El Estado, en deuda con las mujeres violentadas en Atenco

Caso Mujeres de Atenco
   Vanesa Coria Castilla, representante de Cejil
El Estado, en deuda con las mujeres violentadas en Atenco
Por: Gladis Torres Ruiz
CIMAC | México DF.- 12/02/2009

A pesar de que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a las autoridades que ordenaron el violento operativo policíaco en Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, el hecho de que se haya señalado que existieron violaciones graves a las garantías individuales, como tortura y violación sexual contra mujeres, abre una brecha para erradicar la impunidad.

Así lo señaló a Cimacnoticias Vanesa Coria Castilla, representante para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) --organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos y ante Naciones Unidas-- quien explicó que "en Cejil hemos llevado ante la justicia internacional, es decir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los casos de 11 de las 31 mujeres violadas por policías durante los operativos policíacos de Atenco.

Con los señalamientos hechos por la SCJN, consideró Coria, ya hay una responsabilidad clara de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos. "Es contundente la afirmación de violaciones graves de garantías individuales".

El dictamen de la SCJN permite que estos casos sean tomados en cuenta por las autoridades responsables para que se erradique la impunidad y el Estado deba reparar el daño ocasionado por la grave violación de derechos humanos y realizar una investigación sería, precisó Vanesa Coria Castilla.

La reparación del daño puede girar en varios sentidos: en garantizar la no repetición de los hechos, el reconocimiento público de responsabilidad, pedir perdón, reformas legislativas, (si son necesarias), indemnización económica, entre otras, como establecer parámetros o protocolos de límite del uso de la fuerza de parte de las policías, establecer un protocolo y señalar hasta dónde llega el límite y la actuación de las mismas en el caso de manifestaciones públicas.

"La medida de la SCJN no es más que una medida política, ya que no tiene como propósito sancionar y enjuiciar. No se trata de una determinación que resulte vinculante para ninguna institución, cada órgano puede asumir de acuerdo a sus propias consecuencias y posibilidades, por lo que el Estado está en deuda con las mujeres", subrayó la representante para México de Cejil.

Ahora el Estado no pude argumentar que no se violaron derechos y es su deber "esclarecer enjuiciar y sancionar a los responsables", entre ello Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y Eduardo Medina Mora, quien era entonces secretario de Seguridad Pública federal.

"Para nosotros, dijo Coria, que se haya formado una comisión de investigación es un avance sustancial, porque este mecanismo nos permite establecer que las autoridades de alto nivel buscan la verdad histórica de los hechos".

No se señaló con nombre y apellido a los responsables directos, explicó Coria, pero claramente se señala que existieron violaciones a los derechos de las mujeres en diversas formas, lo cual deja en evidencia la fatal estructura del sistema, ya que el "Caso Atenco" es paradigmático, pues muestra cómo se utiliza el poder para reprimir movimientos sociales, como sucedió también en Oaxaca, puntualizó Coria Castilla.

LA DISCUSIÓN DE LA SCJN

Los primeros dos días de discusión en la SCJN sobre el Caso Atenco se centraron en si se cometieron violaciones graves a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, llegando la mayoría de los ministros, salvo Sergio Salvador Aguirre Anguiano, al resolutivo de que en aquel municipio los cuerpos policíacos abusaron y cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Durante la tercera sesión en esta semana, la SCJN mencionó a 10 altos funcionarios que ordenaron, planearon y supervisaron los operativos policíacos. Entre ellos se encuentran el secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; Wilfrido Robledo, ex director de la Agencia de Seguridad del Estado de México, y el ex delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la entidad, Ramón Pequeño.

Sin embargo, tal como se había previsto ayer, en la sesión de este jueves ministras y ministros exoneraron al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, por la violación grave de garantías individuales, tales como tortura y violación sexual, durante el operativo policíaco ocurrido en mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

Con tres votos en contra, las y los ministros deslindaron de responsabilidad por la represión policíaca a las autoridades federales y estatales reunidas el 3 de mayo, pese a que éstas autorizaron el operativo y también liberaron de responsabilidad a los altos mandos policíacos que planearon el operativo, es decir Wilfrido Robledo Madrid y Ardelio Vargas Fosado, quien fungía como coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo.

Por tanto, la atribución de responsabilidades por las violaciones de derechos humanos recaerá exclusivamente en los policías que cometieron los abusos y, en su caso, en los mandos inmediatos que lo permitieron.

El ministro José Ramón Cossío consideró pertinente recomendar una ampliación de la indagatoria para conocer con precisión qué fue lo que se determinó en la reunión del 3 de mayo y solo así deslindar responsabilidades

JUSTICIA, DEMANDA UNIVERSAL

A tres años de los hechos, varios los organismos internacionales que se han pronunciado para que reciban castigo quienes ejercieron la tortura sexual contra las 26 mujeres detenidas en el operativo y para que se repare el daño a las víctimas.

Cinco meses después de ocurridos los operativos de 2006, el Comité Contra la Tortura (CAT) reconoció que durante éstos sí existió la tortura y señaló al Estado mexicano como responsable de ejercerla, por lo que consideró que era su "obligación" reparar el daño en todos los niveles de las víctimas y sus familias.

Los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), realizados en junio de 2006, señalaron contundentemente la existencia de tortura durante los operativos, al tiempo que hicieron una serie de recomendaciones.

El Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Amnistía Internacional (AI), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales de derechos humanos han pedido al Estado mexicano castigo a los responsables y justicia para las mujeres.

Las expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al Gobierno mexicano otorgar a la Fiscalía Especializada para Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevim) la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos de Atenco.

A dos años de los hechos, de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por los cuerpos policíacos, comandados por el ahora Procurador General de la República, 14 decidieron denunciar ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim).

De éstas, tres desistieron del proceso y hoy, a casi tres años de los hechos, 11 mujeres continúan en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables, ahora a través de la vía internacional.

09/GT/GG