Atenco: confirman en SCJN graves violaciones a DH de las mujeres

Caso Mujeres de Atenco
   A la libertad sexual y a la no discriminación de género
Atenco: confirman en SCJN graves violaciones a DH de las mujeres
Por: Redaccion
CIMAC | México, DF a.- 04/02/2009

El dictamen elaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y publicado hoy en la página de Internet de dicha institución sobre los operativos policíacos en Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, confirma graves violaciones a derechos humanos, como tortura y violación sexual cometidos por policías de los tres órdenes de gobierno contra mujeres y contra pobladores de la localidad.

Entre estas violaciones están el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, el derecho al trato digno de las y los detenidos y el derecho a la justicia.

El dictamen contiene el punto de vista del ministro dictaminador José de Jesús Gudiño Pelayo sobre esos hechos, pero podría contribuir para que durante el análisis del caso, que iniciará la Corte a partir del 9 de febrero, se den avances para revertir la impunidad, señaló el Centro en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha dado acompañamiento a algunas de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual.

No obstante, señala el Prodh, es necesario que las autoridades competentes consignen a la totalidad de los responsables de las graves violaciones señaladas.

De acuerdo con los términos del mandato que dio el Tribunal Pleno a la Comisión Investigadora de los hechos, conformada para ejercer la facultad de investigación prevista en el Artículo 97 de la Constitución Federal, la investigación responde a un doble objetivo: el primero, investigar "¿por qué se dieron esas violaciones?, ¿alguien las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?".

El segundo, establecer criterios sobre el uso de la fuerza pública y procurar la identificación del "cargo y nombre de las personas que hubieren participado en tales hechos, calificados como violaciones graves de garantías individuales".

En el dictamen del ministro Gudiño Pelayo son retomadas las conclusiones entregadas al Pleno en marzo de 2008, en las que se establece que existen datos que permiten establecer que elementos y mandos policiales torturaron física y moralmente a las personas detenidas, incumpliendo con los principios que deben regir el uso de la fuerza pública. Con motivo de tales abusos en los hechos hubo violaciones graves de garantías.

Se señala también que con las violaciones de garantías individuales consideradas graves están relacionados diversos servidores públicos que ejecutaron funciones operativas y de mando.

Entre los servidores públicos relacionados con los hechos, cuyos actos u omisiones habrían configurado las violaciones apuntadas, el documento identifica a Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes García, Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo, funcionarios de diversas dependencias del Estado de México, del Instituto Nacional de Migración, del Gobierno municipal de Texcoco y elementos de corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno.

A partir de los elementos revisados, en el documento se concluye que los hechos resultan violatorios del derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, el derecho al trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia.

Para el Centro Prodh, las graves violaciones resaltan las deficiencias que en materia de seguridad pública y policía propician condiciones de vulnerabilidad de las ciudadanas y ciudadanos.

Las violaciones son también graves porque dan cuenta de un estado de injusticia "que es altamente nocivo para el respeto a los derechos humanos".

Aun cuando el dictamen se limita a los términos de su mandato y se trata de una vía no vinculante, sus planteamientos reiteran las denuncias efectuadas por diversas organizaciones de derechos humanos, dice el Centro Prodh.

PRINCIPALES DENUNCIAS

De estas denuncias, resaltan, dice el comunicado, que lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del Estado.

La afectación grave a los derechos humanos de las mujeres quienes fueron además torturadas y violentadas en su libertad sexual. Lo que ha sido demostrado durante el proceso de acompañamiento que el Centro Prodh ha dado a un grupo de mujeres denunciantes de actos de tortura sexual.


La falta de una investigación real y efectiva que conduzca a sancionar a todos los responsables de los abusos cometidos durante los hechos. Una situación que ha acontecido tanto en las instancias del gobierno del Estado de México, como del gobierno federal.


La falta de límites en la actuación del Estado, cuyo poder es ejercido irresponsable y arbitrariamente por la policía, inhibe la expresión de la protesta, legítima y necesaria.

Dicha situación ha sido reforzada por el rigor y desproporcionalidad en las sentencias dadas a los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recluidos en el penal del Altiplano y en el penal Molino de Flores, entre quienes se encuentra Ignacio del Valle.

A partir de estos elementos, el Centro Prodh considera que el pleno de la SCJN tiene la oportunidad de contribuir a un avance sustantivo para combatir la impunidad que ha prevalecido en el caso Atenco.

Sin embargo, como ha quedado demostrado en múltiples casos paradigmáticos de violaciones a derechos humanos en México, no habrá justicia verdadera para las víctimas mientras el caso no adquiera la prioridad que el tema debe tener en un Estado democrático de derecho.

Las instancias nacionales, sin excepción, han demostrado su inefectividad para las víctimas que demandan justicia integral, dice el comunicado.

No obstante, señala, "consideramos que una señal de que esta situación puede revertirse tendría que comenzar con la actuación de las autoridades ministeriales competentes para consignar a los responsables de las agresiones de tortura sexual denunciadas en múltiples ocasiones por las mujeres a quienes este Centro ha acompañado".

09/YR/GG