En Michoacán violento cierre de radios comunitarias: Amarc

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Pueblos indígenas tienen derecho a operar sus medios
En Michoacán violento cierre de radios comunitarias: Amarc
Por: Redaccion
CIMAC | México, DF.- 04/02/2009

Ante el cierre violento de dos emisoras comunitarias purépechas en Michoacán, ocurridos durante enero, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (Amarc) condenó el uso excesivo de violencia por parte de las autoridades en contra de comunidades indígenas que quieren ejercer su derecho a comunicar, pero que el Estado mexicano se niega a reconocerles.

Uno de los cierres ocurrió el 29 de enero, cuando un centenar de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se presentaron a la comunidad de indígena purépecha de Ocumicho, municipio de Charapan Michoacán, para cerrar la emisora comunitaria Uékakua.

El otro fue el pasado 24 de enero, cuando personal de la AFI y SCT confiscaron el equipo de transmisión de la emisora comunitaria Eiámpiti, en la comunidad purépecha de Nuevo San Juan Parangaricutiro.

La política represiva de cierres de emisoras comunitarias, que aún no cuentan con su permiso de operación no es la solución, dice Amarc en un comunicado.

Hasta el momento, dice el texto, no se ha implementado una normativa que haga efectivo el Artículo 2º constitucional que otorga derecho a las comunidades indígenas para operar sus propios medios de comunicación, aún cuando dichas comunidades han hecho sus peticiones de permiso para estar dentro de la legalidad, la respuesta de las autoridades son largos procesos burocráticos o el silencio.

La verdadera solución consiste en hacer una reforma legislativa y una política pública del Ejecutivo, que garantice la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana en los medios de comunicación de acuerdo a los estándares internacionales emitidos al respecto por la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cabe remarcar, agrega, que el reconocimiento y fortalecimiento de la radiodifusión comunitaria se encuentra en el reciente Plan Nacional de Derechos Humanos del gobierno federal.

UÉKAKUA

En el caso del cierre de la emisora Uékakua, ocurrido el pasado 29 de enero, a las 13:30 horas aproximadamente, 100 personas, entre personal de la AFI y SCT, se presentaron a la comunidad de indígena purépecha de Ocumicho, municipio de Charapan Michoacán, para cerrar la emisora comunitaria.

Amagaron a dos mujeres jóvenes para que se dejara de hacer la transmisión y se enterara la comunidad, de acuerdo con testimonios de integrantes de la radio. A una de ellas se le tapó la boca para que no pudiera avisar a los radioescuchas sobre el cierre, además las autoridades se negaron a presentar los escritos para el cierre de la radio.

La emisora, que transmitía con una potencia de 5 watts en la frecuencia del 104.5 de FM, transmitía en purépecha para una comunidad que tiene uno de los índices más altos de pobreza en el estado. Desde el 2003 hizo gestiones para obtener permiso de operación cuando fungía como gobernador Lázaro Cárdenas Battel, quien turnó la petición a la delegación estatal de la SCT sin que obtuvieran una respuesta concreta.

EIAMPITI

En el caso de la radio Eiámpiti, el pasado 24 de enero, aproximadamente a las 16:00 horas, personal de la AFI y de la SCT se presentaron en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento donde estaba en la emisora comunitaria, en la comunidad indígena purépecha de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, confiscando el equipo de transmisión, cuando en ese momento la radio no estaba transmitiendo.

Esta emisora inició sus gestiones en el 2002 ante la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para que les apoyaran para la obtención de su permiso de operación, sin embargo, la respuesta de esta dependencia fue proponerles que ellos tuvieran en comodato la radio y la CDI ser la titular del permiso, propuesta que no que aceptada por la comunidad, pues no querían la tutela de una instancia del gobierno, sino ejercer plenamente su derecho como lo marca la constitución.

FUERZA DESMEDIDA

En el caso de Ocumicho, dice Amarc, se desplegó una fuerza desmedida de instancias del Estado en contra de una emisora de 5 watts de potencia, lo cual establece una tendencia del actual gobierno a criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de aquellas comunidades más empobrecidas y excluidas del país.

Esa fuerza policíaca, dice la organización, debiera estar encaminada a combatir el crimen organizado y no a amedrentar a las comunidades indígenas que a pesar de todos sus esfuerzos y demandas para que se cumplan sus derechos, el Estado mexicano, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo, se niegan a atender.

El Estado mexicano, en lugar de cumplir la gran cantidad de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos para el reconocimiento de los medios comunitarios, lo que ha hecho es privilegiar a quienes ya cuentan con medios de comunicación, mientras a las comunidades más vulnerables del país no sólo les deja en el olvido, sino que además se les persigue.

09/GG