Las investigaciones sobre la muerte de la abogada defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, se trasladaron a la ciudad de Xalapa, Veracruz, luego de que las pesquisas realizadas en el sureño estado de Guerrero no dieron ningún resultado, informó hoy la fiscal especial Margarita Guerra y Tejada.
Aunque se negó a revelar más detalles sobre lo que busca en Xalapa, Guerra reveló que también está recabando recibos telefónicos, reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algunos peritajes y los análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista con cimacnoticias una semana después de llevar las diligencias finales en el estado de Guerrero, donde Ochoa defendió a grupos de campesinos opositores al ejército, gobierno o caciques locales, Margarita Guerra asegura que en ese estado no hallaron nada que dé un giro a la investigación.
Informó que durante las pesquisas ha recibido el apoyo expedito del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); de la Procuraduría de Justicia Militar y de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo obtener datos bancarios o telefónicos ha llevado más tiempo por ser trámites más burocráticos.
La diligencia en Guerrero, explicó con tranquilidad «fue normal. Faltaban algunas personas de declarar en Petatlán; ya rindieron su declaración internos del Centro de Readaptación Social en Acapulco a quienes se llamó a petición de la coadyuvancia. Pero la verdad es que no hubo ningún aporte sustancial», dijo.
Margarita Guerra, ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal anunció en marzo pasado que faltarían tres o cuatro meses para concluir la investigación sobre la abogada veracruzana, a quien la fiscal cuenta, no conoció personalmente, sino a través de los 38 tomos del expediente que aparecen anotados en una gran libreta sobre su escritorio.
Sin entrar en detalles sobre el encuentro con el perito de la CIDH Pedro Díaz—que visitó México nuevamente hace 15 días—la calificó como una visita tranquila y cordial, sin discrepancias en términos generales» en la que el experto criminalista se llevó material nuevo para analizar.
Margarita Guerra, quien contendió en el 2001 para ombudsman en el Distrito Federal con el apoyo de la izquierda, aseveró: «Espero que mi resultado se reciba como debe ser, como una averiguación apegada a la técnica.»
Lo anterior tomando en cuenta que rescató lo más que pudo, dijo, porque no tomó el caso desde el principio –Renato Sales la antecedió en la investigación sobre Ochoa, otrora abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. «No voy a decir más que lo que tenga un alto grado de irrefutabilidad. Si eso logro, yo estaré tranquila.»
Sobre su compromiso con la verdad, señaló que «No voy a manejar nada que no sea la verdad… Creo que la gente debe preocuparse si se queda con algún secreto, yo al contrario creo que a veces me abro demasiado», advirtió.
«Siempre he peleado por la justicia, porque las cosas se hagan bien» al aclarar que su agradecimiento al jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, a Miguel Granados Chapa, Rosario Ibarra y Magdalena Gómez, quienes la propusieron como fiscal, no modificarán su necesidad de una conciencia tranquila.
GUERRERO
Si bien las primeras declaraciones, incluso del procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, sostenían que Digna Ochoa había sido asesinada por defender a grupos campesinos en el estado de Guerrero, la línea del probable suicidio puso en jaque la aseveración respaldada en su momento por Naciones Unidas.
Otras líneas han barajado la posibilidad de un asesinato a manos de una pareja sentimental o un problema financiero en su despacho legal, Tierra y Libertad.
Lo cierto es que fuentes allegadas a la abogada veracruzana, exceptuando a su familia, apuestan cada vez menos a un asesinato a manos de la justicia militar.
Una versión más es la que el diario acapulqueño El Sur publicó presentando a sus lectores un testimonio anónimo, según el cual un tirador de la sierra –presuntamente Nicolás Martínez, inspector de la Policía Municipal y su sobrino Octavio Zárate—la asesinaron por instrucciones del exalcalde de Petatlán, Rogaciano Alba.
2003/MR/MEL
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