministerio Público en marzo de 2002, Fortunato Prisciliano e Inés Fernández no han sido informados de ninguna acción emprendida por las autoridades. Los médicos que examinaron a Inés Fernández aún no han entregado su informe.
Abel Barrera explicó hoy durante una conferencia de prensa sobre Valentina Rosendo, violada 20 días antes que Inés Fernández presuntamente por el mismo batallón, que ningún caso de indígenas violadas por soldados ha alcanzado la justicia.
Tlachinollan había llevado dos casos similares en 1999 también en la región de la Montaña y otros dos más en la región de la Costa Chica, también en 1999. Las cuatro víctimas, pobres y habitantes de comunidades alejadas, renunciaron a seguir los casos.
Mientras, organizaciones internacionales esperan el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la justicia civil investigue la violación por soldados a tres hermanas tzeltales en 1994, en una zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellas abandonaron su comunidad y actualmente se ha perdido el contacto.
Al igual que las hermanas tzeltales, el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández ha dado la vuelta al mundo al ser retomado por las mayores organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como por otros grupos de la sociedad civil.
2003/MR/MEL
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