Inicio Acusan de motín a María de Jesús, vocera de enfermeras en Chiapas

Acusan de motín a María de Jesús, vocera de enfermeras en Chiapas

Por Hazel Zamora Mendieta
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María de Jesús Espinosa de los Santos, una de las cinco enfermeras chiapanecas del Hospital “Doctor Rafael Pascasio Gamboa” que mantuvo dos huelgas de hambre entre abril y mayo de 2017 en demanda medicinas, materiales y el cese de irregularidades administrativas en el sector salud local, fue denunciada por el delito de motín, acusación derivada de la protesta.

En 2017 el gobierno de Chiapas firmó un acuerdo con las enfermeras en huelga y se comprometió a atender sus demandas y no tener represalias en su contra por exigir sus derechos laborales pero el pasado 29 de diciembre la Fiscalía General de Chiapas giró una orden de aprehensión en contra de la vocera de las enfermeras, María de Jesús Espinosa, y tres integrantes más del sindicato del sector salud estatal, todos acusados del delito de motín en daño a la sociedad, conducta originada por las protestas que realizaron (causa penal 627/2017).

En consecuencia el pasado 9 de enero fue detenido en Tuxtla Gutiérrez, Límbano Domínguez Alegría, quien está recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate” en el municipio de Cintalapa.

Por su parte la enfermera María de Jesús Espinosa –actualmente reguardada por familiares y compañeras de lucha– fue llamada a comparecer al penal de “El Amate” el próximo 8 de febrero, informó en entrevista con Cimacnoticias Emma Escobar López, una de las enfermeras que también estuvo en huelga.

La enfermera anunció que el próximo 6 de febrero se trasladarán a la Ciudad de México y convocarán a un mitin frente de las instalaciones de la Secretaría de Salud, en demanda del cese a la persecución y criminalización en contra de Espinosa y la inmediata liberación de Límbano Domínguez.

En caso de no tener respuesta antes del 8 de febrero por parte de las autoridades –previo a la cita que tiene la vocera de las enfermeras para declarar– Emma Escobar señaló que las enfermeras comenzarán su tercera huelga de hambre.

HUELGA DE HAMBRE ANTE CORRUPCIÓN

La demanda de las enfermeras chiapanecas comenzó en 2011, cuando se percataron que sus aportaciones por prestaciones eran retenidas y comenzaron a demandar que se depositaran esos recursos a las instituciones de crédito correspondientes.  

En los años siguientes continuaron de manera irregular los depósitos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al Fondo para la Vivienda de los trabajadores del Estado (Fovissste), y otras empresas crediticias. A ello se sumó el desabasto de medicamentos y materiales al interior de los hospitales.

En enero de 2017 las enfermeras del Hospital Rafael Pascasio se movilizaron en búsqueda de que les fueran restituidos los pagos por prestaciones que habían hecho y exigieron que el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, cumpliera con el abastecimiento de insumos hospitalarios.

Su protesta coincidió con otras que emplazaron trabajadores del sector salud en diversos municipios de Chiapas. En represalia, fueron despedidos en febrero de 2017 dos trabajadores y el siguiente mes sumaron otros 14, la mayoría mujeres enfermeras.

Dos de las enfermeras despedidas se negaron aceptar su reinstalación a cambio de claudicar en la protesta, por lo que decidieron irse a huelga de hambre afuera del Hospital Rafael Pascasio el 3 de abril de 2017.

A ellas se sumaron tres enfermeras y después llegaron otras cinco. Sin importar las consecuencias a su salud como la deshidratación, desnutrición y taquicardia que comenzaron a padecer, se mantuvieron hasta el 13 de abril que lograron firmar una minuta con el gobierno.

Este se comprometió a abastecer de medicinas y equipo a los hospitales estatales, mejorar las condiciones de trabajo del personal médico y no comenzar con represalias. Sin embargo, las medidas no fueron cumplidas y las enfermeras reiniciaron la huelga el primero de mayo, esta vez duró 23 días.

A ocho meses de que iniciara el movimiento la enfermera Escobar López no solo denunció la persecución de su compañera María de Jesús, también acusó que siguen trabajando en las mismas condiciones precarias, sin material médico y materiales hospitalarios.

 “Lo que le decimos al gobierno de Manuel Velasco Coello, al Secretaria de Salud, Francisco Ortega Farrera y el secretaria del Sindicato de la Sección 50 de Trabajadores de Salud, Felipe Díaz Selvas, que aquí no vemos otra cosa más que represión en contra de las y los trabajadores, y el incumplimiento del abastecimiento a los hospitales, es represión también al pueblo”, dijo la enfermera.

CRIMINALIZACIÓN DE LAS ENFERMERAS

En entrevista con esta agencia la trabajadora de la Secretaria de Salud local, Moresta Ramírez Saldaña, y pilar fundamental en el cuidado de quienes que estuvieron en huelga de hambre, acusó que la persecución en contra de su compañera María de Jesús es un obstáculo por parte de las autoridades para que ella no alcance a encabezar el puesto de la Secretaría General de la Sección 50 de la Secretaria de Salud local.

Ante el liderazgo de Jesús Espinosa y la confianza que le tiene el personal de salud, este año buscaría dirigir la sección a la que pertenecen las enfermeras y con ello incidir para mejorar las condiciones laborales y los servicios a la población local por los que han luchado durante años.

“El gobierno del estado no le conviene que nosotras sigamos pidiendo los medicamentos y el cumplimiento de las minutas que firmaron, lo que a ellos les interesa es desviar nuestra atención, en vez de que sigamos exigiendo el cumplimiento con la sociedad y a nosotros como trabajadores”, sentenció Moresta Ramírez.

Ambas trabajadoras de salud y ahora defensoras se pronunciaron en conferencia de prensa en contra de la detención de María de Jesús Espinosa y reiteraron que no cesarán en la exigencia de sus derechos y el derecho a la salud de la población chiapaneca.

Por su parte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), quien está dando acompañamiento legal a las enfermeras, denunció en un comunicado que el acto de hostigamiento judicial en contra de las trabajadoras y trabajadores de salud es una violación a los Derechos Humanos contra quienes ejercen su derecho de libre expresión, movilización y reunión.

18/HZM

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