Busca GIRE justicia para indígena víctima de muerte materna

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   Inicia campaña “María Ligia, Yucatán la dejó morir”
Busca GIRE justicia para indígena víctima de muerte materna
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 25/11/2015

El gobierno del estado de Yucatán es responsable de la muerte materna (MM) de María Ligia, indígena maya de 41 años que falleció tras una serie de omisiones y deficiencias del sistema de salud local, en enero de 2014, así como de los cientos de decesos de mujeres por causas relacionadas con la maternidad que pudieron haberse evitado, dijo el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
 
Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización civil defensora de los derechos reproductivos de las mujeres inició la campaña “María Ligia, Yucatán la dejó morir”, para exigir justicia para esta indígena maya que dejó a cinco hijos huérfanos.
 
Mediante una plataforma en línea, GIRE busca visibilizar que la MM es una de las expresiones más graves y violentas contra las mujeres, y busca sumar a la ciudadanía a la exigencia al gobierno de Yucatán para que cumpla su responsabilidad por el deceso de María Ligia, y repare de manera integral las violaciones a sus Derechos Humanos (DH).
 
Ligia vivía en Chacsinkín, municipio al surponiente de Mérida (la capital yucateca). De acuerdo con el relato de la organización, ella trabajaba en casa y estaba al cuidado de sus cinco hijos; era apoyada por su madre “doña Margarita”, mientras que Eutiquio, el padre de sus hijos, trabajaba en Cancún, en el vecino estado de Quintana Roo, casi toda la semana.
 
En Chacsinkín hay dos casas de salud para atender a poco más de 2 mil 800 habitantes. María acudía a una de ellas con regularidad, pero la última vez que fue a solicitar algún método anticonceptivo, se lo negaron y le advirtieron que si se quejaba podían afectarla en su acceso a los programas sociales con los que se ayudaba para mantener a sus hijos.
 
La negación en el acceso a anticonceptivos derivó en que su último embarazo, gemelar, no fuera planeado, a lo que se sumó que no se le ofreció la posibilidad de interrumpir la gestación al representar un riesgo para su salud.
 
La noche del 25 de enero de 2014, María Ligia empezó a sentir fuertes dolores en el vientre. Cursaba la semana 21 de su embarazo y su madre decidió llevarla al Hospital Comunitario de Peto, dependiente de la Secretaría de Salud de Yucatán, a casi media hora de distancia de su casa.
 
Tras revisarla, los médicos dijeron a doña Margarita que su hija sería sometida a una cesárea para salvarle la vida, pues había amenaza de aborto.
 
Su esposo pudo conversar con ella y dieron el consentimiento para extraer a los productos y salvar la vida de María. Al día siguiente, su esposo fue notificado por una enfermera de que la cesárea ya no se realizaría porque María se encontraba estable, por lo que él regresó a trabajar a Cancún.
 
Sin embargo, cuando doña Margarita llegó a visitar a su hija le informaron que el estado de María Ligia se había complicado de nuevo. Tenía septicemia y anemia, y necesitaba sangre, pero no tenían en su banco.
 
Había que trasladarla al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, pero tampoco había ambulancia, así que su madre tuvo que conseguir el auto de traslados que el municipio usa para esos casos.
 
En el colmo, ante la carencia de una camilla la mujer tuvo que viajar en el regazo de su madre, y recorrer así los 139 kilómetros de distancia hacia la capital yucateca.
 
Tras su ingreso al hospital, la información que recibió la familia sobre los procedimientos realizados a María y sus productos fue “confusa”, pues no se tuvo claridad de lo que ocurrió. Según el parte médico, la mujer falleció a las 21:30 horas del lunes 27 de enero de 2014.
 
Desde el fallecimiento de María, su familia no ha recibido los apoyos económicos de programas sociales como Prospera, toda vez que ella era la encargada de los trámites.
 
GIRE sostuvo que el deceso “fue producto de un entramado de omisiones y deficiencias del sistema de salud, combinado con la discriminación que sufren las mujeres indígenas”.

Por ello, la agrupación –junto con la Red de Abogadas por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4°)– acompaña y representa legalmente a la familia, y elaboró una propuesta de indemnización que se envió al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata.
 
Asimismo, GIRE da seguimiento a una queja iniciada de oficio ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos como representante de las víctimas. El 17 de junio de 2014, la CNDH emitió finalmente una recomendación sobre el caso, a la que el organismo no ha dado seguimiento, aseguraron las organizaciones. 
 
A pesar de que las autoridades yucatecas aceptaron en su totalidad la recomendación, el gobierno estatal, en particular la Secretaría de Salud, no ha dado muestras de voluntad política para darle cumplimiento.
 
Ante tal situación, GIRE presentó ayer un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que se reconozca la responsabilidad del Estado en el caso.

Yucatán es una de las entidades con mayor Razón de Muerte Materna (50.8 por cada 100 mil nacidos vivos), mientras que la media nacional es de 38.2. Después de la muerte de María Ligia, ha fallecido cada mes al menos una mujer en ese estado por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio.

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